Blindaron a la organización criminal “Club de la Construcción”

Mg CPCC Luis Alberto Latìnez Carpio*

Siempre los grupos de poder han hecho lo que han querido en nuestro país

Están acostumbrados a coimear para que les asignen las obras y/o las instituciones del estado les adquieran bienes y servicios.

Hay que tener presente el gobierno del mafioso Fujimori. Los representantes de los grupos de poder, desfilaban en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para ser coimeados o pedir favores: los dueños de los medios de comunicación, Camet Dickman, Genaro Delgado Parker, entre otros.

La organización criminal «Club de la Construcción» está conformada por las empresas nacionales que se consorciaron con las empresas constructoras brasileñas: Graña y Montero (vinculada al grupo «El Comercio»), J.J Camet, COSAPI, Málaga Hermanos, IGCSA, Constructora San Martin, entre otras.

Las empresas peruanas que se consorciaron con las empresas brasileñas Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez, se reunían y acordaban entre ellas cual sería la beneficiada de la «buena pro» convocada por Pro-Vías Nacional, una entidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

En un segundo nivel, el «Club de la Construcción» se ponía en contacto con Rodolfo Prialé de la Peña, quien se encargaba de contactar al interior del MTC al funcionario que haría efectivo el acuerdo y recabar de la empresa ganadora el 2,92% del valor del contrato adjudicado.

Por último, el funcionario Carlos Eugenio García Alcázar, asesor del Ministro de Transportes y Comunicaciones, de 2011 a 2014, se encargaba de lograr que el acuerdo se haga efectivo dentro del MTC.

Está comprobado que las empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht y las otras empresas constructoras brasileñas para ejecutar obras, también aportaron para “coimear” con la finalidad que los gobiernos de turno les asignen las obras.

Cínicamente, en su momento, los representantes de Graña y Montero manifestaron que fueron engañados por Odebrecht, lo cual nadie les creyó. Hasta un estudiante de contabilidad de 4to ciclo o 2do año sabe que cuando dos o más empresas se consorcian (mediante un contrato de colaboración empresarial) participan en forma proporcional en los costos y gastos, así como en las utilidades.

Y qué hizo la fiscalía?

Nada. Ni siquiera ha comprendido en las investigaciones a las empresas nacionales, a pesar que está comprobado que también participaron en las “coimas” y mucho menos las han intervenido o embargado sus cuentas bancarias.

Al respecto, la doctora Rocío Balbín Mueras que es fiscal adjunta del equipo especial LAVA JATO, que era encabezado por Hamilton Castro, ahora denuncia, extraños movimientos, sospechosas decisiones y la desaparición de importantes pruebas de este delicado caso de corrupción. Estos hechos son para favorecer a las empresas del “Club de la Construcción”.

* Asesor y consultor de empresas

• Auditor independiente.
• Especialista en tributación.
• Presidente del Centro de Investigaciones Contables y Tributarios
• Past-Decano del Colegio de Contadores Público de Lima (CCPL)2007-2009
• Past-Director de Defensa Profesional del CCPL 2001-2003
• Ex-Jefe SUNAT
• Ex-Presidente del Instituto de Administración Tributaria (IAT)