Jorge Manco Zaconetti
A pesar de estar en un período electoral que debe definir cambios en la política económica ante el agotamiento del modelo neoliberal primario exportador, donde la realidad internacional ha demostrado el carácter estratégico del sector de hidrocarburos y la importancia de las empresas estatales, Proinversión antes COPRI, la Comisión responsable de la privatización de las empresas públicas en los años noventa del siglo pasado, persiste en la privatización de PetroPerú por medio de “bloques patrimoniales”, con la promulgación de otro Decreto de Urgencia el N.º 003-2026 publicado el lunes 11 de mayo del presente. ¡No hemos aprendido la lección!
Este nuevo Decreto de Urgencia aprovecha la crítica situación de caja y liquidez de la petrolera estatal para la compra de petróleo, derivados y el abastecimiento de combustibles en el mercado nacional que ha disminuido en el tiempo transitando de una participación del 48 % en el mercado de combustibles en el 2018 para ser menos del 19 % en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, en la Amazonía la participación de PetroPerú es del 85 % en el abastecimiento de los combustibles pues no es un negocio rentable para las empresas privadas.
Con el DU N.º 010-2025 promulgado el 31 de diciembre del 2025, que fue declarado inconstitucional por el honorable Colegio de Abogados de Lima y por la propia Defensoría del Pueblo, el DU N.º 003-2026 viabiliza y refuerza el decreto anterior, pues canaliza a favor de Proinversión un préstamo privado de US $ 2,000 millones de dólares proveniente de un sindicato de bancos privados ávidos en el reparto de los activos y “bloques patrimoniales” de PetroPerú.
En esencia, el DU N.º 003-2026 está garantizado por el Ministerio de Energía y Minas, así textualmente se redacta en el numeral 3.6 que “Para garantizar la viabilidad de la operación referida…. Se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales, en el marco de la operación regulada en el presente artículo, hasta por el monto en soles equivalente a US $ 2,000 mil millones de dólares….más sus respectivos costos financieros, con cargo a su presupuesto institucional, para financiar exclusivamente la continuidad operativa de Petroperú S.A. ….. Corresponde a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada-PROINVERSIÓN-informar anualmente al Ministerio de Energía y Minas acerca de la situación operativa y financiera de PetroPerú S.A.”
Lo curioso y contradictorio es que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha tenido como Presupuesto Aprobado, con sus respectivas resoluciones ministeriales en 2025, un presupuesto de S/ 751.6 millones y en 2026 un presupuesto menor de S/ 669.7 millones de soles, con lo cual se hace responsable de garantizar el préstamo de la banca privada que en la práctica será administrado por Proinversión para financiar el capital de trabajo de PetroPerú, reponer el stock de combustibles (inventarios) y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.
En verdad este engendro jurídico y económico pensado en un estudio de abogados privado apunta, como se dice en el inciso 3.1, a autorizar a PetroPerú a participar individualmente o con terceros incluyendo bancos privados “en la constitución de un vehículo de propósito especial para recibir, canalizar y reponer aportes, destinados a asegurar su continuidad operativa (de PetroPerú S.A.) y a implementar lo previsto en el DU N.º 010-2025. PROINVERSIÓN lidera, estructura y acompaña el proceso de constitución e implementación del vehículo de propósito especial antes mencionado”.
Esto en cristiano significa que se formaran “fideicomisos” para el uso del préstamo privado de US $ 2,000 millones de dólares, el mismo que será liderado por Proinversión, que según sus altos funcionarios, es una exigencia de la banca internacional y como lo señaló el funcionario Ángel Delgado “Director del Proyecto de Reestructuración de PetroPerú” sobre los inversionistas: Hay un interés bastante real de operadores de clase mundial por la Refinería de Talara”.
Por ello fue importante la Mesa de Trabajo de la Comisión de Energía y Minas del 12 de mayo convocada por el presidente de dicha comisión, congresista Víctor Cutipa Ccama, donde al margen de los congresistas presentes participaron el último presidente del directorio de PetroPerú, representantes de la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM, INDECOPI, PROINVERSIÓN y especialistas como el Dr. Alejandro Narváez y el suscrito.
El tema central de la Mesa de Trabajo fue el análisis del “Predictamen Favorable que propone la “La ley que deroga el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, a fin de evitar la privatización de PetroPerú S.A. y fortalecer la soberanía energética del país”. Por ello, el presidente de la Comisión de Energía invitó a los citados, para enriquecer su predictamen, que ahora tiene que incorporar en el análisis los alcances del último DU 003-2026 publicado el día anterior en el diario oficial El Peruano.
Desde nuestro punto de vista hemos afirmado que el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, promulgado el 31 de diciembre de 2025, es un engendro jurídico, económico y político que nos hace retroceder a los años 1992, de la dictadura del presidente Fujimori que en julio de ese mismo año adopta la posición de privatizar por partes a la más importante empresa de la economía peruana, PetroPerú, que hasta ese entonces operaba de manera integrada es decir tenía “la integración vertical”, con lotes petroleros, la más importante refinería La Pampilla, 78 grifos, filiales rentables como Solgas, envasadora y distribuidora de gas licuado de petróleo (GLP), la Naviera Transoceánica, Terminales Marítimos entre los principales activos.
