El Ministerio Público alertó sobre sobre la inconstitucionalidad de autógrafa de ley que despoja a la Fiscalía de sus facultades de investigación y las traslada a la Policía Nacional.
Los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de los Fiscales Provinciales, coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y de los Equipos Especiales del Ministerio Público, en representación de todos sus integrantes a nivel nacional, se reunieron ayer para analizar y evaluar el impacto del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal; en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, y emitieron un pronunciamiento:
1. ALERTAMOS que el proyecto de Iey modifica y limita las funciones constitucionales de los fiscales, afectando el derecho a un debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que acuden al sistema de justicia, al desconocer el rol de conducción de la investigación del delito desde su inicio, que el artículo 159 de la Constitución Política del Perú le reconoce al Ministerio Público.
2. AFIRMAMOS que estas reformas legislativas son manifiestamente inconstitucionales, al pretender trasladara la Policía Nacional del Perú, que depende del Poder Ejecutivo, la conducción de la investigación del delito desde su inicio, incluidas aquellas investigaciones vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios del más alto nivel y poder público, afectando su objetividad, con el consecuente riesgo de impunidad.
3. INVOCAMOS a los poderes del Estado, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú, a pronunciarse sobre las referidas iniciativas legislativas por ser claramente inconstitucionales.
4. SOLICITAMOS a la señora presidenta de la República que, en el ejercicio de sus prerrogativas, proceda con pleno respeto a la Constitución Política del Perú y observe el proyecto de Iey que atenta contra la separación de poderes, el acceso a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos, a quienes el Ministerio Público se debe, en defensa de la democracia, la legalidad y la sociedad en su conjunto.
