¿Yehude Simon combatirá a la corrupción?

Yehude Simon Munaro, presidente del Consejo de Ministros, anunció el jueves en el Congreso que en un plazo de 45 días presentará su plan completo para combatir a la corrupción. Es obvio que al jurar como presidente del Consejo de Ministros no tenía plan alguno para enfrentar este flagelo, por lo que resulta pertinente preguntarnos si no pudo traer al menos algún esbozo, producto de sus luchas contra la corrupción en la Región Lambayaque. Pues no trajo ni recurrió ni siquiera a eso; en otras palabras, parece que mientras ejerció la presidencia regional de Lambayeque no tuvo ninguna experiencia válida de combate contra la corrupción (¿o alguien cree que en esa región no existe este mal?).

1) Al inicio de la asunción del ejercicio de su cargo, todo funcionario público, autoridad elegida, ministro o militar o policía a partir del grado de coronel o equivalente entregará una carta en la que autoriza el levantamiento de su secreto bancario (y el de sus familiares próximos) en el Perú y en todo el mundo. Esta carta se guardará en reserva y se utilizará inmediatamente cuando el Poder Judicial o el Congreso de la República inicien un proceso de investigación al firmante de la carta. Esto mientras esté en el ejercicio de su cargo y cinco años después.

2) Al término de su mandato, el presidente de la República, los congresistas, ministros y autoridades elegidas quedan durante tres años con impedimento de salida del país. Esto permitirá investigarlos bien y evitar que huyan del país. Un efecto social positivo es el tener en consideración que nunca un presidente cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, por lo cual es normal que al menos el 70% del país lo aborrezca y desee verlo en la cárcel. Por tanto, si los electores opuestos al régimen aguantaron varios años viendo de presidente a alguien indeseable, tendrán una gran compensación viéndolo preso y castigado.

3) Todas las oficinas y dependencias públicas, incluyendo militares y policiales, llevarán un registro diario —publicado en su página web— que indique: a) el nombre de los que visitan a jefes de oficina, directores, gerentes, ministros, congresistas, presidente de la República, etc.; y b) el tema de la conversación.

4) Cualquier delito o abuso de poder que cometan fiscales, jueces (con fallos injustos), alcaldes, presidentes regionales, policías o militares, etc., se castigue con un mínimo de diez años de prisión efectiva; y si hay que otorgar indemnización al afectado no la pagará el estado peruano (todos nosotros) sino el corrupto o abusivo, lo cual se cumplirá embargándole sus bienes.

5) Al pasar a situación de retiro los militares quedan diez años en el Perú, porque en la práctica internacional se ha visto siempre que los militares que traicionan a su país vendiendo información reservada lo hacen preferentemente fuera de su país de origen, para traicionar con más seguridad. Si las personas de vocación militar dicen amar al Perú, lo amarán más quedándose en este venturoso país. ¿Para qué querrían salir de acá?

6) Declarar imprescriptible todo delito de corrupción o de abuso de poder.

7) Los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) publicarán en internet la nómina de todos los que trabajan en cada dependencia (incluyendo asesores ad honorem), indicando si son contratados o nombrados. Esto permitirá que la población pueda identificar a trabajadores fantasma. En el caso de los institutos armados, será Contraloría la que se encargue de esta indagación, con la reserva del caso.

8) Los que realizando labores de inteligencia trabajan en cualquier dependencia pública devolverán lo que en ellas perciben, de manera que sólo tengan el salario de agentes de inteligencia, y no doble sueldo (el de agente de inteligencia y el de “trabajador” de alguna dependencia pública).

9) Publicar la relación de dinero, bienes muebles e inmuebles, objetos de valor (autos, yates, joyas), etc., confiscados a traficantes de drogas, delincuentes en general o deudores del estado, para que se sepa qué ha sucedido con cada uno de ellos. De esta manera se sabrá si lo incautado se ha convertido en botín de alguna institución o ha ido a parar a las manos de ladrones de cuello y corbata o corruptos. Esta relación debe estar permanentemente publicada y actualizada en internet y dará cuenta de lo actuado desde treinta años atrás, por lo menos.

10) Publicar el monto del dinero incautado a Sendero Luminoso y al MRTA, que se sabe ha sido una millonada, por sus actividades ilícitas (secuestros, cupos a traficantes de drogas, etc.). Estando hace tiempo presos los jefes de ambas organizaciones terroristas, es necesario que sepamos qué ha ocurrido con ese dinero (¡quiénes se han apropiado de él!)*.

Sobre el punto 2) (impedimento de salida) algunos ladrones o corruptos pueden alegar que se atenta contra la libertad de las personas y que a priori se considera delincuente al gobernante, congresista o funcionario público. A esto respondemos afirmando que la historia de nuestro país y el estado permanente de atraso y pobreza en que vivimos tienen su origen en no haber considerado delincuentes a los que dirigen los destinos del país. Lo más seguro para los intereses del pueblo es actuar sobre la base de que es corrupto o abusivo todo aquel que detente cualquier grado de poder. Tampoco se dice de frente que son delincuentes, pero el impedimento de salida evitará que fuguen si son culpables.

Vamos a ver si Yehude Simon se anima a luchar de veras contra la corrupción o es un cómplice de ella.

* ¿Por qué no permiten que el periodismo entreviste a los jefes terroristas? ¿Temen las autoridades que éstos digan que sus fondos ya cambiaron de manos? Los peruanos hemos visto con escándalo que tras las capturas esos millones nunca aparecieron.