No pocos, en el caso triste del Perú, presidentes de uñas largas, boca floja y cinismo a prueba de bombas atómicas, tienen la convicción que el cargo es para enriquecerse y con él, los primos, cuñados, queridas, adulones, parientes sucios, etc.

La vocación de servicio no interesa a pesar que es el pueblo quien paga con sus tributos los emolumentos y prima la idea sibilina que robar, es su divisa y misión terrenal suprema.

Si no se suicidan cobardemente, ante la catapulta de hechos incriminadores, viven en las ergástulas en juicios que no debieran ser sino rápidos, rigurosos y ejemplares. Los facinerosos, tomaron la previsión de usar el testaferrato y de ese modo delictivo, cautelan los dineros ilícitos de que se agenciaron en los altos puestos.

¿No deberían, al ingresar, presidente, diputados y el contrandeado Senado, presentar declaración jurada? Pero no con maquillaje ni adornos que disimulen signos exteriores de riqueza sino con probidad y honor. ¿Y al salir? ¿Cómo se explica que virtuales astrosos terminen con inmuebles en la ciudad, en el campo, en la playa; vehículos, viajes al por mayor si el cargo no solo es irrenunciable sino a consagración exclusiva?

El desaparecido hombre de leyes y ex parlamentario Javier Valle Riestra, planteó, años atrás en el artículo Juicio de residencia a esta dictadura, 26-5-2004, conceptos sólidos que conviene releer con devota atención y criterio. Leamos.

“Hay que restaurar el juicio de residencia, procedimiento al que eran sometidos desde hace siglos los funcionarios cesantes para responder de oficio o acción popular de su conducta. El origen más remoto en Indoamérica se ubica en el 9 de abril de 1493, cuando Juan de Aguado, repostero real, recibió comisión regia para investigar, como juez pesquisador el gobierno de Cristóbal Colón, quien en algún momento volvió encadenado a la península.

El Perú no ha sido un país de impunidad. De los incas solo se mencionan catorce y no a decenas más –según el cronista Montesinos, fueron más de noventa- porque la historia fue cortesana y eliminó a los malos y a los cobardes.

En la Colonia los virreyes fueron sometidos a juicio de residencia. Ingresaban a Lima bajo palio y salían procesados para rendir cuentas. Pese a que eran al alter rex; una verdadera imagen del monarca, y hasta una reencarnación suprema del Estado español. Se sometió a residencia a todos los virreyes. Fueron notables la de Vaca de Castro, la de Francisco de Toledo, la del erudito Príncipe de Esquilache. Castelar fue dos veces residenciado.

El santísimo Virrey Conde de Lemos murió ejerciendo el cargo y fue sometido póstumamente a este juicio. Igual el Duque de Palata, el Conde de la Monclova, Diego Ladrón de Guevara, el Marqués de Villagarcía, el muy dramático del enjuiciado Conde de Superunda, quien al volver a España, vía La Habana, se le responsabilizó por el asedio inglés de esa plaza por ser el militar de más alta graduación, pese a estar de paso. Amat, el más corrupto, tuvo que satisfacer crecidas sumas. Guirior, etc.

“Un americano del 1500 podía decir que si no había elegido al virrey sí lo había juzgado, en una época en que los franceses ni elegían ni juzgaban a sus funcionarios.

Esta tradición se continúa en la República. Y fueron residenciados el Triunvirato que presidió La Mar gobernó el Perú después de San Martín; el ministro Monteagudo; Riva Agüero, primer presidente de la República; el ex presidente Torre Tagle. El último intento de residencia fue en 1851 contra el ex presidente Castilla y por iniciativa, de oficio, de la Corte Suprema.

Se hizo fijar edictos en lugares públicos, conforme a la Ley Primera, Título 15, Libro 5º de Indias, convocando a los quejosos. Posteriormente una ley del 23 de noviembre de 1855 dispuso el enjuiciamiento del ex presidente Echenique en los siguientes términos: “Artículo único: Quedan sometidos a juicio el ex presidente D. José Rufino Echenique, las personas que como ministros de Estado han tomado parte en su administración, los generales del Ejército y Armada y los funcionarios civiles y políticos que hayan contribuido a la desorganización de la República y a la ruina de su Hacienda”

Esa misma ley podía ser expedida hoy. Lo hará la Asamblea Constituyente o el organismo democrático que la preceda, disponiendo el arraigo de todos los residenciados.

También fueron procesados, pero ante tribunales ad-hoc, constituidos después de los hechos –como hacen hoy los toledanos- el presidente Pezet (1867) por la llamada Corte Central y el presidente Leguía (1931) por el canallesco Tribunal de Sanción Nacional, constituido por leyes posteriores a los hechos y por delitos creados ex profeso.

Sí. Evidentemente el cinismo y el desbarajuste que hemos vivido exigen castigo. La tarea de la Asamblea Constituyente no solo es fabricar una Constitución vanguardista, sino construir una nueva República de trabajadores manuales e intelectuales que abomine del pasado vergonzante.

Una forma de no autoincluirse en ese pasado siniestro es auspiciar el interregno depurador para que ministros, congresistas, fiscales, jueces de todo fuero que hayan actuado tiránicamente respondan ante la nación y ante la justicia. Pero, esta vez ante la justicia del pueblo”.

He propuesto, con modestia categórica: el Tribunal Moral debe condenar a los réprobos, prohibirles vitaliciamente que contraten para el Estado, su foto puesta en todas las oficinas públicas y además deben exhibir una credencial con su foto, nombres y apellidos y un sello en rojo que diga: Delincuente.

¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera; atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien; rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!