El Tribunal Constitucional (TC) ha incorporado al Ministerio Público (MP) en el proceso de habeas corpus interpuesto por Keiko Fujimori, alias “señora K”, para archivar la causa penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, o caso “Cócteles”.

El TC señala que el Ministerio Público se pronuncie sobre el recurso de la defensa legal de Fujimori solicitando anular las imputaciones de la Fiscalía.

En resolución, el TC determinó que el MP podrá participar a través de su procurador público o de los fiscales a cargo del caso, a quienes se les deberá notificar la demanda de habeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.

“1. INCORPORAR al proceso constitucional de habeas corpus al Ministerio Público, quien podrá actuar a través de su procurador público y/o de los fiscales a cargo de la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016); en consecuencia, DISPONE que se le notifique con la demanda.”, dice la resolución del TC en su artículo 1.

Para lo anterior, el TC concede al MP un plazo excepcional de 10 días hábiles contados a partir el día siguiente de la notificación de la demanda para que alegue, de forma escrita, lo que estime pertinente sobre a sus derechos e intereses.

“2. CONFERIR al Ministerio Público el plazo excepcional de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación con la demanda, para que alegue, de forma escrita, lo que estime conveniente a sus derechos e intereses.”, dice el segundo artículo de la resolución.

Finalmente, el TC indica que ejercido el derecho de defensa por parte del MP o vencido el plazo para ello, esta causa queda expedita para la emisión de la resolución definitiva.

“Ejercido el derecho de defensa por parte del Ministerio Público o vencido el plazo para ello, esta causa queda expedita para la emisión de la resolución definitiva.”, dice el tercer numeral de la resolución.

El 27 de mayo de este año el TC evaluó en audiencia pública esta acción de habeas corpus con la participación de la defensa legal de Fujimori y del procurador público del Poder Judicial, por lo que resta recibir los argumentos del MP para emitir una sentencia final.

El TC tiene este expediente en trámite desde el 2 de julio del 2024, después de que  el Tercer Juzgado Constitucional de Lima y la Tercera Sala Constitucional de Lima, a nivel del Poder Judicial, respectivamente, rechazaran la acción, que fue presentada  contra el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional quien estuvo a cargo de control de las etapas de investigación preparatoria, intermedia y declaró procedente que sea sometida a un juicio oral por este caso.

La demanda alega que Fujimori ha sido investigada, procesada y acusada por hechos que no constituyen delito y que por eso fue detenida, pasó por prisión preventiva y posiblemente reciba condena con pena privativa de libertad

El TC argumenta que los hechos imputados por la Fiscalía no se encontraban sancionables como una modalidad de lavado de activos en 2011 y en abril 2016 sino que su incorporación recién se dio con el Decreto Legislativo 1249 del 26 de noviembre de 2016.

El 2 de julio, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó ante el despacho del juez Wilson Verastegui su nueva acusación fiscal por este caso, solicitando 35 años de prisión para Fujimori por los presuntos aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales de los años 2,011 y 2,016. La acusa de los presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal en concurso de delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó el dictamen que propone modificar la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal y la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas para establecer la inhabilitación definitiva de las empresas nacionales y extranjeras involucradas en delitos de corrupción, así como de las personas naturales o jurídicas que abandonen ilegal o injustificadamente obras públicas.

La aprobación logró 15 votos a favor y 4 abstenciones, y corresponde a los proyectos de ley 11090 y 11510.

Según el dictamen elaborado por el grupo de trabajo que preside el congresista Ilich López Ureña (AP), las sanciones tienen que ver con la suspensión de actividades sociales, no menor a 6 meses ni mayor a 2 años, prohibición de realizar a futuro las mismas actividades en caso de sentencia penal o ejecutoria. También se establecen los impedimentos para contratar, así como el registro de inhabilitados para contratar con el estado.

SUPERVISORES DE OBRAS

De igual forma, fue aprobado, con 15 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el dictamen recaído en el PL 1429, Ley que regula las funciones y sanciones de los supervisores de obras públicas y que crea el Registro de Supervisores y Proyectistas y el Registro de Control de Garantías de las empresas autorizadas, a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el caso de contrataciones públicas.

El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial (PJ) ordenar el impedimento de salida del país y dictar nuevas reglas de conducta contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el proceso penal que se le sigue por el escándalo de corrupción Lava Jato.

Está a cargo del caso el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que programó para el martes 23 de setiembre el inicio del juicio oral contra Villarán.

En la Fiscalía, realizó el pedido el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, representante del equipo especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, que también solicitó la acumulación de reglas de conducta al mandato de comparecencia con restricciones contra la imputada.

Además requirió al PJ el impedimento de salida del país contra los exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima: Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Zevallos y otras 11 personas implicadas en el caso. Uno de los procesados en este escándalo era José Miguel Castro, quien fue hallado sospechosamente muerto en su vivienda.

Otro requerimiento al PJ fue dictar mandato de prisión preventiva contra Mario Ruas Nogueira y mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra Freddy Chirinos en este proceso penal.

Las solicitudas serán evaluadas por el juez Jorge Chávez Tamariz este jueves 10 de julio en una audiencia de carácter presencial prevista para las 11 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra siete de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, a donde deberán acudir las partes involucradas para exponer sus alegatos.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para el martes 23 de setiembre el inicio del juicio oral contra Villarán y otros por los presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares por parte de los ladrones de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S para financiar tanto su campaña por el NO a su revocación en 2013 como para su campaña de reelección en 2014.

José Domingo Pérez Gómez pidió 29 años de prisión contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán al acusarla por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado.

Entre los acusados por la Fiscalía figuran  exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, como Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros para quienes se ha solicitado penas de nueve a 25 años de prisión.