Al inicio de la emergencia, algunos sectores de la comunidad académica extranjera sostenían la hipótesis que el clima cálido reduce la transmisión del COVIDd-19, pero las evidencias de fines de marzo y comienzos de abril mostraban que en ciertas zonas de la Amazonía peruana como Iquitos, la propagación había sido explosiva. En la selva central (Chanchamayo, Oxapampa y Satipo) aparecieron también por esas fechas los primeros casos).
El sistema público de salud en la selva central se basa sobre todo en postas o centros de salud de atención ambulatoria (categoría I); 4 hospitales II-1 en Oxapampa, Pangoa, Satipo, Pichanaqui (atención ambulatoria y hospitalaria en cuatro especialidades básicas), y solo un hospital con atención especializada (II-2) en La Merced, lo que es a todas luces limitado para combatir una pandemia con la complejidad del COVID-19. A esto debemos agregar la limitada disponibilidad de personal médico. Por ello, a pesar de las deficiencias en la logística de transporte, los pacientes deben ser derivados a las capitales provinciales y regionales (Huancayo o Cerro de Pasco).
En un primer momento los pobladores acataron masivamente el aislamiento social, quedando policías, militares y serenos municipales a cargo del cuidado de las calles y fronteras provinciales. Pero la situación se viene desbordando no sólo por la emergencia sanitaria, sino también por la situación económica que está afectando a muchas familias sin ingresos estables y limitado acceso a los bonos del Estado o a las canastas alimenticias. En este escenario, hay pobladores que apelan a la venta de sus enseres y artículos familiares, la reconversión de muchas tiendas y al trabajo en la cosecha de café, ante la escasez de mano de obra porque las tradicionales cuadrillas de migrantes andinos no han podido llegar.
El turismo está paralizado y la caficultura recién ha empezado a aplicar protocolos para reactivarse a niveles previos a la cuarentena, a pesar de la restricción del uso de vehículos particulares, en especial de las motocicletas, teniendo la población rural muchas limitaciones para poder tramitar pases a través de internet, y acceder a los bancos, farmacias y centros de abastos ubicados en centros urbanos. Cabe resaltar que, a pesar de la limitada calidad de la conectividad, internet es la herramienta que la población está tratando de aprovechar para difundir información, construir negocios y fortalecer las estrategias de educación a distancia, entre otras.
Por su parte, las federaciones nativas han empezado a demandar al gobierno central la implementación de un Plan de Atención dirigido a los pueblos indígenas de selva central ante la pandemia.
En cuanto a los gobiernos locales, se ha constatado reacciones diferentes: algunos se limitaron a replicar las medidas del gobierno central, en tanto otras reconocieron sus realidades e interpretaron las necesidades locales, prestando servicios como el de cabinas de internet para que los pobladores verifiquen o tramiten el acceso a bonos, la devolución de fondos de AFP, transferencias bancarias, entre otras.
El fenómeno de la migración de “retornantes” se manifestó también en la selva central. La subterránea oferta de pasajes desde Lima y otras ciudades andinas hasta puntos clave desde donde se caminaba por senderos dentro del bosque, incluso, por ríos y quebradas navegables de la selva baja, incrementó el ingreso de personas sin asumir cuarentenas, aislamientos o algún control de salud. Ante ello, las comunidades nativas establecieron controles en sus territorios, al igual que las rondas urbanas formadas a raíz de la pandemia. Estas últimas están prácticamente desactivadas; debido al incremento de los contagios comunitarios y la negativa de las autoridades locales a aceptar la participación ciudadana en los Comando Covid locales, integrados en exclusiva por la PNP, el ejército y el sector Salud. El riesgo es que la última extensión de la emergencia sanitaria pueda quebrarse debido a que las capacidades estatales son insuficientes si no se logra la participación de la ciudadanía organizada. Si bien en la selva central no hay un crecimiento exponencial de casos ni de muertes por Covid-19, el desenlace de la pandemia está aún lejano y el impacto económico de la misma afectará seriamente los niveles de vida locales, incrementando la pobreza. Es un reto grande para la población recuperar sus estándares de actividad y sus ingresos. Para el Estado, el reto reside en apoyar la recuperación económica y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos de salud para afrontar situaciones como las que se están viviendo. La experiencia deja además en claro, que es necesario actuar con políticas y medidas diferenciadas en función de las características de cada región, diversificando las estrategias en vez de aplicar políticas únicas en un país tan diverso y heterogéneo como el nuestro.
desco Opina – Regional / 12 de junio de 2020
