Turquía rechaza la intolerancia religiosa
Adrián Mac Liman (*)
“Aunque Turquía sea un Estado laico y moderno, nosotros, los no musulmanes, no estamos habilitados a adquirir propiedades ni tampoco a cultivar la tierra”, confesaba hace ya más de dos décadas un viejo intelectual cristiano afincado en las orillas del Bósforo. Su familia – parte integrante del mosaico de razas y culturas que conforman la cosmopolita sociedad oriental – llevaba siglos en tierras conquistadas por las tribus otomanas.
Huelga decir que, pese al carácter tolerante de los pobladores del Estado moderno fundado en la década de los 20 del siglo pasado, un conjunto de usos y costumbres heredado de la época del Imperio obstaculiza la integración de las minorías no musulmanas en la vida del país. Algunas de las prohibiciones vigentes recuerdan extrañamente la vieja normativa legal coránica, derogada tras la revolución liderada por Mustafá Kemal Atatürk.
“A veces, la normativa legal no es restrictiva, pero sí lo son los hábitos que aún rigen la sociedad”, señalaba mi interlocutor. “Lo que la ley no prohíbe, lo consagra la rutina. Nuestros vecinos musulmanes no suelen ser racistas ni intolerantes. Pero se han hecho a la idea de que “hay cosas que no cambian, que no pueden cambiar”. Pero de ahí a hablar de odio racial o persecución religiosa, hay un verdadero abismo…
“Olvido” y “desconfianza” son los vocablos empleados a la hora de analizar las relaciones entre el Estado turco y las minorías no musulmanas – griegos ortodoxos, católicos romanos, armenios, asirios, caldeos, israelitas. Mas las autoridades de Ankara tratan por todos los medios de superar ese estado de cosas. De hecho, el Presidente Abdullah Gül recibió recientemente al patriarca ortodoxo de Estambul, y visitó varios lugares de culto cristianos y hebreos situados en Hatay. ¿Una auténtica primicia?
No, no se trataba de simples hechos aislados. En mayo de 2010, la oficina del Primer Ministro Erdogan emitió un comunicado oficial en el que se instaba a los funcionarios públicos a renunciar a cualquier acto discriminatorio contra las minorías étnicas, haciendo hincapié en la igualdad de todos los ciudadanos (turcos) ante la Ley. Unos años antes, en 2003, el primer Gobierno Erdogan anunció una serie de medidas destinadas a solucionar el vacío jurídico que impedía el funcionamiento de las asociaciones creadas e integradas por las minorías religiosas. Ya en aquél entonces, unas 300 propiedades pertenecientes a dichas minorías – edificios, tierras de cultivo – fueron registradas oficialmente ante notarios. Las agrupaciones religiosas fueron autorizadas a disponer de bienes inmuebles y/o recibir ayuda económica procedente de otros países. Para facilitar la actuación de las iglesias cristianas, se concedió la nacionalidad turca a los patriarcas ortodoxos. Asimismo, se permitió a los no musulmanes a formar parte del Consejo Nacional de Asociaciones, órgano estatal que aglutina las congregaciones religiosas.
Aunque los no musulmanes representan un escaso 1% de la población turca – alrededor de 30.000 almas – se han tomado medidas para la renovación de emblemáticos lugares de culto greco-ortodoxos y armenios.
Al adoptar esa postura tolerante, Turquía trata de cerrar el viejo paréntesis imperial. De hecho, las medidas de normalización de las relaciones con las comunidades no musulmanas van a “contracorriente”, sobre todo teniendo en cuenta las actitudes cada vez más sectarias de algunos protagonistas de las llamadas “revoluciones verdes”.
(*) Analista político internacional
