Inclusión y tecnocracia
por Desco
El respaldo electoral y posterior llegada al poder de Ollanta Humala reflejó las aspiraciones de millones de peruanos respecto a la orientación de los beneficios del crecimiento económico. Este mandato ha sido recogido por el gobierno con el membrete «inclusión», concepto que empieza a tomar cuerpo con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que «empaqueta» los programas sociales ofrecidos en campaña pero al mismo tiempo expresa la fuerza que mantienen los enfoques tecnocráticos sobre el desarrollo.
La designación de Kurt Burneo como titular del futuro MIDIS se planteó bajo el argumento de que era necesario acercar la política económica y la política social. En este sentido, el perfil de Burneo –economista proveniente del toledismo– en teoría responde al viraje que Humala y su equipo quieren imprimir a los mecanismos de política social, articulándolos al discurso de impulso al mercado interno.
No obstante, el nuevo ministerio se forma por trasvase de los cuadros técnicos y programas existentes en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sin alusión práctica al otro Ministerio que debía rediseñarse a partir de ese supuesto: el Ministerio de la Producción, que actualmente dirige el propio Burneo. Cabe preguntarse al respecto cuál es el papel del MIDIS dentro de la oferta de un gobierno que debe satisfacer las expectativas de redistribución que ha generado y, a la vez, garantizar una mayor eficacia en las transferencias directas y los programas de asistencia.
Según su ley de creación –que espera debate en el pleno del Congreso– el MIDIS es el eje del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que propone de manera muy genérica una articulación entre gobiernos subnacionales, organismos públicos y sectores vinculados a las políticas de desarrollo e inclusión. Sin embargo, no prevé un papel específico de los gobiernos regionales y locales, asunto particularmente sensible en un país que apostó por la descentralización y que cuenta –aunque el anterior gobierno la postergara– con una urgente agenda de reforma del Estado cuyo objetivo central es la desconcentración de poderes y recursos del nivel central. Solo en lo referente a los programas sociales que el nuevo ministerio busca concentrar, por ejemplo, el escenario es complejo y ya ha avanzado en diversos grados en su descentralización. Como vemos, la idea de un «sistema» que debe articular los esfuerzos dispersos del Estado choca con el proyecto de un ente que aglutina la prestación de programas sociales: un ministerio ejecutor.
Aunque la Ley no pueda abundar en detalles, debería permitirnos al menos vislumbrar un escenario que no se desentienda de un proceso de descentralización que debería estar en condiciones de retomar avances sustantivos en este periodo.
Creemos que para honrar el mandato de las urnas, este gobierno no puede permitirse entender que la inclusión es únicamente una mejor administración y focalización de los programas sociales. Una verdadera transformación en la concepción del Estado como impulsor del desarrollo, debe considerar que la ecuación entre inclusión y desarrollo se resuelve atendiendo a la articulación de las economías de escala y dando salidas a los emprendimientos productivos medianos y pequeños, principalmente en la esfera rural, donde el modelo extractivo genera una competencia desigual por recursos productivos como la tierra y el agua. Por eso también, considerar el rol de los gobiernos regionales y municipios como gestores de las políticas de inclusión debe ser parte del debate.
