Pronunciamiento del Movimiento por el Socialismo, sobre el referéndum del 9 de diciembre

Derrotemos al fujimorismo y el aprismo, y continuemos la lucha por un gobierno democrático patriótico y una nueva constitución

El 9 de diciembre se realizará el referéndum, en medio de una gran crisis social y política del país. Aparentemente opacado por la fuerza de los acontecimientos generados por los procesos judiciales contra Keiko y Alan García, finalmente se precipitan las definiciones de las clases y partidos, precisamente bajo el influjo, el impacto, que están dejando en la población los juicios a los líderes mencionados y en general por los escandalosos casos de corrupción que han inundado la sociedad peruana.

Frente al referéndum del 9, los campos ya están definidos

El gobierno de Vizcarra, que promovió el referéndum desde el 28 de julio – convocado por el Congreso luego de su inicial oposición-, ha llamado abiertamente a votar por el Sí, Sí, Sí y el No. Pese a las múltiples diferencias existentes con ciertos aspectos, o la política general del gobierno, la mayoría de las organizaciones y tendencias progresistas respalda la postura del gobierno. Mientras los apristas, fujimoristas y otras fuerzas conservadoras- con algunos matices- promueven el No, No, No, No.

Los campos están definidos. Los debates no se han desarrollado como exigía la importancia de los temas planteados, pero la intensidad de lucha política marcada por los escándalos de corrupción y los juicios contra los involucrados, en los que destacan Keiko Fujimori y Alan García, ha colocado al referéndum como una contienda entre las fuerzas democráticas y las fuerzas reaccionarias, estas últimas expresadas, principalmente, en el fujimorismo y el aprismo.

Frente a este referéndum que está a punto de realizarse, sin embargo, algunos partidos o núcleos de izquierda -y de la vanguardia popular- están llamando a votar por el No o por el voto viciado. Ciertamente, estas tendencias no expresan al fujimorismo ni al aprismo reaccionarios, sino, de algún modo, reflejan la indignación, la cólera y la desconfianza histórica de importantes sectores del pueblo contra las élites dominantes, incluido el actual Gobierno. La gran limitación de todos ellos es que su impaciencia -una vez más- no les permite comprender que ahora mediante un referéndum burocrático, como el que promueve el gobierno de Vizcarra, es posible provocar una derrota política aplastante al aprismo y al fujimorismo y, de este modo, avanzar en la lucha emancipadora del pueblo.

El bonapartismo de Vizcarra y el referéndum

En la década del 90 del siglo pasado, luego de que el país fuera hundido en una profunda y prolongada crisis económica y conmocionado por una cruenta guerra interna, emergió el fujimorismo que, apoyándose en la fuerza del militarismo, en la influencia de los medios de comunicación de los grandes capitalistas y en el poder económico de estos últimos, impuso a nuestra patria su espuria Constitución que terminó por consagrar la política neoliberal del Estado que ya venía aplicándose gradualmente en los años precedentes. Desde entonces, se inició la lucha para cambiarla y erradicarla. Sin embargo, estas aspiraciones de los sectores más avanzados del pueblo y de los sectores más progresistas de las capas medias democráticas, hasta el momento no se han convertido en realidad.

Ahora, en medio de una grave crisis social y política, engendrada por los escándalos de corrupción que involucran a casi todas las autoridades, incluido los Presidentes, el país ha sido empujado a un precipitado proceso constitucional. El promotor es el gobierno de Vizcarra, que emergió como un nuevo Gobierno bonapartista en la historia política del Perú, que se coloca por “encima de todas las clases” y de “todas” las instituciones del Estado, para defender de mejor manera, en estos tiempos de crisis, al sistema capitalista.

Vizcarra llegó al poder repentinamente, gracias al vacío dejado por el renunciante presidente PPK -que encabezó un precario y fugaz gobierno- ; fue nombrado Presidente por su condición de Vicepresidente del gobierno que se instaló el 2016, pero políticamente, ello fue posible como resultado de la aguda lucha en las alturas y de las activas movilizaciones de masas protagonizadas por las capas democráticas y los sectores populares.

Una vez en el poder, y ante la continuidad de la crisis política, Vizcarra tomó la decisión política de impulsar el actual proceso constituyente controlado, para realizar cambios parciales antes de que el pueblo se desborde y avance hacia una negación radical de todo el régimen político imperante.

