Como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana dispuestas por el Gobierno, se cumplió con las órdenes de bloqueo de más de 1.5 millones de equipos móviles calificados de alto riesgo no solo por no estar en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), sino también por estar vinculados a personas que, de manera reiterada, han empleado celulares con IMEI inválidos o clonados.
Así se anunció durante una actividad oficial liderada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; del ministro del Interior, Carlos Malaver; del ministro de Defensa, Walter Astudillo; y del presidente ejecutivo (e) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Jesús Guillén.
“Hemos cumplido con el encargo recibido en el marco del Renteseg, contribuyendo con la seguridad de todos los peruanos, bloqueando de manera progresiva aquellos celulares no registrados en la lista blanca y estar vinculados a personas con historial negativo”, señaló Jesús Guillén.
El presidente ejecutivo (e) del OSIPTEL enfatizó que con ello se busca desincentivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el país. “El Estado está cumpliendo su tarea en este punto”, resaltó.
Indicó que en el año 2017, se creó el Renteseg liderado por el Ministerio del Interior y se le delegó al OSIPTEL la implementación y operación de este sistema cuya finalidad es prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos móviles, dentro del marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
De acuerdo a las normas del Renteseg, solo los equipos móviles con IMEI legítimos y validados podrán cursar tráfico en la red móvil nacional, por lo que se continuará con el bloqueo de aquellos celulares que no se encuentren registrados en la lista blanca y están vinculados a reincidencia de alteración o reflasheo de IMEI.
El Renteseg también ha permitido el intercambio de información valiosa con las entidades encargadas de la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, para las acciones de inteligencia e investigaciones, lo que fortalece el cumplimiento de sus funciones.
