El Pleno del Congreso de la República declaró la vacancia de la presidente de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tras aprobar, con 122 votos a favor, las cuatro mociones presentadas por diversas bancadas parlamentarias que sustentaron la medida en presuntos actos de corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales, incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y supuestas intervenciones estéticas realizadas durante el ejercicio de sus funciones.
Durante la sesión semipresencial del 9 de octubre de 2025, el Congreso debatió el Proyecto de Resolución del Congreso N.º 001/2025-2026-R, que formaliza la declaración de permanente incapacidad moral de la mandataria y la consiguiente vacancia de la presidenta de la república, en aplicación del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. El debate se llevó a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso y culminó con la obtención de los dos tercios del número legal de congresistas, superando los 87 votos requeridos.
La presidente Boluarte no asistió al hemiciclo para ejercer su defensa, pese a haber sido convocada, hecho que fue interpretado por varios legisladores como una muestra de falta de respeto al Congreso.
“No debe quedarse ni un minuto más en el Gobierno. Que no haya venido a defenderse demuestra su incapacidad de enfrentar sus propios actos”, expresó el congresista Guillermo Bermejo durante su intervención. En la misma línea, Guido Bellido instó a acelerar la votación: “Corresponde entrar al debate. Si no van a hablar, avancemos más rápido”.
Las mociones de vacancia, numeradas 19769, 19770, 19771 y 19772, fueron impulsadas por congresistas de distintas bancadas, como Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Renovación Popular, entre otros, que coincidieron en cuestionar la conducción política del Poder Ejecutivo.
La primera moción se centró en los presuntos delitos de corrupción; la segunda, en la crisis de inseguridad ciudadana; la tercera, en la omisión de liderazgo frente al crimen organizado; y la cuarta, en el supuesto abandono de funciones y la falta de transparencia en sus actividades oficiales.
Tras la votación, el presidente del Congreso ordenó la inmediata comunicación de la resolución al vacado y al presidente del Consejo de Ministros, conforme a lo establecido en el Reglamento. De esta manera, el Legislativo aplicó el régimen de sucesión presidencial previsto en el artículo 115 de la Carta Magna.
El documento aprobado concluye con la fórmula: “Comuníquese, publíquese y cúmplase”, marcando así el cierre de la gestión de Dina Boluarte y el inicio de un nuevo proceso de transición constitucional en el país.