Vizcarra, un político proveniente de las capas emergentes, apoyándose en la indignación de las masas, canalizando la lucha democrática en las calles convocó al referéndum desafiando principalmente al poder del Congreso dominado por el fujimorismo que, desde el 28 de julio del 2016, había decidido hacer sentir su condición de “primer poder del Estado”. Su decisión fue sorpresiva. Actuando con una cierta autonomía, pero con el claro objetivo de consolidarse políticamente en toda la sociedad, para hacer posible un gobierno que garantice la vigencia y aplicación del neoliberalismo, al servicio de todos los capitalistas, en especial de los grandes capitalistas.

Sin embargo, a pesar de su naturaleza de clase y su carácter burocrático, el proceso constituyente en curso ha posibilitado y precipitado la crisis, bancarrota y disgregación del aprismo y el fujimorismo.

En medio de los destapes de la corrupción, que comprometían a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, a la ex Alcaldesa Susana Villarán y al señor Pedro Pablo kuczynski,- que tuvo que renunciar a la presidencia- , y en el marco de las grandes movilizaciones de masas que sensibilizaban a la población, Vizcarra, una vez instalado en Palacio de Gobierno, después de sus primeros meses grises de gestión, se lanzó a una ofensiva contra el Congreso. El 28 de julio planteo la iniciativa del parlamento. Sobre esta base, utilizando todo su poder político, y contando con el apoyo de los medios de comunicación de los grandes capitalistas, se convirtió en el “representante principal” de las fuerzas sociales y políticas que se habían movilizado en en los últimos años en defensa de la democracia.

Con el tiempo, mientras la popularidad de Vizcarra aumentaba vertiginosamente, el desprestigio del fujimorismo y el aprismo se profundizaba como en ningún otro período. Y, ciertamente, también la fuerza política de los verdaderos promotores de la lucha democrática en las calles, se restringía significativamente. Al final de esa coyuntura, se integraron mayores contingentes de las fuerzas populares, quienes se movilizaron exigiendo cambios más radicales, como la convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente para elaborar una Nueva Constitución. Sin embargo, la mayoría de la población se conformaba con un cambio parcial, a condición de castigar severa en inmediatamente, a las autoridades descubiertas como corruptas: las masas movilizadas, en general la mayoría de la población, deciden delegar su poder a Vizcarra.

Desde el 28 de julio del presente año se inició pues un proceso político y legal complejo; y pese a todas sus características, antes mencionadas, éste ha representado un paso adelante, un inocultable progreso.

No se pudo crear una fuerza capaz de cambiar la Constitución o adelantar las elecciones generales, como querían algunos grupos y personalidades; ni tampoco para cerrar el Congreso, como lo deseaba, en los momentos más intensos de la lucha, la mayoría de la población. Sin embargo, el proceso constituyente impulsado desde arriba ha logrado desorganizar, colocar al borde del abismo, al aprismo y al fujimorismo, que desde el Parlamento y los órganos de justicia, amenazan de manera permanente a la democracia y al pueblo. La detención de Keiko y la reciente vergonzosa huida fallida de Alan García, el desprestigio, la descomposición, acelerada de sus respectivos partidos, en particular de Fuerza Popular, son los hechos contundentes que evidencian los componentes progresivos del proceso político y legal en marcha.

Este proceso constituyente no ha sido nada casual, ha sido un subproducto de la incesante lucha de nuestro pueblo, de las capas medias democráticas y de la resistencia de los trabajadores a lo largo de varios años –que ha involucrado ya a varias generaciones-; y de manera particular es un subproducto de la lucha democrática de los últimos años promovida por diversos sectores sociales y personalidades democráticas, animada en particular en las calles por los jóvenes, quienes, en medio de la crisis y el retroceso de las fuerzas progresistas en el país, tuvieron la capacidad de impedir la victoria del fujimorismo en las elecciones del 2016. Desde entonces, los jóvenes continuaron en ese camino manteniendo la esperanza viva de todas las fuerzas democráticas, más aún cuando se profundizaron los destapes del caso Odebrecht y estalló el caso de los audios de la banda de los “cuellos blancos”.

El referéndum no es pues un regalo del Gobierno o de las élites dominantes. Es una concesión que se ven obligados en dar, antes que se desencadene la tormenta popular que acabe radicalmente con el statu quo neoliberal corrupto. Por lo tanto, a pesar de su carácter, este referéndum permite avanzar en la lucha por conquistar una Nueva Constitución y una Nueva Sociedad.

