La ley alienta a empresas peligrosas como Casapalca

Casapalca es conocida por explotar a los trabajadores y por no cumplir las normas laborales. Aunque hasta el momento no hay informe final sobre la responsabilidad de la empresa por no cumplir las normas de seguridad, no sería extraño que se trate de un incumplimiento más. Cuando la ex ministra de Trabajo Susana Pinilla visitó esa mina se quedó escandalizada de ver que, además de muchos abusos, los trabajadores no parecían mineros, sino indigentes vestidos con harapos.

Pese a las multas, esta empresa continúa incumpliendo con una serie de normas laborales y mantiene ilegalmente a los trabajadores (pese a que realizan la actividad principal), en sistemas de services, tercerización o subcontratación, en condiciones de vida y de trabajo, salud y seguridad infrahumanas, pero con todas las leyes laborales y multas nada sucede, Casapalca sigue burlándose de los trabajadores, de las autoridades y del país.

El caso es durante años tan extremo e indignante que incluso la sociedad de minería, que agrupa a las empresas mineras del país, excluyó a Casapalca de su gremio empresarial.

No hay voluntad de sancionar

El ordenamiento legal laboral adolece de una seria deficiencia, que es la imposibilidad del ministerio de Trabajo de imponer sanciones acordes con la gravedad de las faltas cometidas, por la sencilla razón de que el gobierno considera al trabajador inferior en valor al tributo y con menos importancia que éste.

Esto quiere decir que cuando una empresa no paga sus impuestos o viola otras leyes tributarias recibe sanciones de leves a serias, según la falta o delito, siendo las más graves el cierre y el embargo, lo cual puede ejecutar la Sunat sin mediar proceso judicial, porque la ley otorga a la Sunat fabulosos poderes coercitivos. Así es porque el gobierno considera que lo más grave que pueden cometer las empresas es no pagar los tributos.

En cambio, cuando una empresa viola los derechos de los trabajadores sólo puede recibir una multa del ministerio de Trabajo, incluso si las faltas son graves o reiteradas, como incurrir en negligencias que puedan causar la muerte de los trabajadores. En ningún caso el ministerio de Trabajo puede cerrar la empresa ni embargarla, aunque la empresa no pague la multa, en este caso el proceso debe encaminarse hacia el poder judicial, con lo cual se recarga el trabajo de este ya saturado poder del estado.

Así las cosas, lamentaremos esta vez lo ocurrido con los mineros de Casapalca y con las violaciones de sus derechos laborales, pero esta situación continuará mientras el gobierno y el Congreso sigan haciendo la vista gorda y no otorguen al ministerio de Trabajo poderes de cerrar y embargar a las empresas en los casos más graves de violaciones de las normas laborales y mientras no exista voluntad de exigir respeto de los derechos de los trabajadores.