DECRETO LEGISLATIVO N.º 1744
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 32743, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño (en adelante “Ley autoritativa“), el Congreso de la República delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre las referidas materias por el plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal b) del numeral 2.1.3 del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley autoritativa faculta al Poder Ejecutivo a la modificación del artículo 279-G del Código Penal para ampliar las conductas sancionadas vinculadas con la fabricación, ensamblaje, modificación, almacenamiento, suministro, comercialización, tráfico, uso, porte y tenencia ilegal de armas, municiones, accesorios y materiales destinados para su fabricación o modificación, y la incorporación en el citado código de los artículos 428-C, para sancionar al titular de una licencia que declare falsamente o inserte información falsa respecto de la pérdida, sustracción o extravío de armas, municiones o accesorios, incluyendo la cancelación definitiva de la licencia, y 438-B, para sancionar la suplantación de identidad y el uso indebido de licencias o autorizaciones ajenas para adquirir, registrar, transferir, poseer o portar armas de fuego y municiones;
Que, el literal c) del numeral 2.1.3 del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley autoritativa faculta a legislar en la incorporación del artículo 221-A en el Nuevo Código Procesal Penal, para regular la incautación, comunicación, custodia e internamiento de armas, municiones y materiales relacionados con investigaciones penales;
Que, el numeral 2.1.8 del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley Autoritativa faculta a legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos, a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como en lo concerniente al tratamiento penitenciario y la asistencia postpenitenciaria, de conformidad con los principios de primacía de la Constitución, razonabilidad, legalidad, taxatividad, lesividad, proporcionalidad y convencionalidad. En ese marco, de acuerdo con el subnumeral 1 del literal a) de dicho numeral, se faculta para modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para fortalecer la respuesta penal frente a los delitos de extorsión, sicariato, secuestro, criminalidad organizada, bandas criminales y otros delitos violentos o pluriofensivos de especial gravedad. Asimismo, de acuerdo con el subnumeral 3 del literal a) de dicho numeral, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer límites y condiciones para la conversión de penas privativas de libertad respecto de delitos de elevada lesividad, modificando los umbrales que actualmente permiten acceder a dichos mecanismos cuando corresponda;
Que, la evolución del fenómeno delictivo evidencia la consolidación de nuevas modalidades de criminalidad violenta y organizada, caracterizada por el empleo de armas, mecanismos de intimidación, equipos tecnológicos, servicios de telecomunicaciones y estructuras jerarquizadas destinadas a facilitar las ganancias económicas derivadas de las actividades ilícitas, lo que incrementa la capacidad operativa de los agentes y genera mayores dificultades para su identificación y el éxito de la persecución penal, por lo que resulta necesario actualizar el Código Penal a las actuales formas de comisión delictiva y con ello fortalecer la protección de bienes jurídicos;
Que, de igual manera, la eficacia de la lucha contra la criminalidad violenta, informática y organizada requiere incidir sobre las conductas que constituyen la ejecución inmediata de los hechos delictivos, tales como las que se efectúan a través de los agentes que prestan cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros, para facilitar el delito de extorsión;
Que, por otro lado, el literal e) del numeral 2.1.8 de la Ley autoritativa faculta al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos, para actualizar los tipos penales y agravantes frente a las nuevas modalidades de ciberdelincuencia, fortalecer la respuesta penal frente al acceso ilícito a sistemas y datos, fraude informático, suplantación de identidad y utilización de tecnologías digitales como instrumentos para la comisión de delitos; adecuar la legislación frente al empleo de medios informáticos por organizaciones criminales y en la comisión de delitos de extorsión, pluriofensivos, criminalidad organizada, bandas criminales y delitos violentos, y, actualizar las disposiciones necesarias para facilitar su investigación y persecución penal frente a las nuevas modalidades tecnológicas;
Que, la ciberdelincuencia en el Perú se encuentra estrechamente vinculada con el incremento de las extorsiones a nivel nacional; en este contexto, la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos, presenta deficiencias en la tipificación de conductas vinculadas al acceso ilícito a sistemas informáticos, mediante el empleo de las nuevas tecnologías de comunicación o el engaño, que las nuevas modalidades delictivas han rebasado, por lo que corresponde adecuar sus artículos 2 y 11 a la realidad criminológica actual, precisando sus elementos típicos y sus consecuencias jurídicas a fin de dotar a los operadores de un marco normativo que permita una persecución penal eficaz frente a conductas que hoy se cometen mediante aplicaciones móviles o plataformas digitales;
