¿Tiene derecho cualquier funcionario —de capitán a paje— a celebrar su cumpleaños, el onomástico de su perro o lo que se le ocurra?, sin duda que sí. Mientras que lo haga con la suya y no le cargue el gasto al pueblo ¡por supuesto!
Quien o quienes cruzan la raya y mal usan el dinero que paga el pueblo con tributos, incurren en delito y traición al bolsillo colectivo del pueblo. Por tanto, incurre en otra forma de robo y asalto, igual de condenable a todos los crímenes tipificados en nuestro mundo penal.
Si un burócrata o empleado público, recibe coimas o aprovecha negociaciones para favorecer su faltriquera, no le roba a su institución solamente: ¡enajena recursos-tributos que son del pueblo!
Es decir, da lo mismo que sea S/ 100 soles o S/ 1 millón, porque el ilícito se ha cometido contra la masa tributaria que generan millones de ciudadanos.
O sea ¡la mala acción del ratero, se comete contra el total del pueblo pagante!
El cuento de la proporcionalidad favorece tanto al delincuente avieso como al abogado mañoso y no pocas veces, secuaz.
En Perú, hace 204 años que vivimos la fantasía de una democracia representativa con senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, de pantalla.
Los reales mafiosos son otros, los que disponen a través de sus mandarines, cómo se lleva la economía, qué y qué no se produce y cuándo se firma y con quiénes los grandes contratos millonarios.
La masa tributante, aún incompleta, de monstruosa asimetría, porque los más chicos pagan impuestos, mientras que los grandazos tienen la opción de judicializar sus deudas, hacerlas viejas y prescriptibles y la ecuación “salvadora” es descarada pero “normal”.
¡Siempre los honorarios de éxito, (o sea cómo no pagarle al Estado, bajo miles de pretextos), serán mucho más baratos que el impuesto hecho envejecer y judicializado por hampones, al servicio de los que se hacen ricos muy rápido!
Regodeada la sociedad peruana en lenguajes burocráticos dificilísimos, que no dicen nada, que jamás responsabilizan a ninguno y que por el contrario premian a los grandes pericotes, la sociedad duerme indolente y asimila que le roben, estafen, exaccionen ¡y hasta colabora sonriente y sin saberlo, en la mala acción!
Alguna vez Bolívar planteó el fusilamiento del funcionario deshonesto. Aquí sería algo difícil por mil razones, las que existen y otras mil que los abogángsteres inventarían, previo pago de sus infaltables honorarios.
Cuando el ciudadano paga sus impuestos, colabora de forma individual a la masa dineraria con que funciona el Estado.
Lo propio ocurre cuando las empresas (no todas, las tramposas hacen lo que quieren), honran los tributos.
Con base en esos ingresos, se hacen los presupuestos que la burocracia pública tiene la obligación sagrada de cautelar, para evitar su dispendio o mal uso o trampa o cohecho.
El ciudadano común tiene como “doctrina”, desde pequeño, que el “Estado es ineficiente”, que “aquí todos roban”, que “así es la política” y “se roba, pero se hace obra”.
Todo eso está en el aire, se normaliza como parte de nuestra vida cotidiana y no se analiza que estas monstruosidades, asimiladas como extensiones de nuestro comportamiento, nos retratan como vulgares depredadores, exaccionadores del bien común y miserables.
O sea, es probable que una de las claves de lucha contra estas taras, esté en casa y desde muy niños hay que enseñar lo correcto y castigar lo malo y destructivo.
El que nunca respetó el paso de las personas mayores o las esquinas para cruzar o dio el asiento a los ancianos o no saluda cuando entra a alguna parte, será el actor potencial y efectivo de muchas inconductas.
Quien no supo comprender que el dinero es solo un medio y no una meta que ambicionar, para “comprar lo que se le dé la gana”, es un inescrupuloso a quien no importan las formas sino los “resultados”. Y si tiene que matar, lo hará.
Hay dinastías, de abuelos a nietos, en algunas reparticiones del Estado. Han vivido succionando los recursos del Estado y hasta tienen especialización en las técnicas más delicuenciales que se hacen pasar por sabiduría administrativa.
El burócrata estatal, empleado o funcionario o gerente, si roba, no sólo tiene que pasar juicio administrativo, sino el penal, aplicarle el rigor máximo del Código pero también quedar fuera, vitaliciamente, del Estado.
Y si se probara la comisión de delitos, casi siempre muy bien enmascarados por decenas de abogángsteres, amén de la punición legal, debiera dársele castigo moral y ser reconocido como un estafador contra el Estado.
Es que en Perú somos especialistas en hacer las cosas a medias, mal y con torva fe.
Miles de contratos con dedicatoria, aconchabados en las altas esferas, innumerables fortunas puestas a nombre de terceros o cuartos, como testaferros y cómplices; fortunas inexplicables, siempre serán indicios que algo huele mal, muy mal.
¡Es hora de arreglar al Perú pero no con poesía o discursitos que suenan bien y que no dicen nada, más que píldoras palurdas para oídos necios!
02.06.2025
hcmujica@gmail.com
