El día siguiente

Llamar «salvajes» e incapaces de «poder leer los decretos legislativos que rechazaban» a quienes reclamaban la vigencia de un elemental Estado de Derecho, es una muestra de incapacidad de comunicarse e intolerancia, haciendo que la diferencia derive en exclusiones. Así, se podrá adjetivar de diversas maneras a los acontecimientos y sus actores, para tratar de encontrar alguna justificación a sus procedimientos. Pero, lo que no podrá explicar el gobierno es cómo pudo conducir las cosas hacia una masacre mutua entre ciudadanos y fuerzas del orden: entonces, ¿dónde podríamos colocar la regresión salvaje en este caso?

Así, hay unanimidad para señalar que las tareas urgentes están por el lado de restablecer un mínimo de necesaria confianza, para formar un ámbito de diálogo y negociaciones que aseguren el compromiso de las partes. Al respecto, es indudable que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo serían las entidades llamadas para actuar en esta situación. De otro lado, el momento exige a las organizaciones de los pueblos amazónicos un relevo de sus interlocutores, algo que tampoco parece difícil de llevarse a cabo. Pero, también demanda gestos políticos muy claros por parte del tragicómico Congreso de la República y, sobre todo, del Ejecutivo.

Sobre este último, se esperaban actitudes que enaltecieran a los integrantes del Gabinete Ministerial. Sin embargo, salvo la renuncia de la Ministra de la Mujer, lo sucedido no parece conmover en mayor medida a los demás ministros. ¿Suponen acaso que aún poseen el crédito político suficiente, para proponerse como interlocutores válidos en estas circunstancias?

Entonces, salvo mejor parecer, el terreno parece ya marcado desde el lado oficial y, en ese sentido, tendremos que asumir que la gobernabilidad a «lo aprista» hacia adelante ha empezado a verse con total nitidez. El criterio será asegurar los beneficios para la inversión privada a como dé lugar y limitar manu militari cualquier demanda social.

¿Habría otra salida? Desde la lógica gubernamental, muy difícil. La interpelación amazónica ha evidenciado los límites y las fisuras del actual modelo económico y lo inoperante del sistema político. El cuestionamiento a la constitucionalidad de algunas normas, ha sido suficiente para mostrar que el concepto de desarrollo inmerso en el actual patrón de acumulación sólo alcanza para algunos peruanos y algunos territorios del país. En otras palabras, la equidad, la justicia social, el desarrollo humano, son expectativas a las que pueden aspirar solamente una parte de la sociedad peruana, mientras que la otra deberá contentarse con el asistencialismo y la filantropía, si buenamente alcanzan.

Asimismo, la desafección al sistema democrático realmente existente que expresamos los peruanos en cada encuesta, demuestra una vez más su pertinencia con la torpeza y el nulo interés para consolidar instituciones que han revelado los gobernantes, en todos los niveles del Estado, en lo que va de la actual crisis. Más aun, ha quedado la profunda sospecha que la falta de voluntad para resolver de manera franca y abierta el conflicto amazónico, en realidad esconde de mala manera los esfuerzos que han hecho para evitar que un debate público sobre las concesiones a las empresas extractivas sea transparente y con ello traslucir el insondable foso de corrupción sobre el cual vienen actuando. Así, la vida de policías y pobladores nativos significan absolutamente nada para los grandes y turbios negocios.

Entonces, se ha inaugurado un nuevo momento político. El mensaje vendido por el neoliberalismo criollo —salvo el crecimiento, todo es ilusión— ha caído en coma profundo, anunciando la hora de nuevas concepciones y nuevos criterios de desarrollo, que busque mayores equilibrios entre inversión, crecimiento, sostenibilidad ambiental, institucionalidad y equidad.

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