Acción Popular presenta proyecto de ley de consulta previa
Tiene que haber acuerdo entre Estado y pueblos nativos cuando afecten sus derechos.
Es ley de desarrollo del Convenio 169 de la OIT.
El congresista Yonhy Lescano ha presentado el proyecto de Ley sobre el Derecho de Consulta Previa, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas u organismos a ser consultados por el Estado antes de emitir medidas legales o administrativas que afecten directamente sus derechos. Lescano explicó que lo que se trata es desarrollar este derecho, ya que éste es reconocido en el Convenio 169 de la OIT.
Hay que recordar que el anterior gobierno por haber hecho caso omiso a esta exigencia, sacó una serie de decretos legislativos que conculcaban los más elementales derechos de las comunidades nativas, pues pretendieron literalmente rematar los recursos naturales como el gas, petróleo, madera, minerales, ubicados en los territorios que ocupan ancestralmente estos grupos de peruanos.
El parlamentario recordó el lamentable caso llamado “Baguazo” acaecido el 05 de junio del 2009 en el que murieron 33 personas (23 policías y 10 nativos). Este alto costo en vidas humanas se hubiera evitado, si es que el gobierno anterior se hubiera tomado la molestia de consultar a los pueblos nativos. Lo mismo ha ocurrido en el caso de la Central Hidroeléctrica de Inambari, en el que el gobierno otorgó una concesión temporal a favor del consorcio extranjero EGASUR de capitales brasileros, a pesar de la protesta masiva del pueblo de Puno, porque dicho proyecto implicaba la inundación de más de 30 mil hectáreas de ceja de selva de la destrucción de 100 Km. de la carretera Interoceánica ya construidos y el desplazamiento forzoso de más de 10 mil pobladores. Sólo la tenaz protesta de pueblo puneño logró frenar el empeño del gobierno saliente que una vez más actuó violando fragantemente el Convenio 169. Otro caso en el se repitió la omisión al cumplimiento de dicho convenio fue con motivo de la concesión de Proyecto Minero Santa Ana, también en Puno, en el que una vez más fue el pueblo de Puno el que se puso de pie para lograr que el gobierno diera marcha atrás.
Ciertamente los hechos de violencia que acontecieron es imprescindible evitarlos; pero fue el propio gobierno anterior en el que precipitó tales hechos al violar como ya se ha dicho una vez más el convenio 169.
Finalmente los diversos informes de la Defensoría del Pueblo señalan que actualmente existen en el país más de 200 conflictos sociales siendo la mayoría de los mismos conflictos socioambientales en los cuales no se han respetado los derechos de los pueblos originarios.
Por todas estas razones, el parlamentario manifestó que el proyecto de ley lo propone que antes que estos proyectos de explotación de recursos naturales se implementen, previamente debe haber un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios directamente afectados por dichos proyectos ya que éstos son objeto de otorgamiento de derechos por parte del Estado tales como: concesiones, autorizaciones o licencias.
