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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, presentada por el congresista Omar Chehade Moya (APP), por una serie de presuntos delitos como la propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa y abuso de autoridad.
Otros cargos son los de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos e infracción constitucional, comprendidos en el Código Penal y la Constitución.
El informe técnico de calificación fue aprobado con trece votos a favor, una abstención y dos en contra.
De acuerdo con la acusación y a pesar de las recomendaciones y exhortaciones efectuadas al Ministerio de Salud, el denunciado no habría cumplido con presentar las acciones preventivas y correctivas respecto a las especificaciones técnicas de las mascarillas.
Por el contrario, hasta el 18 de junio de 2020 continuó repartiendo los 4,5 millones de mascarillas adquiridas hasta ese momento a diversas municipalidades del país para su distribución y a las poblaciones vulnerables, a pesar de que habría quedado demostrado que no protegen la salud de las personas.
La congresista Martha Chávez Cossío se manifestó de acuerdo con el informe de calificación de la denuncia constitucional “y eso que solo se refiere a las mascarillas que no contaban con el sustento técnico de protección”.
“No nos estamos refiriéndonos a las mentiras, a las tomaduras de pelo con relación a las pruebas moleculares. Nos llegó a decir este ministro que en EE. UU. se habían acaparado todas las pruebas y por eso no estaban disponibles en el mercado, cuando al día siguiente se supo que Colombia había comprado millones de pruebas moleculares”, afirmó.
Los congresistas José Luis Ancalle (FA) y Jim Mamani Barriga (NC) se manifestaron de acuerdo con el informe de calificación, aunque observaron las acusaciones de abuso de autoridad.
Por su lado, Richard Rubio Gariza (Frepap) consideró incorrecta la fundamentación de la acusación y valoración de los requisitos de procedencia, específicamente en la tipificación de los hechos en los presuntos delitos de función e infracción constitucional y, en consecuencia, anunció su voto en contra.
La congresista Tania Rodas Malca (APP), de profesión médico, dijo que una mala mascarilla ha causado la muerte de casi 800 profesionales de la salud y sus familiares, lo que generó que se conviertan en vehículos de transmisión en los hospitales.
“El exministro tiene una enorme responsabilidad con el país, porque ha causado muchas muertes. Acá no se puede decir que no hay abuso de autoridad, porque fue bajo su dirección que fueron entregadas las mascarillas a los profesionales de la salud y que estos reclamaran, a través de sus dirigentes, por la calidad de ese producto”, anotó.
Asimismo, en la duodécima sesión de la subcomisión fue aprobada una cuestión previa, planteada por el congresista Ancalle Gutiérrez, por 14 votos a favor y uno en contra, para que el informe de calificación de la denuncia constitucional N.° 384 de la ciudadana Sonia Marina Gómez García en contra de los jueces supremos titulares César San Martin Castro y Víctor Prado Saldarriaga, retorne a la secretaría técnica para un mayor estudio jurídico.
El documento recomendaba declarar procedente la acusación habida cuenta de que los hechos descritos por la denunciante no constituyen delito de función ni infracción a la Constitución.
Además, de los jueces supremos provisionales, Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas y Sabina Magdalena Chávez Milla, por prevaricato e infracción constitucional.
La misma suerte corrió la denuncia vonstitucional N.° 396, presentada por el ciudadano Manuel José Robles Lazo, contra el ministro de Cultura, Alejandro Arturo Neyra Sánchez.
A pedido de la congresista María Gallardo Becerra (PP), quien planteó una cuestión previa para que retorne a la subcomisión para un mayor estudio, fue aprobado por trece votos a favor, uno en contra y un una abstención.
El informe técnico recomendaba su improcedencia, porque no se precisaba ilegalidad en la conducta del denunciado requerido en el tipo penal inicialmente señalado, y que la vía de acusación constitucional no es la vía idónea para la tutela de este tipo de derechos
