Advierten que la reforma –cuya labor ha sido reforzada–demanda una adecuada elección de auditores para evitar el abuso de poder.
Tras los reclamos de varios bufetes de abogados, quienes sostuvieron la semana pasada que la norma dictada por el Ejecutivo para combatir la elusión generaba inseguridad jurídica, surgieron voces que aprueban la norma siempre que se dé una aplicación prudente de la misma.
Luis Alberto Arias, presidente ejecutivo de Inde Consultores, acepta que la medida fortalece a la Sunat y le brinda un mayor poder para evitar cualquier tipo de elusión, es decir, la ejecución de una serie de acciones que, sin ser ilegales, permiten evitar el pago de impuestos. De esta forma, añadió, se está siguiendo una tendencia internacional ya aplicada en Estados Unidos, Alemania o Canadá y recomendada por los principales organismos como el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias).
Arias aclaró, no obstante, que esta norma de carácter general requiere para su correcta aplicación de la contratación de auditores adecuadamente preparados para esta tarea. “No cualquiera puede ir a las empresas a observar si se está o no practicando la elusión. La Sunat debe aplicar las facultades que se le están otorgando con prudencia y preparar bien a los auditores, porque la elusión es una operación muy sofisticada. Debe hacerlo de a pocos, con mesura, documentando y difundiendo debidamente cada caso, para poder generar una jurisprudencia y una cultura antielusiva entre los contribuyentes”, afirmó.
La norma, según manifestó Jorge Bravo Cucci, del estudio Rosselló, no establece con exactitud el sentido en que interpretará la Sunat la palabra elusión en cada caso particular, sino que abarca en general cualquier planeamiento tributario y dependerá del auditor asignado determinar si la empresa debió o no pagar.
Arias defendió que la norma sea de corte general porque complementa así los vacíos que dejan las normas particulares, creadas para prácticas comunes que ya han sido identificadas.
UNA PRÁCTICA COMÚN
Según declaró el ministro Castilla antes de emitir la norma, en el país se realiza el doble de las prácticas elusivas respecto del promedio de los otros países de Latinoamérica.
Arias asegura que no existen métricas exactas de cuántas empresas eluden impuestos, pero aseguró que forman parte del 40% identificado como evasiones de impuestos.
La elusión es una práctica que realizan pocas empresas pero que implica el no pago de impuestos en fuertes cantidades. Cada caso puede involucrar decenas de millones de dólares.
Una de las formas más comunes de elusión local es la creación de terceras empresas para brindar un servicio que, en realidad, evita el pago de un impuesto a una gran corporación.
El Comercio, 14-08-2012
