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Bogotá, 31 may (Sputnik).- La respuesta del Gobierno de Colombia a las movilizaciones en el marco del paro nacional ha sido militarizar la protesta social y darle un tratamiento de guerra; el viernes en Cali (suroeste) se vivió uno de los días más críticos en cuanto a violencia por parte de la fuerza pública, dijo a Sputnik el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
«El día 28 vivimos uno de los días más críticos en Cali (…) fue uno de los peores días donde se ha intensificado la violencia por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes, y esto ha aunado a que la respuesta por parte del Gobierno haya sido continuar militarizando la vida diaria de la movilización social y darle un tratamiento de guerra a la protesta social», denunció Lanz.
El viernes, el presidente de Colombia, Iván Duque, dispuso el «máximo despliegue de asistencia militar a la policía» para la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca (suroeste) debido a las manifestaciones al cumplirse un mes del paro nacional contra el Gobierno.
En ese marco, la ONG que lleva un registro de las denuncias de violencia policial ha documentado entre 13 y 14 homicidios el fin de semana solo en Cali, y en total ya son 45 en esa zona desde el inicio de las movilizaciones.
«El saldo que tenemos en Cali confirmados y verificados por la organización son 20 homicidios cometidos por la fuerza pública y otros 25 homicidios, incluyendo los del (viernes) 28 (13/14), que están en proceso de verificación para determinar el presunto actor agresor; tenemos 45 homicidios en total en todo Cali» desde el inicio de las protestas, precisó Lanz.
Desde Temblores y otras organizaciones sociales insisten al Gobierno que permita el ingreso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como que suspenda las amas de fuego en el marco de las protestas y restrinja el uso de armas de aparente «letalidad reducida» con las que, por mal uso o intención, se ha asesinado o mutilado manifestantes.
«En general es un llamado a que se respete y se diferencie la protesta social de los actos vandálicos, porque mientras el Estado colombiano no diferencie lo que es la protesta pacífica de lo que es un acto ilegal justificado en el código penal y dé el mismo tratamiento discursivo y material en las calles a ambas eso es lo que está generando tanta violencia y que no se respete el artículo 37 de la Constitución política», dijo Lanz.
El artículo 37 hace referencia al derecho a la protesta pacífica, algo que para las organizaciones sociales no se está respetando en Colombia.
Las organizaciones sociales también denuncian, además de la violencia policial, la existencia de civiles armados que actúan en connivencia con la fuerza pública en contra de los manifestantes.
Para Lanz, la respuesta del Gobierno a las manifestaciones demuestra que cada vez hay menos posibilidades de diálogo de su parte.
Los últimos datos de Temblores publicados el viernes señalan que en el primer mes de paro nacional se han registrado 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, y otros 28 que están «en proceso de verificación de circunstancias de tiempo, modo, lugar, contexto social y presunto agresor».
Además, se registran al menos 47 manifestantes con lesiones oculares y 22 víctimas de violencia sexual, así como 1.445 detenciones arbitrarias.
Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lanzaron recientemente la plataforma BIDA (Búsqueda de identidades desaparecidas) con el que pretenden, por un lado, consolidar la cifra de desapariciones en el marco de la protesta social, y, por el otro, documentar lo que está sucediendo en los traslados cuando la gente está bajo la custodia de la policía en los camiones, en las patrullas y en los centros de detención, explicó Lanz. (Sputnik)
