Por Alfredo Palacios Dongo
El presidente Kuczynski, para ganar votos durante su campaña electoral, prometió a los pensionistas de las FFAA y PNP (en diferentes oportunidades y hasta con actas firmadas) reivindicar su derecho fundamental de igual trato ante la ley; al iniciar su gobierno continuó reiterando su promesa, pero posteriormente, desentendiéndose no solo de su ofrecimiento, sino del derecho legal y constitucional, se retractó de legitimar el principio de derecho de equivalencia por igualdad de tratamiento legal para los pensionistas discriminados de este derecho fundamental, ya que con el mismo grado, mismos requisitos y dependientes del mismo DL 19846 (plenamente vigente) recibían pensiones no equivalentes.
Gobierno pretende deslegitimar derechos de pensionistas
El Congreso, con ley 30683 resolvió esta inequidad, pero el Ejecutivo ha vuelto a la carga presentando una absurda demanda de Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, además, el gobierno para deslegitimar el derecho de los pensionistas ha arremetido en muchos medios de comunicación con opiniones de errados y falsos conceptos (a través de sus funcionarios y de articulistas afines al gobierno), lo cual es degradante de la función del Ejecutivo, quien tiene por obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, y como responsable de la Hacienda Pública proveer el presupuesto para cumplir la ley sin generar distorsiones, ni abusando del poder, conculcar arbitraria y recurrentemente derechos legítimos. Como también es denigrante a la función periodística la falta de objetividad y ética de algunos medios de comunicación por desinformar con falacias que se está “reavivando la Cédula Viva”, desconociendo el ordenamiento jurídico relacionado como el Artículo 174º de nuestra Constitución: “Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las FFAA y PNP son equivalentes”, y, estos derechos “solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial” en consecuencia se incumplía el DL 19846 generando las inequidades.
Bajo este panorama, el gobierno está obligado al estricto cumplimiento de la ley y a no vulnerar los derechos fundamentales al incumplir leyes y contratos sociales, y por su parte los medios de comunicación y sus articulistas, indagar con imparcialidad y objetividad para informar con la verdad, educar, como inducir una cultura cívica de respeto a la Constitución, la Ley, y los derechos fundamentales en estricta vigilancia del estado de derecho, y motivar al ciudadano una actitud de autoestima que no permita se le dé un trato desigual ante la ley sin discriminación de ninguna naturaleza.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de marzo de 2018
