Álvaro Vidal se burla de los asegurados e incurre en falsedad genérica

Álvaro Vidal se burla de los asegurados e incurre en falsedad genérica

Tras el escándalo del despojo de un tomógrafo de Abancay para desviarlo de su destino y entregarlo a Piura, el cuestionado Álvaro Vidal, presidente ejecutivo de Essalud, arremetió hoy en Canal N contra la administración aprista esgrimiendo falsedades y un sospechoso afán de proteger al comité de adjudicaciones de licitaciones de Essalud alegando que en Apurímac no hay una infraestructura adecuada para la instalación del aparato.

Para burla, Vidal dice que Abancay tendrá su tomógrafo, pero después dice que esto ocurrirá a fines del año 2012.

Si un bien licitado es desviado del fin para el cual fue destinado, en este caso uno de las regiones más pobres, como es Apurímac, los funcionarios incurren en abuso de autoridad, lo cual trata de descartar Vidal alegando la incapacidad de la infraestructura en Abancay para recibir el tomógrafo.

Entonces  Vidal incurre en el delito de omisión de denuncia pues, sean apristas o no, debería haber denunciado al comité de adjudicaciones de Essalud y a la UNOPS, ésta contratada para ello, por haber procesado una licitación para un bien que no podía utilizarse por falta de local. Debería denunciarlos y despedir a los miembros de ese comité de Essalud y anular el contrato con la UNOPS por perjudicar así a Essalud y a sus asegurados.

Esta desgracia ocurre reiteradamente en las corruptas licitaciones, se compran equipos y después “se dan cuenta”  de que no se pueden instalar, como en el caso de la compra de los  aceleradores lineales, que no podían instalar durante años, esto para que lucren las empresas tercerizadoras. Amañadamente, “expertos” del IPEN se ausentaban de las inspecciones para dar la conformidad de uso al ambiente y así hacían que pasen los años y no decían nunca los requerimientos completos de instalación, de modo que en cada reunión siempre «faltaba algo». Cuando lo instalaron finalmente, ¡ya era obsoleto! Son millones de soles desperdiciados en actos ejecutados expresamente para favorecer a corruptos, pues toda necesidad tiene que partir del análisis no sólo de un equipo requerido, sino de su lugar de ubicación y su cobertura.

Desde el momento en que se realiza el pedido de un equipo, debe considerarse el lugar donde instalará, antes de la licitación, lo cual debe ir en las bases. El comité debe ir al lugar e inspeccionar; y si no lo han hecho sólo puede explicarse porque quieren favorecer a un “compadre” (que será el ganador de la licitación), para tener un equipo que no podrá usarse, lo cual es un acto grave de corrupción.

Esto puede  dar pie a que se compren también equipos malogrados, porque sabiendo que no se utilizarán años con el pretexto de la falta de local, se oxidarán o degradarán, y nadie podrá constatar su mal estado. En el caso del tomógrafo, no se sabe si funcionará; sin embargo ya se pagó por él. ¿Cómo el encargado de logística ha dado la conformidad de recepción del equipo, si no se ha podido probar?

Estas licitaciones dicen a gritos que hay una mezcla de corrupción, engaño e incapacidad en perjuicio de Essalud.

Por ejemplo, podría darse el caso de un corrupto que pida un resonador magnético, que puede ser una necesidad real, pero que después de comprado diga que había pensado instalarlo en una balsa del Titicaca. El comité de adjudicaciones y la UNOPS, ávidos de comprar y comprar, adquieren sin verificar si el lugar es adecuado, con lo cual se convierten en cómplices, sólo para favorecer a un fabricante o a un vendedor, como sucedió con los aceleradores lineales, donde no sólo se estuvo pagando por el servicio tercerizado sino miles de dólares por el almacenamiento de los equipos, que se volvían obsoletos entre cuatro paredes.

Por otro lado, por el tiempo que transcurre sin uso del equipo caduca la garantía, por lo cual Essalud debe incurrir en costosos gastos de mantenimiento tercerizado, en lugar de firmar convenios de mantenimiento más prolongado desde la compra.

Un equipo adquirido y el lugar donde se instala constituyen una unidad de servicio, lo cual son incapaces de ver los burócratas de Essalud y de la UNOPS en las licitaciones. «No ven» amañadamente, porque su afán es comprar sin importarles si será viable su uso. ¿Será por las jugosas “comisiones” o “coimas” que pueden pagar los proveedores?

