Acusan por corrupción a 35 funcionarios de Ucayali
Son miembros del gobierno regional.
Graves hechos van desde la venta de tierras a 0,01 centavos el metro, hasta la venta de un barco-hospital como si fuera chatarra.
La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por José Vega Antonio, acusó formalmente a 34 funcionarios del gobierno regional de Ucayali por graves actos de corrupción, como la venta de casi diez mil hectáreas de tierras fértiles al precio de 0,01 centavo de sol el metro cuadrado, y la venta de un barco-hospital que se adquirió a un millón de dólares para atender a las comunidades nativas ribereñas, pero que terminó vendido como si fuera chatarra.
Otro de los hechos que figura en el informe “Investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión del gobierno regional de Ucayali” señala la adquisición sobrevalorada de maquinaria para el proyecto especial vial Federico Basadre, la misma que fue extrañamente archivada por la fiscalía provincial local.
En este documento también aparece la falsa compra de equipos y maquinaria para una planta de secado de café destinada a las comunidades nativas del Gran Pajonal. La supuesta transacción fue pagada en su totalidad hace más de un año, pero la maquinaria nunca ingresó a los almacenes del gobierno regional.
Otra de las graves irregularidades que cometieron los funcionarios del gobierno regional que preside el reelecto Jorge Velásquez Portocarrero se dio en los procesos de licitación de obras, como la construcción de la sede del Centro de Salud de Aguaytía. La buena pro para esta edificación fue entregada al único postor que se presentó en ese entonces. Eso generó sospechas.
Levantar secreto bancario
La investigación que ha realizado la Comisión de Fiscalización del Congreso durante los dos últimos años al gobierno regional de Ucayali abarca las dos gestiones de Velásquez Portocarrero. Uno de los 35 funcionarios cuestionados que aparece continuamente nombrado en el documento de más de diez mil folios es Wilder Seijas Valderrama.
Las acusaciones han sido elevadas al presidente del Congreso, César Zumaeta Flores; al fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales; y al contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, para que procedan a ejecutar acciones en sus niveles correspondientes.
El grupo parlamentario fiscalizador también ha solicitado el levantamiento de los secretos bancarios de estos funcionarios para garantizar su permanencia en el país mientras duren las pesquisas y reciban las sanciones que prevé la ley penal.
148 funcionarios acusados en el país
Un total de 148 funcionarios de ocho gobiernos regionales y seis gobiernos municipales de diferentes regiones fueron acusados por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República de haber cometido actos de corrupción.
Las modalidades abarcan coimas, destino ilegal de recursos provenientes del canon o malversación de fondos, obras fantasmas, licitaciones a dedo, entre otras más.
Uno de estos casos se dio en la municipalidad de La Encañada, adscrita al gobierno regional de Cajamarca, el mismo que recibe anualmente 180 millones de soles por canon minero, pero que increíblemente gastó cinco millones en la construcción de un centro educativo que apenas tiene 20 alumnos.
Los gobiernos regionales investigados son Amazonas, Madre de Dios, Ayacucho, Junín, Arequipa, Moquegua, Cajamarca, y Ucayali. También, las municipalidades de Caravelí, Tambopata, Huánuco, La Libertad, Paramonga y Huancavelica.
La República.
