Archivos negociados, millones desaparecidos

En agosto, el parlamentario Yony Lescano había preguntado sobre este proceso a la cancillería y ésta contestó dando cuenta de las acciones emprendidas por la Procuradoría Pública del ministerio de RREE.

Es importante notar que se puntualiza que hay falta de un inventario actualizado, es decir, de un gran archivo central debida y modernamente acondicionado para evitar hurtos y negociaciones con documentos importantísimos de la Nación.

En la misma sentencia de fecha 21-8-2007, en el punto 2.11 se subraya: «Que por otro lado señala que hasta la fecha se ha podido comprobar la sustracción de cuarenta y ocho documentos, cinco de los cuales pertenecen al archivo de límites, y los restantes cuarenta y tres son del Archivo Central, cuatro son comunicaciones que son los más importantes porque en ellos se sostiene la soberanía de la Nación; precisando que hasta el año 1998 se encontraban en el archivo porque en ese año y revisión de tratados sobre todo los relacionados con Ecuador y la sustracción ha sido después de esa fecha; señalando que de los procesados sólo Vera Ramírez tenía acceso a esa documentación ya que en el año 1997 había acudido como investigador sobre el tema de la inmigración japonesa presentado por un miembro del Gobierno de turno de aquella época y en el año 1989 y contratado por decisión de ese mismo gobierno desenvolviéndose en el Archivo Histórico de Límites y su condición de archivero le permitía ingresar al Archivo central para complementar sus investigaciones».

¡Hay varias monstruosidades en el asunto de marras! ¿Cómo es posible que Cancillería no tenga recursos para custodiar lo que es uno de sus tesoros y leit motiv fundamentales, como casi único, es decir los mapas y tratados de límites? Rastreando se encuentran hechos de conocimiento público años atrás.

Bajo el epígrafe Títulos de nuestra nacionalidad en peligro, la revista Oiga en su edición del 1-2-1993 y en un largo capítulo Reorganización ocultó malversación por 8 millones de dólares, se afirma: «En 1978, la embajadora Carmela Aguilar, directora de la oficina de Soberanía Territorial y Fronteras, expresó su preocupación por el estado lamentable en que se encontraban los planos originales de la demarcación de las fronteras peruanas con los cinco países vecinos, documentación probatoria de nuestros títulos jurídicos territoriales que constituyen el valioso y único fondo documentario del Archivo de Límites de la Cancillería. En esa fecha estos documentos, que se encontraban en una caja metálica en la oficina de Asesoría Jurídica, habían sido trasladados a un cofre de mapoteca en la bóveda del ministerio de RREE., medida que la embajadora Aguilar no consideró adecuada para la preservación de los mismos.

Tuvieron que pasar siete años para que, en noviembre de 1985, se declarase la conservación de estos documentos como un asunto de «la más alta urgencia». En consecuencia, la Ley de Presupuesto de 1986 contempló la creación, con la elevación de un 50% de las tarifas consulares, de ingresos propios de la Cancillería, destinados según la norma presupuestal al establecimiento de un local para el Archivo de Límites, así como para su equipamiento y mantenimiento.

La Ley de Presupuesto para el año siguiente, 1987, determinó en su artículo 219 que constituían ingresos propios del ministerio de RREE el total de las recaudaciones consulares en el exterior, incluidos el lucro de cambio y los derechos suplementarios, con lo cual estos ingresos propios elevaron su monto inicial, de 50 al 100% de los derechos por ingresos consulares y otros. Estos ingresos estaban destinados prioritariamente para el Archivo de Límites; Archivo General de la Cancillería; reposición, densificación y reparación de hitos fronterizos, mantenimiento y modernización de su sistema de comunicaciones y los proyectos que considere necesarios dicho portafolio.

La Ley de Presupuesto para 1988 fue aún más clara y determinó que el 48% de estos ingresos propios debían destinarse al Archivo de Límites y General; el 13% para reposición, densificación y reparación de hitos fronterizos; 22% para equipos criptográficos claves; para equipos de comunicaciones informatizados se destinó el 4%; y el 13% restante a limusinas y otras medidas de seguridad. Este esquema se repitió sin variación alguna en las leyes de Presupuesto para los años 89, 90 y 91.