No es posible construir un mundo nuevo con el neoliberalismo

El referéndum, y la lucha en torno a este acontecimiento, son tan sólo síntomas de problemas más profundos que se desarrollan en la sociedad peruana, en América Latina y en todo el mundo capitalista.

Los destapes de la corrupción de las autoridades, de los empresarios, del núcleo principal de las élites dominantes; nos están enseñando las causas más profundas por las cuales nuestro país se encuentra estancado, lacerado por las grandes desigualdades sociales y conmocionado por olas de violencia y de corrupción.

¿Estos males son simplemente consecuencias de una Constitución o de los errores de determinadas autoridades? No. Las causas son más profundas. Son consecuencia del poder real que ejercen determinadas clases sociales.

En los destapes y en la lucha contra la corrupción, sin duda, están jugando un papel importante personalidades e instituciones democráticas progresistas. Pero, es muy probable que estos hechos sean producto de otras razones más ocultas y nada santas: son un reflejo de la lucha entre los capitalistas, entre las transnacionales, vale decir, de una la lucha de “pillos”. En cualquiera de los casos, estos destapes están ayudando a millones de personas a comprender los verdaderos orígenes sociales de los problemas fundamentales de nuestra sociedad (y del mundo).

¿Qué nos dicen las noticias? Abogados, periodistas, congresistas y hasta los Presidentes, son simplemente individuos que se venden a los empresarios, a los grandes capitalistas y a las transnacionales, que son los que tienen el verdadero poder en el Perú (y en el mundo), y que también son los responsables principales de todas las desigualdades, desgracias y decadencias, que se desarrollan en la sociedad.

La política neoliberal que imperó durante décadas, impuesta de manera particular durante el gobierno de Alberto Fujimori, creó el ambiente propicio para que la “corrupción” se extendiera y profundizará en toda la sociedad; posibilitó el mayor enriquecimiento de los grandes capitalistas tradicionales y también de los burgueses emergentes. Y que esa riqueza “legal” e “ilegal”, en todo este período fue producto de la bárbara explotación de los trabajadores, de las prolongadas jornadas laborales y los salarios miserables, visiblemente escuálidos en comparación a las grandes ganancias de los capitalistas, ganancias que se multiplicaron durante los años de bonanza económica.

Tal como nos enseñan las experiencias de los gobiernos progresistas en América Latina, no es posible conquistar cambios profundos y duraderos en los marcos del neoliberalismo. El error más grave de casi todos los movimientos progresistas es haber pretendido construir “un mundo nuevo” sin alterar la política fundamental del neoliberalismo, estableciendo una política de concesión permanente a los grandes grupos del poder económico.

La lucha de los trabajadores y de los pueblos continuará. Para avanzar y conquistar nuevas victorias se imponen evaluaciones profundas de esas experiencias. Los gobiernos de derecha que, a diferencia de hace unos años hoy predominan en América Latina, no durarán mucho tiempo. Están insistiendo en una política como el neoliberalismo que está condenada al fracaso, y que sólo encenderá las pasiones para nuevas protestas y luchas populares.

El 9 de diciembre acabemos con el fujimorismo y el aprismo.

El 9 diciembre no se cambiará la política neoliberal imperante, menos aún se acabará con la explotación capitalista. Tampoco podrá cambiarse la Constitución del 93. Pero sí es posible, mediante esa consulta popular, sepultar políticamente al fujimorismo y al aprismo. Hay que culminar la lucha realizada en las calles, en los diversos medios de comunicación y en algunas instancias del Poder Judicial.

La lucha continuará, y tendrá que impulsarse con mayor consciencia. El señor Vizcarra, que en última instancia asumió la Presidencia gracias a la lucha democrática, si decide pasar a la ofensiva contra los trabajadores, como le piden con descaro los empresarios, inevitablemente tendrá que enfrentar la justa lucha de todos los trabajadores del Perú por defender sus derechos sociales y políticos.

El Movimiento por el Socialismo, fiel a su identificación histórica y política con los trabajadores y a sus ideales de lucha por una nueva sociedad socialista, estará en todas esas nuevas batallas. Pensando en ese futuro, está comprometido directamente en la lucha del 9 de diciembre, promoviendo un apoyo crítico y consciente, con el objetivo de derrotar al fujimorismo y al aprismo y, de este modo, despejar el camino para continuar avanzando en la lucha por la emancipación de nuestro pueblo y de nuestra patria.

Lima, 2 de diciembre de 2018.

Movimiento por el Socialismo