Que, el literal a) del numeral 2.1.2 del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley autoritativa faculta a modificar el Decreto Legislativo Nº 1182 para fortalecer los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos terminales móviles y dispositivos electrónicos utilizados para la comisión de delitos, conforme a las garantías constitucionales y legales aplicables;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, establece el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, pero su formulación vigente presenta limitaciones que restringen la eficacia de las solicitudes de geolocalización y localización en tiempo real, especialmente cuando los equipos son utilizados para cometer ilícitos penales relacionados con la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos, catálogo que no se encuentra incorporado dentro de los supuestos de procedencia para su aplicación;
Que, en el literal j) del párrafo 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM, señala que están exceptuados de la obligación de presentar expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) las disposiciones normativas en materia penal o que regulan los procesos en vía judicial (como códigos o leyes procesales); por lo que la aplicación del AIR Ex Ante no resulta exigible en el presente decreto legislativo, debido a que las disposiciones abordan modificaciones al Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal; la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos; el Decreto Legislativo Nº 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; y el Decreto Legislativo Nº 957, que promulga el Nuevo Código Procesal Penal, para modificarlas exclusivamente en materia penal y procesal penal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, el numeral 1 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en ejercicio de la facultad delegada en el literal a) del numeral 2.1.2, en los literales b) y c) del numeral 2.1.3 y en el numeral 2.1.8 del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 32743, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Senado;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 635, LA LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS, EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 957, Y EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1182, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE LOS DATOS DERIVADOS DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y GEOLOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO, PARA FORTALECER LA LUCHA Y LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS DELITOS VIOLENTOS E INFORMÁTICOS
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar los artículos 52, 52-B, 108-D, 200, 279-G, 303-C, 317-B, 368-A y 411 del Código Penal, así como incorporar los artículos 428-C y 438-B al mismo cuerpo normativo; modificar los artículos 2 y 11 de la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos; modificar el artículo 266 e incorporar el artículo 221-A al Nuevo Código Procesal Penal; y modificar los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Artículo 2.- Finalidad
El presente decreto legislativo tiene por finalidad optimizar la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada, en particular aquellas que involucran el uso de armas, tecnologías digitales, servicios de telecomunicaciones e instrumentos financieros.
Artículo 3.- Modificación de los artículos 52, 52-B, 108-D, 200, 279-G, 303-C, 317-B, 368-A y 411 del Código Penal.
Se modifican los artículos 52, 52-B, 108-D, 200, 279-G, 303-C, 317-B, 368-A y 411 del Código Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 52.- Conversión de la pena privativa de libertad
(…)
No se podrá convertir la pena privativa de libertad a la pena de expulsión a los sentenciados por los delitos tipificados en los artículos: 108-C, 129-A, 129-B, 129-C, 129-D, 129-F, 129-G, 129-H, 129-I, 129-J, 129-K, 129-L, 129-M, 129-N, 129-Ñ, 129-O, 152, 186, 188, 189, 200, 296, 297, 303-A, segundo párrafo del 303-C, 317 y 317-B”.
“Artículo 52-B.- Conversión de la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal.
1. El juez, de oficio o a pedido de parte, puede convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal en aquellos casos en que la pena impuesta es no mayor de diez años.
2. Cuando la pena privativa de la libertad se encuentra en ejecución, el juez, a pedido de parte, puede convertirla por la pena de vigilancia electrónica personal, si la pena en ejecución es no mayor de diez años.
3. En todos los delitos culposos previstos en el Código Penal, el Juez impone preferentemente la pena de vigilancia electrónica personal por la de privación de libertad efectiva, cuando corresponda ésta última.
(…)”.
“Artículo 108-D.- La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de doce años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda:
(…)
La pena privativa de libertad será no menor de doce ni mayor de quince años, si las conductas antes descritas se realizan con la intervención de un menor de edad u otro inimputable, o desde el interior de un establecimiento penitenciario”.
“Artículo 200.- Extorsión
(…)
200.3. La pena establecida en el párrafo 200.1 se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. La misma pena se aplica al que, con conocimiento de su finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporciona, cede o presta la utilización de cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros, propios o de terceros, destinados a recibir o canalizar la ventaja económica indebida exigida.
