El ingeniero Antonio Gamero Márquez, formuló las siguientes precisiones que denuncian con claridad los despropósitos de un grupo político, Fuerza Popular y señaló la urgencia de sancionar a Transportadora del Gas Peruano, TGP. Leamos.

Ante las recientes declaraciones políticas que expresan la intención de respaldar la construcción del denominado Gasoducto Costero que operaría Transportadora de Gas del Perú (TGP), y frente a las revelaciones oficiales del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre el colapso del sistema de transporte, es muy importante señalar lo siguiente:

1. Promover el Gasoducto Costero es condenar a mantener la actual marginación energética de la MacroSur, y a la anulación de las petroquímicas que son vitales para el ansiado desarrollo industrial :

a) Petroquímica del metano para la producción de úrea, que es vital para nuestra agricultura nacional y que la importamos en su totalidad y que nuestros agricultores vienen pagando al triple de su valor normal por las guerras de Ucrania e Irán.

b) La petroquímica de los polietilenos para no seguir quemando el etano (+/-10%) junto con el gas natural y aprovechar esta ventaja comparativa del gas de Camisea para abastecer nuestra demanda nacional y a los países de Latam y, lo principal, exportar productos con mayor valor agregado.

Apoyar el proyecto del Gasoducto Costero propuesto por Fuerza Popular, significaría postergar indefinidamente el reinicio del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Esta decisión excluiría del acceso al gas natural por ductos reales (físicos), a 12 provincias altoandinas de la Macro Región Sur (Andahuaylas, Abancay, Anta, La Convención, Cusco, San Román, Puno, Islay, Arequipa, Ilo, Moquegua y Tacna), cerca de 6 millones de peruanos condenándolos al subdesarrollo y a depender de camiones cisternas (gas virtual).

Desarrollar el gasoducto costero que propone FP busca que la demanda ancla, es decir el consumo fijo de +/- 400 millones de pies cúbicos por día (mmpcd) del gas de Camisea por las Centrales Térmicas de Mollendo y de Ilo, ya no sean transportados por el Gasoducto Sur Peruano, con lo cual se quedaría sin financiamiento y no podría reiniciarse este anhelado gasoducto que está previsto, llegue en un inicio a 12 provincias de la Macrosur.

Esta nefasta y anti técnica propuesta del ducto costero, carece del diámetro del ducto y la capacidad técnica de transporte de más gas necesarios para abastecer al futuro polo petroquímico en el sur del país (úrea y polietilenos), destruyendo la oportunidad de industrialización del Sur y del Perú.

2. Osinergmin responsabiliza a TGP: No hubo «fuerza mayor» en la crisis energética. Resulta inaceptable promover la ampliación de la concesión a favor de TGP (Adenda 2033-2043) para construir este ducto costero, cuando la propia autoridad reguladora ha señalado su responsabilidad en el peor desabastecimiento energético del país. Osinergmin rechazó oficialmente los argumentos de TGP para declarar como «fuerza mayor» la deflagración ocurrida el 1 de marzo de 2026 en el kilómetro 43 (Megantoni).

El concesionario no logró acreditar que el evento fuera imprevisible o irresistible, lo que deja a TGP expuesta a severas sanciones administrativas por paralizar el 40% de la generación eléctrica nacional y disparar los precios de la energía a más de US$ 200/MWh.

3. Un historial negligente de 13 fallas estructurales. El desastre que dejó al Perú sin gas natural no fue un evento aislado. Las investigaciones y los propios registros de Osinergmin revelan una inaceptable cadena de 13 fallas e incidentes en el sistema de ductos de TGP desde el año 2004, originados principalmente por desplazamientos de tierra y falta de obras de contención adecuadas en la Selva alta. Osinergmin ya ha establecido como criterio que un desastre natural no exime de responsabilidad, si no se ha cumplido con el mantenimiento preventivo y la protección de la infraestructura.
4. La única solución a la vulnerabilidad es la redundancia del Gasoducto Sur Peruano. Pretender solucionar la crisis con un ducto costero es un error técnico. El análisis de más de una década (2007-2017), demostró que el único proyecto diseñado para resolver la vulnerabilidad del sistema y brindar redundancia real en el tramo crítico de la Selva (desde Camisea hasta el 90km, sobre todo cuando ya existen 40 km de tuberías enterradas hasta antes de la paralización del GSP en enero del 2017) era y es el Gasoducto Sur Peruano.

Premiar a la empresa responsable de la actual emergencia energética, TGP, con nuevos contratos, en lugar de exigir justicia social y seguridad nacional mediante la culminación del GSP, es un acto que atenta contra los intereses de la Nación y la equidad territorial.

Este importante Proyecto del Gasoducto Sur Peruano puede ser DESTRABADO rápidamente para su reinicio, la Junta Liquidadora del ex Gasoducto Sur Peruano representada por ALVA LEGAL SAC que es la propietaria de todos los activos tangibles e intangibles, ha llevado al Perú ante el CIADI, justamente para que Estado peruano se haga cargo (propietario), de todos ellos y cancele lo que tenga que pagarse, con lo cual se podrá concursar el reinicio de la construcción previos estudios de verificación y actualización de todos los activos.

No es posible que se siga pagando cerca de US$ 50 millones de dólares al año por la custodia de los activos del Gasoducto Sur Peruano, a la fecha y desde el 2017 ya hemos pagado más US$ 450 millones de dólares .

Consideramos que Fuerza Popular está cometiendo un grave y craso error, que de no corregirlo tendrá una respuesta contundente del electorado de la Macrosur.

¿Qué dicen los clubes electorales tan bullangueros en asuntos sin importancia y no dicen nada en torno a las graves denuncias del ingeniero Antonio Gamero?