Falsedad genérica

Vidal también incurre en el delito de falsedad genérica, previsto en el artículo 438 del Código Penal, al mentir diciendo que la UNPOS “provee” a Essalud de equipos, cuando la UNOPS no es ningún proveedor, sino un organismo burocrático que quita 3,5% del valor de las licitaciones para pagar a burócratas, en este caso peruanos, enquistados en ese aparato para perpetrar barbaridades como adjudicar equipos que no pueden instalarse, en complicidad con el comité de adjudicaciones de Essalud, quienes son responsables por las especificaciones técnicas, donde no sólo deberían considerar las características del equipo, sino el lugar adecuado para su instalación, que en este caso, de estar mal ubicado el tomógrafo, podría emitir radiación con el daño consiguiente para quienes se encuentren cerca.

Los proveedores son los fabricantes de los equipos y sus distribuidores, no la UNOPS, como dice Vidal engañando al público para proteger a este organismo.

El delito de falsedad genérica se configura porque Vidal al mentir protege a la UNOPS y al comité de adjudicaciones de Essalud en perjuicio de los asegurados, para que sigan perpetrando esta clase de actos en las adjudicaciones, pues como monos adjudican “sin saber” si el equipo tendrá uso finalmente.

Vidal mintió diciendo que la UNOPS “garantiza” la calidad de los procesos de adjudicación, porque depende de la ONU. ¿Busca que continúen los faenones? ¿Defiende a algunos amigazos en la UNOPS y el comité de adjudicaciones?

Siendo Vidal conocido por haber parasitado al gremio médico del AMSSOP para recibir subvención haciéndose pasar por despedido, cualquier cosa se puede esperar de este sujeto y de los que lo rodean en Essalud mantenidos por los sufridos asegurados en planillas doradas, como Pedro Francke, mercenario de la palabra de una ONG, Foro Salud, que recibe fondos de la USAID y habla a favor de  las asociaciones público-privadas y tercerizaciones, donde se maltrata al asegurado para lucro empresarial. Francke, que dice ocuparse de la salud, calló  (igual que Vidal) cuando la dictadura del delincuente Fujimori realizaba las criminales esterilizaciones forzadas contra mujeres pobres, porque a Francke le pagaban para que diga sólo un libreto deseado por la USAID, acusada de ser órgano encubierto de la CIA.

Este gobierno prometió luchar contra la corrupción y la UNOPS está demostrando poder ser cómplice de fechorías. Si uno ve los países que recurren a la UNOPS, prácticamente son sólo los africanos, incapaces de hacer sus compras por ellos mismos, situación que fue posible desde el corrupto fujimorismo y elevada a su máxima expresión durante el segundo gobierno de García. Es hora de poner fin a los contratos con la UNOPS, OIE y otras de estas organizaciones internacionales que consumen los presupuestos  y sólo socavan la institucionalidad de los organismos públicos y la formación y especialización de cuadros profesionales.

Marisol Espinoza, involucrada en estos asuntos, debería deslindar denunciando a Vidal y pidiendo su destitución.

A propósito del trabajo de la UNOPS, a continuación un artículo que ilustra su funcionamiento:

Investigaciones

Escribe Graciela Villasís

Luego de dos licitaciones escandalosamente frustradas, que incluso provocaron la caída de su antecesora, la ex ministra Pilar Mazzetti, el titular del Interior, Luis Alva Castro, confió la adquisición de patrulleros a un organismo internacional, con el objetivo de zanjar el prolongado impasse y disponer al fin de los necesarios vehículos policiales para la seguridad ciudadana.

Se trata de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS, en inglés), ente dependiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La nueva apuesta, lamentablemente, puede resultar también infructuosa, ya que por diversos indicios el UNOPS no garantiza transparencia ni eficiencia: la burocracia internacional puede ser igualmente muy corrompida.

Alva Castro hizo el anuncio a mediados de octubre, y rápidamente fue cuestionado por la oposición y diversas voces independientes, como la del ex ministro Fernando Rospigliosi. A su vez, el PNUD informó días después que la compra se cristalizaría antes de fin de año.

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Lelio Balarezo, indicó que de esta manera se está admitiendo “incapacidad, ineficiencia y se están autodenominando corruptos”, y cuestionó la supuesta neutralidad de UNOPS.

“¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás? Dos o tres extranjeros y el resto son peruanos, al final son peruanos los que hacen las evaluaciones”, expresó.

En mayo de 2003, cuando el militante de Perú Posible, Freddy Otárola, presidía la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), ésta le encargó a UNOPS la compra de un software especializado para elaborar la cartografía aeroespacial del Perú por un monto de 260 mil dólares.

UNOPS declaró la nulidad de las dos primeras convocatorias hasta que, en la tercera dio como ganadora a la empresa Global Image Inc., la cual no contaba con este tipo de servicio, pero ofrecía desarrollarlo apenas le dieran la buena pro.

En cambio, la segunda postora, la empresa Urbe Arquitectos y Consultores, fue descalificada pese a contar con amplia experiencia en la elaboración de este tipo de software y representaba a una firma italiana de prestigio.

Han pasado cuatro años desde que GBLOBAL INC ganó la licitación y todavía no ha cumplido con entregar el 100% del software operativo.

En junio de 2003, el Ministerio de Justicia encargó a UNOPS la licitación para la construcción del penal de máxima seguridad “Piedras Gordas”, por más de 12 millones de dólares. Las obras concluyeron en octubre de 2005, pero hasta la fecha el INPE no ha dado la conformidad de la recepción definitiva.

El ex director del INPE, Wilfredo Pedraza, reveló que está pendiente que la constructora de Piedras Gordas levante las cuatro observaciones que existen sobre la edificación.
“No se reconoce la acotación de gastos de seguridad que la empresa constructora ha cargado a la obra, está por sanear los planos de construcción del tanque de agua y en tercer lugar algunas terrazas de arena estarían mal construidas”, precisó Pedraza.

Balarezo explicó que el UNOPS no contempla segunda instancia, a diferencia del procedimiento del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), ante el cual sí se puede apelar. Frente al UNOPS, al postor que queda en segundo lugar sólo le queda reclamar al PNUD de New York, lo que tiene un costo muy alto.

“UNOPS se encarga hasta el final de supervisar el proceso. La entidad que responde al Estado es UNOPS, no la empresa contratista y hay obviamente una garantía económica que tiene vigencia de 7 años. Y si la entidad o la empresa constructora no levanta las observaciones, el Ministerio de Justicia contrate a una empresa y ejecute la carta de garantía”, expuso Pedraza.

Según Balarezo, “si hay direccionamiento ya viene direccionado. PNUD poco puede hacer. Los términos de referencia las entidades lo preparan y se lo entregan a UNOPS. Por lo tanto no hay garantía”.

CAPECO, el gremio que agrupa a los empresarios de la construcción del país y que preside Balarezo, desde hace algunos años ha emprendido una cruzada para advertir los riesgos en los que incurren algunas entidades públicas que compran y contratan a través de UNOPS.

“Cuando los actos son públicos, cuando se hacen con un notario, cuando se evalúan ofertas hay una transparencia. La gente participa. En cambio eso no ocurre en UNOPS”, añadió, ya que las propuestas se evalúan en secreto por un grupo de profesionales peruanos liderados por un especialista extranjero.

Por estas razones, en el 2004 el Congreso entendió lo inconveniente que resultaba que UNOPS convocara a licitaciones. En julio de ese año se derogó la ley que permitía que organismos internacionales convocaran a licitaciones con recursos provenientes del Estado.

“Nosotros decíamos que si hay convenios internacionales los respetamos, pero siempre y cuando tengan un financiamiento de más del 60%. Aceptamos que sea la UNOPS o la entidad que licite pero cuando no sea plata del Estado”, observó Balarezo.

Sin embargo, en agosto de 2005, a través de un Decreto Supremo, el ex presidente Alejandro Toledo incorporó un párrafo que permitió que UNOPS y otros organismos internacionales sigan licitando sin reserva alguna.

Wilfredo Pedraza remarcó que no es la mejor opción por un tema de economía, “porque UNOPS cobra un porcentaje por honorarios que es 3,5% ó hasta 6% del total de la venta, porcentaje que se economizaría si la administración de la entidad tiene la capacidad de hacer un proceso de compra, de tal manera que económico no es”.

La experiencia demuestra que UNOPS no es la solución para revertir las crisis en las compras de un ministerio y tampoco es una garantía de eficiencia y honestidad. Fuente: AgenciaTV