(…)”.
“Artículo 279-G.- Fabricación, comercialización, uso o porte de armas
(…)
La tenencia de los bienes antes descritos no es punible durante el plazo para el trámite de renovación de la licencia, previsto en la normativa de la materia.
Será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hacen referencia en el primer párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.
La pena privativa de libertad es no menor de doce ni mayor de catorce años cuando concurran los supuestos previstos en el primer párrafo y cualquiera de las armas o bienes tenga suprimido, sustituido o alterado su número de serie, marca, código u otra característica que permita su identificación o trazabilidad.
(…)”.
“Artículo 303-C.- Reingreso Clandestino o Ilegal
El que, contando con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada o sanción administrativa firme, hiciere reingreso al territorio nacional de manera ilegal o eludiendo el control migratorio, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
Cuando los extranjeros reingresen al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior, existiendo causales de impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años. El que reingresa al territorio peruano utilizando un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años”.
“Artículo 317-B. Banda criminal
El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente; será reprimido con una pena privativa de libertad de no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.
“Artículo 368-A.- Ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión
(…)
Si el agente se vale de su condición de autoridad, abogado defensor, servidor o funcionario público para cometer o permitir que se cometa el hecho punible descrito, la pena privativa será no menor de diez ni mayor de quince años e inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1 y 2, del presente Código.
Si el agente se vale de su condición de autoridad, servidor o funcionario público penitenciario, la pena es no menor de quince años ni mayor de veinte años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1 y 2 del presente Código”.
“Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
(…)
La pena es no menor de cuatro ni mayor a ocho años con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa y la inhabilitación de conformidad con el inciso 6 del artículo 36 del presente Código, si la conducta descrita en el primer párrafo se refiere a la pérdida o sustracción de arma de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación.
La pena es no menor de seis ni mayor de diez años, con doscientos ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa y con inhabilitación de conformidad con los incisos 1y 6 del artículo 36 del presente Código, si la conducta descrita en el párrafo anterior es cometida por un miembro de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas o por un funcionario o servidor penitenciario”.
Artículo 4.- Incorporación de los artículos 428-C y 438-B al Código Penal
Se incorporan los artículos 428-C y 438-B al Código Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 428-C.- Falsedad en la declaración de pérdida o sustracción de armas de fuego y bienes relacionados
El titular de licencia que inserta o hace insertar información falsa en cualquier documento o registro oficial sobre la pérdida o sustracción de armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, si de su uso puede resultar algún perjuicio, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa y la inhabilitación de conformidad con el inciso 6 del artículo 36 del presente Código.
La pena es no menor de seis ni mayor de diez años, con doscientos ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa y la inhabilitación de conformidad con los incisos 1 y 6 del artículo 36 del presente Código, si la conducta descrita en el párrafo anterior es cometida por un miembro de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas o por un funcionario o servidor penitenciario”.
“Artículo 438-B.- Suplantación en los trámites de adquisición, registro, transferencia o autorización de porte o tenencia de armas de fuego y bienes relacionados.
El que suplanta la identidad de una persona con el objeto de adquirir, registrar, transferir u obtener autorización de porte o tenencia de armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa y la inhabilitación conforme con el inciso 6 del artículo 36 del presente código.
El que hace uso indebido de licencias o autorizaciones de otra persona, como si fuese propio, es reprimido con las mismas penas”.
Artículo 5.- Modificación de los artículos 2 y 11 de la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos.
Se modifican los artículos 2 y 11 de la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos, en los siguientes términos:
“Artículo 2.- Acceso ilícito
El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático, o se excede en lo autorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa.
Si el agente accede deliberada e ilegítimamente, en todo o en parte, al sistema informático, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo o mediante la utilización no autorizada de credenciales de autenticación, códigos de verificación u otros mecanismos destinados a verificar la identidad del usuario, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días-multa”.
“Artículo 11.- Agravantes
El juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley cuando:
1. El agente comete el delito con la intervención de dos o más personas.
2. El agente comete el delito mediante el abuso de una posición especial de acceso a la data o información reservada o al conocimiento de esta información en razón del ejercicio de un cargo o función.
3. El agente comete el delito con el fin de obtener un beneficio económico, salvo en los delitos que prevén dicha circunstancia.
