La salvaje migración venezolana sigue dejando muertes de peruanos de las formas más horripilantes. Un venezolano es el principal sospechoso del asesinato a golpes de su pareja Kristell Morales, de 30 años, a quien mató sin importarle que se encontraba en estado de gestación.

El crimen ocurrió en Paita, Piura, contra Kristell Morales Yenque, madre de dos hijos y con 14 semanas de embarazo, por una brutal golpiza que le propinó Wender Alzate Carrasco, venezolano y padre de los dos menores.

La víctima pereció cuando era trasladada hacia el área de emergencia del hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en Piura, a donde llegó sin signos vitales debido a las hemorragias producidas por la agresión.

Para la  policía, el principal sospechoso del feminicidio es su pareja y padre de sus dos hijos, Wender Alzate Carrasco, quien fue detenido horas después del hecho.

Familiares de la la occisa señalaron  que Kristel ya había sufrido maltratos anteriores por parte del homicida, que  permanece en la comisaría de la parte alta de Paita mientras avanzan las investigaciones por feminicidio.

  Políticos  culpables de la invasión de venezolanos

Los venezolanos siguen asesinando peruanos pero es tan bajo el nivel de políticos que tenemos, que ninguno propone ni exige medidas efectivas para expulsar a la lacra social venezolana. Muchos de ellos, como los apristas, fujimoristas y caviares atizaron la inmigración de venezolanos sin control respaldando al expresidente Pedro Pablo Kuczinsky con fines políticos y ahora ninguno de ellos se ocupa de las víctimas peruanas de la delincuencia venezolana ni siquiera para llevar un pan a los niños que quedaron huérfanos tras el asesinato de sus padres. Por ejemplo, vemos en este vídeo al aprista Jorge del Castillo:

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Se publicó la Ley N.° 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley N.° 30096) y el Código Penal con el objetivo de sancionar de manera contundente la venta y el uso ilegal de chips móviles.

Esta importante norma también modifica la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel, con lo que se busca que las empresas operadoras, responsables del proceso de contratación, compartan la información en línea de sus registros de abonados con Osiptel, a fin de que pueda estar a disposición del Ministerio Público o la PNP.

De esa manera, a partir de ahora las empresas operadoras están obligadas a proporcionar acceso a Osiptel (mediante herramientas informáticas) a toda la información relacionada al proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

La ley también establece sanciones que alcanzan penas privativas de libertad, que van desde 4 hasta 8 años, para quienes incurran en conductas ilícitas como la activación de chips móviles sin consentimiento del titular, la posesión ilegitima de chips activados vinculados a otro servicio móvil, y la comercialización ilegal de servicios móviles en la vía pública.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como ente rector del sector Telecomunicaciones, promueve y respalda todas las acciones de supervisión y fiscalización derivadas.

En ese sentido, el MTC y Osiptel coordinan los procedimientos para asegurar el cumplimiento efectivo por parte de las empresas operadora. Esta sinergia institucional es crucial para que las nuevas disposiciones se ejecuten eficazmente, garantizando que la infraestructura y los servicios de comunicación contribuyan activamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al bienestar de toda la población.

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la lucha contra el uso indebido de líneas móviles, un problema que afecta directamente la seguridad ciudadana. Las nuevas disposiciones apuntan a cerrar brechas que permitían la circulación de chips móviles sin trazabilidad y a responsabilizar penalmente tanto a quienes ofrecen estos servicios ilegales como a los que los adquieren.

El texro de la ley:

LEY N.º 32451

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30096,

LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS, Y EL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, RESPECTO A LA ACTIVACIÓN ILEGAL DE LÍNEAS DE SERVICIOS MÓVILES Y A LA POSESIÓN ILEGAL DE SIM CARD

Artículo 1. Incorporación del artículo 9-A en la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos

Se incorpora el artículo 9-A en la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, con la siguiente redacción:

“Artículo 9-A.- Activación de una SIM Card o de una línea de servicio móvil sin consentimiento del titular

El que, mediante sistemas informáticos u otro mecanismo, active una SIM Card o una línea de servicio móvil en la plataforma de abonados de una empresa operadora sin el consentimiento del titular, o cuando la información proporcionada del titular sea falsa o errónea, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con inhabilitación conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal”.

Artículo 2. Modificación del artículo 222-B del Código Penal, Decreto Legislativo 635

Se modifica el artículo 222-B del Código Penal, Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos:

“Artículo 222-B.- Posesión ilegítima de una SIM card u otro medio activado que esté asociado a una línea de servicio móvil

El que provea, comercialice o facilite la adquisición de una SIM card u otro medio activado ilegalmente que esté asociado a una línea de servicio móvil será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de nueve años y con inhabilitación conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal.

Si el agente adquiere o posee el SIM card u otro medio activado ilegalmente que esté asociado a una línea de servicio móvil, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Artículo 3. Incorporación del artículo 272-B al Código Penal, Decreto Legislativo 635

Se incorpora el artículo 272-B en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, con la siguiente redacción:

“Artículo 272-B.- Comercialización ilegal de servicios públicos móviles

El que ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con una multa de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Disposiciones adicionales

El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, emite las disposiciones adicionales necesarias para la aplicación de las modificaciones dispuestas por esta ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modificación del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL

Se modifica el literal f) del artículo 16 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, en los siguientes términos:

“Artículo 16.- Obligaciones de las entidades supervisadas

Las entidades supervisadas se encuentran obligadas a:

[…]

f) Proporcionar y facilitar al OSIPTEL, a través de herramientas informáticas, el acceso a toda la información del proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones en donde se identifique al personal que interviene, para que sea entregada al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y a las demás entidades que lo requieran”.

Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de setiembre de dos mil veinticinco.

JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ

Presidente del Congreso de la República

FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de setiembre del año dos mil veinticinco.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA

Presidenta de la República

EDUARDO MELCHOR ARANA YSA

Presidente del Consejo de Ministros

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el envío de brigadas de registradores a Washington D. C. y Nueva Jersey para actualizar los DNI de los peruanos con miras a las Elecciones Generales 2026.

La institución detalló que, del 30 de septiembre al 2 de octubre, los registradores (no funcionarios), se instalarán en el Consulado General del Perú en Paterson, de donde atenderán a los compatriotas de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania. Luego, se trasladarán al Consulado General en Washington del 4 al 7 de octubre.

Ambos viajes forman parte de la tercera campaña “Identificación sin fronteras” que realiza el Reniec en el extranjero en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar a los connacionales a actualizar información de sus DNI o renovarlos por caducidad, lo que contribuirá a elaborar un padrón electoral más actualizado para los comicios generales del 2026.

Los peruanos que acudan a los consulados podrán realizar trámites de renovación, duplicado y actualización de datos del documento de identidad. Cualquiera de las gestiones les permitirá obtener la última versión del DNI electrónico.

Esta es la segunda oportunidad que el Reniec regresa a Estados Unidos con “Identificación sin fronteras”. A finales del 2024 estuvo en Miami, donde se realizaron más de 1000 trámites de DNI. Este país concentra la mayor cantidad de electores peruano identificados con DNI (364 078).

Además, de acuerdo con cifras del V simulacro de cierre del Padrón Electoral del Reniec, en Estados Unidos hay 118 612 compatriotas mayores de 18 años con el DNI vencido, de los cuales 6820 son por contar aún con el documento de menor de edad.

Capacitación en consulados
La presencia de las brigadas del Reniec permitirá capacitar a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en la atención de trámites de DNI electrónicos y registro civil, mediante el uso de kit de capturas en vivo y tablets de la identificación.