El dictador Alberto Fujimori con su ministro Jaime Yoshiyama decidieron sin estudio previo, análisis de las consecuencias de una privatización fragmentada no solamente de PetroPerú, sino también de Centromín Perú, la principal empresa estatal en minería que también se privatizó por partes desde 1996, y sus consecuencias persisten hasta ahora con el cierre desde el 2010 del “Complejo Metalúrgico de La Oroya- Fundición y Refino” el más importante del país; y que yo sepa ni el Ministerio de Energía y Minas ni PROINVERSIÓN antes COPRI, han analizado lo dejado de percibir por el Estado, el empleo perdido, los miles de millones de dólares que ha dejado de percibir el país, al exportar la producción minera del centro del país como concentrado cuyo precio se castiga en el mercado internacional.
Por ello ante las consecuencias perversas de la privatización de PetroPerú, el Congreso de la República en democracia, con la votación mayoritaria de todos los partidos aprobaron el proyecto de ley presentado por el congresista José Carrasco Távara, que se transformó en ley en junio del 2004 con el título de Ley N.º 28244 Que Excluye a PetroPerú de las Modalidades de Promoción a la Inversión Privada en Empresas del Estado Previstas en los incisos A) y D) del Decreto Legislativo N.º 674”, más conocido como la ley de la privatización.
En tal sentido, señalamos en su oportunidad que la esencia del DU 010-2025 era el establecimiento de “Bloques Patrimoniales” de Petroperú separando las unidades rentables de las no rentables, y particularmente la derogatoria de la ley N.º 28244 de junio de 2024, que excluye a PetroPerú de cualquier modalidad privatizadora, sea venta de activos, acciones, joint ventures, contratos de gerencia y liquidación.
PRIVATIZACIÓN EN CURSO
Hay que tener memoria histórica para analizar las consecuencias de la privatización de PetroPerú en especial de los lotes petroleros que se transfirieron a precios de remate, al igual que la “Refinería La Pampilla” a favor de la transnacional española Repsol, la misma que entre 1996 y 1997 obtuvo la mayoría accionaria más del 98% pagando el ridículo precio de US$ 275 millones de dólares.
La refinería más importante y moderna del país, fue transferida por US $ 275 millones y en el 2025 ha facturado por US $ 3,618 millones de dólares y entre 1997 al 2025 los ingresos acumulados por ventas han sido de US $ 77,271 millones de dólares; y tiene una participación superior al 40 % en el mercado de combustibles, y las utilidades obtenidas en la “Refinería La Pampilla” financiaron la participación del 10 % en el Consorcio Camisea que explota los lotes de Camisea 88 y 56; también le ha permitido ser el principal accionista del lote 57 con más del 55 % de participación con más de 500 grifos en el territorio nacional. En tal sentido, está en agenda de PROINVERSIÓN la privatización de la moderna de refinería de Talara la unidad más importante de PetroPerú, que le ha significado una inversión de más de US $ 6,500 millones de dólares y que debió estar operativa en junio del 2019, y que en la práctica por razones que deben investigarse mediante una “Auditoria Forense” recién estuvo operativa en setiembre del 2023.
Lo curioso es que el nuevo presidente del directorio de PetroPerú en la Mesa de Trabajo del 12 de mayo, convocada por la Comisión de Energía y Minas, el Sr. Edmundo Lizarzaburu, el cuarto presidente del directorio de la petrolera estatal en lo que va de febrero a la fecha, se opone a la Auditoría Forense, pues da una mala imagen en el exterior, sobre todo, a los posibles inversionistas que están interesados en la gestión de la moderna refinería de Talara.
Si se tiene presente que los pasivos de corto plazo a diciembre de 2025 suman los US $ 2,643 millones, donde las cuentas por pagar comerciales básicamente a los proveedores de petróleo y derivados en especial del diésel limpio, gasolinas de alto octanaje, turbo suman los US $ 1,087 millones de dólares y los pasivos financieros corrientes, es decir del año, suman los US $ 368 millones, podemos afirmar que la inyección de capital de US $ 2,000 millones proporcionados por la banca privada canalizados por medio del Decreto de Urgencia 003-2026 resultarían insuficientes.
En verdad, la política de este gobierno terminal ha profundizado la crisis económica financiera de PetroPerú, al reprivatizar los lotes petroleros de Talara excluyendo a la petrolera estatal del control de la renta petrolera, y sobre todo por no reconocer las diversas deudas que le tiene el Estado a la empresa estatal.
PetroPerú desde 2020 ha tenido que asumir los gastos de capital por mantener, supervisar el Oleoducto Norperuano que desde esa fecha al presente no traslada ningún barril de petróleo por la responsabilidad de PerúPetro la agencia estatal de promover la inversión privada en la exploración y explotación de petróleo en la Selva Nororiental. Ello desde 2020 a la fecha le significa un gasto de capital a pérdida de más de US $ 600 millones; si a ello el IGV no devuelto por las ventas de combustibles en la Amazonía de US $ 658 millones en el período de 1999 al 2015, por ser discriminada por su naturaleza de empresa estatal.
En realidad, la versión de PROINVERSIÓN y del cogollo neoliberal que existe en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en verdad es de ahogar a la petrolera estatal, en especial con el objetivo de transferir la gestión a una empresa privada transnacional, asumiendo el Estado los costos de la deuda financiera. La versión se traduce en que no estaríamos privatizando pues el Estado retendría la propiedad, solamente vamos a concesionar la refinería de Talara para que la opere un privado y genere ganancias. ¡Gran cuento chino!
Diario Uno, 16.05.2026