Según un informe de la Dirección General de Administración de la Cancillería, de fecha 29 de abril de 1992 y que se remitió a la Secretaría General, el monto de los ingresos propios de la Cancillería ascendió, entre 1986 y 1991, a la suma de 17’108,387.73 dólares, de los cuales, por lo menos, ocho millones fueron legalmente destinados a la adquisición de un local para el Archivo de Límites y su correspondiente equipamiento y mantenimiento. Sin embargo, en todos estos años la Cancillería no adquirió el local para el Archivo de Límites y sólo ha invertido unos cuantos miles de dólares en la adquisición de un equipo de ozonificación para la bóveda que guarda los vitales derechos que prueban nuestro derecho territorial. ¿Qué pasó con el dinero?».

La historia no terminó allí. En la misma crónica periodística de Oiga y bajo el subtítulo: «Sospechoso encubrimiento se afirma:

En 1989, el entonces inspector general, embajador Juan de la Piedra Villalonga, programó una primera actividad de control que comprendió el preoycto de inversión «Archivo de Límites y General» y la actividad «Limusina y otras medidas de seguridad», efectuados con ingresos propios durante los años 87-90. Esta actividad, que comprobó que se había incurrido en malversación de los fondos de ingresos propios correspondientes al proyecto y actividad examinados, dio lugar al informe No. 012-90-AUD, con fecha 27 de noviembre de 1990, el cual, inexplicablemente, no fue tramitado por el sucesor de De la Piedra, embajador Augusto Salamanca Regalado. Cuando el embajador Pareja Lecaros asume la Inspectoría General de la Cancillería y toma conocimiento del informe 012, lo remite al ministro Carlos Torres y Torres Lara y a la Contraloría General de la República, cuya titular en esa época era la doctora Luz Aurea Sáenz. El 22 de agosto del 91, la Contraloría dispuso la reformulación del informe, en vista de que adolecía de imperfecciones, la Dirección de Auditoría Interna de la Inspectoría General, pudo, en base al examen de los comprobantes de pago, determinar la existencia de malversación.

…El 18 de noviembre del 91, el secretario general de Relaciones Exteriores dispuso ue la Inspectoría General realizara un informe sobre el manejo de los fondos autogenerados por la Cancillería a fin de satisfacer un pedido del Senado de la República hecho a petición de los senadores Javier Diez Canseco y Carlos Malpica. Esta actividad dio lugar a un informe preliminar que, con fecha 11 de diciembre de ese mismo año, la Inspectoría General elevó al ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Blacker Miller, dando cuenta que del examen de los comprobantes de pago correspondientes se infería la existencia de indicios razonables en la comisión del delito de malversación de fondos. De acuerdo a estos comprobantes de pago, los recursos habían sido utilizados para pagar agasajos a embajadores extranjeros, cenas con políticos o al pago de regalos de boda, entre otros».

¿Resultaría lícito, válido, reiterar el cuestionamiento sobre los destinos de esos dineros que tenían, según lo que decían leyes presupuestales con propósitos puntuales, el cometido de compra de infraestructura para los archivos de Cancillería, en el corriente año 2007?

¿Qué se hizo en Torre Tagle para castigar lo que entonces ya se presumía como malversación y que tienen en el presente funestas consecuencias de falta de infraestructura para la custodia de los mapas y títulos de soberanía del Perú? ¿O, como suele ser tradicional, se olvidó el asunto y se le echó tierra de camposanto?

Como es de conocimiento público, a posteriori se descubrió que malos elementos habían robado y negociado en el exterior, archivos del Perú, como se enuncia líneas antes y en la misma sentencia de agosto reciente. Algo pasó y -como suele ser costumbre- no se cautelaron los intereses nacionales y ¡mucho menos! se protegieron los archivos limítrofes facilitando la comisión de los actos delincuenciales que han derivado en una sentencia de prisión en el 2007, para el principal fautor de los hechos, Jorge Flavio Vera Ramírez.