Lescano reclama compras con participación de veedores
El congresista Yonhy Lescano se mostró contrario a la decisión del Gobierno de encargar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la compra de patrulleros y pertrechos policiales, pues aseguró que el Estado estaría abdicando de sus funciones, además, se trataría de una aseveración inaceptable de que los funcionarios peruanos no son capaces de comprar eficientemente.
El Gobierno debe saber que la deshonestidad no es un problema inherente a la nacionalidad. Quienes han cometido delitos cuando estaban encargados de adquirir bienes para el estado lo hicieron convencidos de que no les iba a pasar nada, como ocurre actualmente con quienes robaron descaradamente en el Sistema Integral de Salud –SIS, comentó.
Lo que ocurre entonces no es que los peruanos no sepamos comprar, sino que existe una evidente impunidad para quienes deciden actuar al margen de la ley, afirmó. Por ello seguirán apareciendo más y más actos de corrupción porque no se sanciona drástica y efectivamente estos delitos y porque los nuevos funcionarios que ingresan a la administración pública saben que existe cierta impunidad, para este tipo de delitos.
Por ejemplo, dijo, en la década pasada hubo cientos de denuncias de corrupción en las adquisiciones del Estado, ¿cuántos presos hay por estos delitos? Las condenas, si es que hay, son benignas, cuando robarle al Estado debería ser un agravante, enfatizó el legislador.
En ese sentido, dijo que propondrá una modificación en el Código Penal para agravar las penas para quienes, siendo funcionarios, cometan delitos en perjuicio del Estado.
PNUD no es impecable
También recordó que hace algunos años el mismo PNUD fue criticado por haber respaldado la contratación de Jorge Toledo, sobrino del entonces presidente, como experto en determinados temas cuando se sabía que no tenía los calificativos suficientes para el puesto.
Además, en Guatemala este programa ha sido cuestionado por violar sus propias normas al recomendar a Guatecompras, entidad que busca transparentar las compras, licitaciones concursos y adquisiciones que realizan las dependencias públicas, la contratación de empresas que no estaban debidamente calificadas para participar en determinados contratos.
En ese sentido, ratificó su oposición a que las compras sean realizadas por la PNUD, cuando lo que se debe buscar es reforzar los mecanismos de control, con la participación de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y del mismo PNUD como veedores en las adquisiciones que realice el Estado, pero no se debe renunciar a una función que al mismo Estado le compete.