4. El delito compromete fines asistenciales, la defensa, la seguridad y la soberanía nacionales.
5. El agente comete el delito empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas.
6. El agente comete el delito afectando activos críticos nacionales.
7. El agente comete el delito mediante la utilización de una persona jurídica.
Cuando el agente comete cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley en calidad de integrante de una organización criminal, el juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el delito”.
Artículo 6.- Modificación del artículo 266 del Nuevo Código Procesal Penal.
Se modifica el artículo 266 del Nuevo Código Procesal Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 266.- Detención judicial en caso de flagrancia
1. El Fiscal para la realización de los actos de investigación, puede requerir al Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las veinticuatro (24) horas de producida la detención efectiva por la Policía Nacional, la emisión del mandato de detención judicial en caso de flagrancia hasta por un máximo de siete (7) días, cuando por las circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de peligro procesal. En los delitos de reingreso clandestino o ilegal, el fiscal requiere en forma obligatoria la detención judicial en caso de flagrancia hasta por el plazo de diez (10) días. En los delitos de extorsión, sicariato y secuestro, y los cometidos por organizaciones criminales, la detención judicial por flagrancia puede durar hasta un plazo máximo de quince (15) días.
(…).”
Artículo 7.- Incorporación del artículo 221-A al Nuevo Código Procesal Penal
Se incorpora el artículo 221-A al Nuevo Código Procesal Penal, el cual queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 221-A.- Incautación, comunicación, custodia e internamiento de armas de fuego, municiones y materiales relacionados
1. Cuando, en el curso de la investigación, se hallen armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios u otros materiales relacionados vinculados a la comisión de un delito, la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, según corresponda, proceden a su incautación conforme a las reglas previstas en el Título X, Sección III del Libro Segundo del presente Código y sus normas conexas, en lo que fuera pertinente.
2. Dicha incautación se documenta en acta, con descripción detallada de cada bien: tipo, marca, modelo, calibre, numeración de serie, la constancia de su modificación, de corresponder, el estado de conservación del bien y la cantidad de municiones o materiales relacionados. Se complementa con registro fotográfico o audiovisual y se inicia de inmediato la cadena de custodia.
3. La Policía Nacional del Perú comunica la incautación al fiscal dentro de las veinticuatro (24) horas de hallado el bien. El fiscal, o la Policía bajo su conducción, comunica el hecho dentro del mismo plazo a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), para que adopte las medidas que correspondan.
4. El internamiento del bien, luego de practicadas las pericias u otras diligencias pertinentes, no impide que se pongan a disposición del órgano jurisdiccional cuando se requieran para el juzgamiento”.
Artículo 8.- Modificación de los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Se modifican los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en los siguientes términos:
“Artículo 2.- Finalidad
La finalidad del presente decreto legislativo es regular el acceso de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, en casos de flagrancia delictiva o en investigaciones preliminares por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el delito contra la libertad, el delito contra el patrimonio, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos, delitos de trata de personas, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de minería ilegal, delitos comprendidos en la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos, y los delitos comprendidos en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, a la localización, geolocalización o rastreo de los teléfonos móviles y/o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación”.
“Artículo 3.- Procedencia
La unidad a cargo de la investigación policial solicita a la unidad especializada el acceso inmediato a los datos de localización, geolocalización o rastreo de los teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
a. Cuando se trate de flagrante delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 del Decreto Legislativo Nº 957, Código Procesal Penal, o investigaciones preliminares por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud; el delito contra la libertad, el delito contra el patrimonio, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos, delitos de trata de personas, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de minería ilegal, delitos comprendidos en la Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informáticos, y los delitos comprendidos en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.
b. Cuando el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad.
c. Únicamente cuando constituya un medio indispensable para la investigación. El acceso a los datos debe ser autorizado y ejecutado con las debidas garantías”.
Artículo 9.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto de las instituciones públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 10.- Publicación
El presente Decreto Legislativo es publicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para la Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus) y del Ministerio del Interior (www.gob.pe/mininter), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro del Interior.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Senado.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil veintiséis.
KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI
Presidenta de la República
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE
Presidente del Consejo de Ministros
ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
CÉSAR AUGUSTO ASTUDILLO SALCEDO
Ministro del Interior
1 comentario
Hubiera sido bueno incluir en la ley la propuesta del coronel Harvey Colchado de considerar delito el solo hecho de enviar mensajes de contenido extorsivo, incluso si no se llega a concretar el hecho.