Se percibe un consenso creciente respecto a que la presidenta Boluarte no reina ni gobierna. No habla ni interviene ni en su propia interna, a juzgar por lo que registran las actas de las sesiones del Consejo de Ministros a las que asiste. Y está claro que el Congreso no moverá ninguna ficha que lleve a la salida de Boluarte, pues ello equivaldría a la muerte de Sansón y los filisteos al derribar las columnas del templo que los cobija. Esto, porque constitucionalmente no es posible vacar a la presidenta, sin producir simultáneamente el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.
A la par, todas las encuestas de opinión muestran, de manera persistente y categórica, el rechazo ciudadano a quienes nos gobiernan. Del lado del Congreso, la inconstitucionalidad de muchas decisiones convertidas en leyes, la abierta alianza con sectores ilegales, corruptos y dañinos —minería ilegal, taxis colectivos y microbuses piratas, deforestación amazónica, los negociados en educación—, así como el control perverso de los órganos de fiscalización y de las normas electorales, bastan para entender la negativa opinión mayoritaria que reciben, un rechazo que bordea el 90% al evaluar el desempeño del poder Ejecutivo y del Legislativo. Del lado del Ejecutivo, pesan la impunidad, el desborde generalizado de la delincuencia, la mayor pobreza y la corrupción abierta y altanera y la frivolidad sin límites, como vimos en el caso de los Rolex o encontramos en las declaraciones de los ministros voceros de la mandataria.
Se están afectando a diario los derechos de distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero al parecer eso no basta para movilizar el rechazo y malestar generalizado, pues la mayoría de peruanos y peruanas no dan aún señales fuertes que lo indiquen.
El repudio, es claro, no produce por sí mismo un hecho político de contestación a quienes se han aliado para mantener esta situación. ¿Por qué lo toleramos?, ¿por qué nos sentimos impotentes y paralizados? ¿Por qué aguantamos resignados unos, otros desmoralizados, y atemorizados otros tantos?
Sin duda, la represión fatal de las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023 cortó el curso del movimiento democrático, es decir, cumplió el rol de aquietar, asustar, debilitar y de esa manera, permitir que se asienten en el poder los actuales gobernantes.
En esta situación anómala, debe considerarse el papel relativamente discreto —no por ello de poco poder— que desempeñan las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. En la actualidad, avalan a Boluarte, con quien comparten varias responsabilidades penales por las muertes ocurridas al inicio de su gobierno en el sometimiento de las protestas. Altos oficiales de su institución parecen seriamente comprometidos en los sucesos de Ayacucho. En medio de este hipotético pacto del que no se habla, obtienen un trato preferencial del Congreso, del que no solo reciben mayores recursos económicos, sino que también amnistías que permiten la prescripción de delitos de lesa humanidad a criminales, algunos de ellos oficiales de las FF.AA.
Desde sus cuarteles avalan o no las decisiones de los políticos, sin inmiscuirse en los detalles. Así permitieron sucesivamente el cierre del Congreso del presidente Martín Vizcarra, luego su vacancia, y no avalaron al efímero presidente Merino, ni al fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo.
En medio de este escenario, plagado de estropicios y quiebres de la institucionalidad democrática, sobreviven variados sectores de la sociedad civil con iniciativas que apuntan a constituir una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la recuperación de la democracia; son aún muy débiles y se encuentran en un lento proceso de construcción de organización social y acuerdos mínimos. Al contrario, muchos políticos antes que pensar en el enfrentamiento al régimen, aparecen exageradamente concentrados en las elecciones 2026, como si éstas fueran de por sí el bálsamo reconstituyente que terminará con los males nacionales.
Las iniciativas que surgen en estos tiempos, siendo varias de ellas indudablemente valiosas, se ven limitadas por la desconfianza mutua y las distancias que existen entre ellas mismas, trabando la posibilidad de dialogar porque, por ahora, no coinciden necesariamente en las soluciones y en propuestas mínimas para superar este oscuro momento de nuestra historia nacional.
desco Opina / 14 de junio de 2024
