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El campo español teme por su supervivencia y pide que los precios cubran los costes de producción. Los agricultores siguen con sus protestas, este viernes salen en Tarragona, Murcia, Mérida y Guadalajara
Los agricultores y ganaderos siguen con sus movilizaciones para luchar por el futuro del campo y denuncian su «pésima» situación bajo el lema #AgricultoresAlLímite. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abierto mesas de negociación con los productores, la industria y la distribución, también ha propuesto una mesa interministerial y otra sectorial, como compromiso concreto quiere prohibir las ventas a pérdidas antes de que acabe febrero.
La principal demanda de los agricultores es lograr unos precios justos en origen que les permitan cubrir los costes de producción. Uno de los factores que influye es la subida del salario mínimo especialmente en los cultivos más extensivos en mano de obra como el olivar, el viñedo o las frutas y hortalizas.
Las organizaciones agrarias sostenían en un manifiesto del 17 de enero que «la práctica totalidad de los agricultores están inmersos en una grave crisis de rentabilidad». Sus protestas saltaron a los titulares con los incidentes violentos en Don Benito pero luego han seguido de forma pacífica. El ministro no les ha pedido que abandonen las manifestaciones, un gesto que los agricultores agradecen.
¿Quién ha convocado las protestas?
Las manifestaciones, bajo el lema Agricultores al límite, están convocadas principalmente por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En algunas protestas sectoriales como la de los apicultores del pasado viernes se unen otras plataformas.
¿Por qué han sido convocadas?
Los agricultores denuncian el bajo valor de los precios en origen, ya que los consumidores pagan ocho veces más de lo que ellos reciben. Además los costes de producción son cada vez más elevados por el encarecimiento de los carburantes y fertilizantes, a lo que se suma el alza del salario mínimo interprofesional, un argumento que el Gobierno ha rechazado desde el primer momento.
¿Cómo han funcionado las protestas hasta ahora?
Los organizadores están satisfechos. El 31 de enero calificaron como “éxito rotundo” su capacidad de reunión, pues llegaron a concentrar en una semana a cerca de 35.000 personas en 14 puntos de cinco comunidades autónomas. Las tractoradas continúan con miles de participantes. Los olivareros cortaron carreteras pero los incidentes más graves se registraron en Don Benito, que acabó con 19 heridos leves, en su mayoría policías. Eso sí: Asaja, COAG y UPA han condenado con rotundidad la violencia.
¿Es un problema solo de los agricultores españoles?
No, las protestas se extienden a varios países europeos. Los agricultores también se movilizan en Francia, Países Bajos y Alemania, entre otros grandes productores. Uno de los pilares de la Unión Europea es la Política Agraria Común (PAC) cuyo próximo presupuesto se está negociando ahora, precisamente este jueves protestan en Bruselas donde se reúne el Consejo Europeo para intentar que no se recorten los fondos para el campo.
¿Habrá más dinero para el campo?
La reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo septenio (2021-2027) es uno de los principales caballos de batalla del sector agrario. España y otros países productores presionan para que el presupuesto, que de 2014 a 2020 fue de más de 400.000 millones de euros, no disminuya. La salida del Reino Unido con el Brexit, hace temer a los agricultores la reducción de los fondos. Para más inri, 2019 fue un mal año: «Uno de los más negativos que se recuerdan para el sector, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%».
¿Existe competencia desleal?
El panorama se completa con los acuerdos comerciales con terceros países. El sector crítica la «competencia desleal» con unos precios más bajos porque no respetan los estándares de calidad y medioambientales comunitarios, es el caso de los cítricos provenientes de Sudáfrica o la miel de origen chino.
¿Qué pasa con los aranceles de EE. UU.?
Los aranceles de Trump a algunos productos agroalimentarios españoles (aceite, vino o quesos) en vigor desde octubre han indignado al sector, que paga por un conflicto vinculado a las ayudas comunitarias a empresas del sector aeronáutico. Las empresas reclaman medidas de compensación a Bruselas y más firmeza a las autoridades.
¿Qué va a hacer el Gobiermo?
Desde el Gobierno ven «legítimas» las protestas y proponen modificar la Ley de la cadena alimentaria de «manera inmediata», que ya desde 2013 buscaba eliminar «prácticas abusivas». El cambio es obligatorio porque es necesario trasponer una directiva europea pendiente.
El ministro ha propuesto flexibilizar de uno a cuatro años la tributación de ayudas procedentes de la Unión Europea que reciben los jóvenes agricultores, una «ventaja fiscal» que considera importante, para favorecer el relevo generacional en el campo. El compromiso más concreto de Planas es prohibir las ventas a pérdidas antes de fin de mes.
El Gobierno ha propuesto crear una mesa de negociación interministerial entre los ministerios de Trabajo, Agricultura, Seguridad Social y Exteriores para abordar todas las reivindicaciones del sector. También una mesa sectorial para abordar las posibles mejoras.
Planas revisará también la ley de organización de las interprofesionales, ya que considera que «es necesario mejorar» la estructuración del sector agrario con la articulación de OCM (organizaciones comunes de mercado) que tienen la capacidad de retirar productos -para subir precios- o realizar acciones de promoción.
¿Qué papel juegan las grandes cadenas de supermercados?
Los supermercados forman parte de la distribución de los productos agrarios y presionan los precios a la baja. Los agricultores denuncian que venden a pérdidas y usan el aceite y la leche como productos reclamo. El ministro ha anunciado, como novedad, que se reunirá con la distribución para abordar estos asuntos y confía en que «será sensible». Ya se ha reunido con Carrefour, Lidl y Mercadona.
¿Qué proponen los consumidores?
Facua-Consumidores en Acción pide un etiquetado que ofrezca información a los consumidores sobre el precio en origen de los productos. Solicita más controles para evitar fraudes al atribuir características a los productos que realmente no poseen, como un origen falso, lo que supone competencia desleal. También abogan por canales cortos de venta que permiten adquirir los productos directamente a los productores, eliminando los intermediarios.
Crisis de reputación
Por si fuera poco, el sector primario sufre ataques por parte de ecologistas y animalistas. El ministro de Agricultura prioriza «recuperar la reputación» de agricultores y ganaderos. Además, recuerda su importancia para fijar población en el medio rural y hacer frente a la «España vaciada».
RTVE, 21.02.2020
