La Policía Federal de Brasil lanzó este martes la fase final de una operación para desarticular una red especializada en el tráfico internacional de armas desde EE. UU. a Brasil.
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«Las investigaciones, que ya llevan cerca de dos años, desvelaron la existencia de un grupo responsable por la adquisición de armas de fuego, piezas, accesorios y municiones en EE. UU., y su posterior envío a Brasil», informó la corporación en un comunicado.
El armamento llegaba a Brasil a través de contenedores por vía marítima o por correo postal vía aérea a los estados de São Paulo (sureste), Amazonas (norte) y Santa Catarina (sur) y tenían como destino final una casa en el barrio de Vila Isabel en la ciudad de Río de Janeiro (sureste).
Según la policía, la mayoría de las veces el material se ocultaba dentro de equipamientos como máquinas de soldar o impresoras, junto con teléfonos, ropas, calzado, etc.
Una vez en la casa de Río de Janeiro, los integrantes del grupo montaban las armas con la ayuda de impresoras 3D (Ghost Gunner) y posteriormente las distribuían «a narcotraficantes, milicianos y asesinos de alquiler», según la policía.
El dinero para la compra del armamento era enviado desde Brasil a EE. UU. a través de cambistas; un brasileño residente en Boston y dueño de un restaurante, por ejemplo, recibía parte del dinero y lo repartía a los proveedores de armas de EE. UU.
Lo que el grupo recaudaba con el tráfico de armas se invertía en inmuebles residenciales, criptomonedas, acciones, coches y barcos de lujo.
A lo largo de la investigación se confiscaron «miles de armas, piezas, accesorios, municiones de diversos calibres, tanto en Brasil como en EE. UU.», aunque la policía no detalló un número.
Este martes, cerca de 50 policías, tanto brasileños como estadounidenses, cumplen siete mandatos de prisión preventiva y cinco de búsqueda y aprehensión.
Según la prensa local, entre los señalados en la operación está el expolicía Ronnie Lessa, preso desde hace dos años por haber sido uno de los asesinos de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco.
La operación policial, llamada «Florida Heat», también incluye el embargo de bienes por valor de diez millones de reales (1,9 millones de dólares).
Con información de Sputnik
