Como si se tratase de un premio a los escándalos de espionaje contra millones de estadounidenses y ciudadanos de diversos países, la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos (FISC) ha promulgado estipulaciones de ley que permiten a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ampliar su sistema de espionaje.
Según The New York Times, ahora la NSA tiene el poder de almacenar grandes bases de datos de los estadounidenses en su seguimiento no sólo a los sospechosos de terrorismo, sino también a posibles involucrados en la proliferación nuclear, espionaje y ataques cibernéticos, aseguraron funcionarios.
Los poderes se otorgan con más de 12 resoluciones secretas escritas en 100 páginas, con lo cual la FISC tiene facultades mucho más amplias mediante la evaluación regular de cuestiones constitucionales, estableciendo importantes precedentes judiciales y prácticamente sin un control público, según revelan funcionarios y exfuncionarios familiarizados con las decisiones secretas de la corte.
Antes la FISC aprobaba, caso por caso, las órdenes de interceptaciones telefónicas, pero ahora es una Corte Suprema paralela que actúa como árbitro final en cuestiones de vigilancia y en los dictámenes en las probables prácticas de inteligencia durante años, aseguran los funcionarios.
«Hemos visto un creciente número de leyes en la corte», dijo un exfuncionario de inteligencia. «Lo que tenemos es una ley común que se desarrolla cuando el tribunal emite órdenes que implican ciertos tipos de vigilancia, determinados tipos de objetivos», agregó.
Con las nuevas normas, los jueces ampliaron en casos de terrorismo el uso de un principio jurídico conocido como la doctrina de «necesidades especiales», formulando una excepción al requisito de la Cuarta Enmienda de una orden de allanamientos y decomisos, indican los funcionarios.
La doctrina de «necesidades especiales» la estableció en 1989 la Corte Suprema en un fallo que permite el análisis de drogas de los trabajadores ferroviarios, asegurando que una mínima intrusión en la privacidad justifica la necesidad del Gobierno para combatir un peligro público mayor. Aplicando este concepto en términos más generales, los jueces dictaminaron que la recolección y análisis de datos de las comunicaciones de los estadounidenses por la NSA para rastrear posibles ataques terroristas no van en contra de la Cuarta Enmienda, según publica The New York Times.
