La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha expresado su firme rechazo a cualquier intento del Poder Ejecutivo de incrementar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) mediante decreto supremo en las últimas semanas de la actual administración gubernamental.
Resulta inaceptable que un gobierno próximo a concluir su mandato adopte decisiones tributarias que impactarán directamente en el costo de vida de millones de peruanos y condicionarán las decisiones económicas del próximo gobierno. Una decisión de esta naturaleza constituye una verdadera bomba de tiempo para la economía nacional, en un contexto en el que el país necesita recuperar la inversión, el empleo formal y la confianza empresarial.
El incremento del ISC no solo elevaría los precios de diversos bienes de consumo, sino que tendría efectos regresivos sobre la población más vulnerable, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y encareciendo el costo de vida en momentos en que los peruanos demandan mayores oportunidades de desarrollo y no más cargas tributarias.
La evidencia demuestra que elevar impuestos en períodos de desaceleración económica genera efectos contrarios a los objetivos de crecimiento, formalización y recaudación. El Perú requiere políticas orientadas a promover la inversión privada, incentivar la actividad productiva y fortalecer la competitividad, no medidas que castiguen el consumo y afecten la recuperación económica.
Asimismo, resulta necesario recordar que la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las tasas del ISC se encuentra actualmente cuestionada desde el punto de vista constitucional y legal. El Proyecto de Ley N.° 536, aprobado por las Comisiones de Economía y de Constitución del Congreso de la República y pendiente de debate en el Pleno, propone precisamente restituir al Congreso la competencia para establecer y modificar este impuesto, en estricto cumplimiento del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú.
Por ello, exhortamos al Congreso de la República a debatir y aprobar con carácter prioritario el citado proyecto de ley, garantizando que decisiones tributarias de alto impacto económico y social sean discutidas de manera transparente y democrática por los representantes de la Nación y no queden sujetas a la sola voluntad de una autoridad transitoria.
La Cámara de Comercio de Lima reafirma su compromiso con la defensa de la estabilidad económica, la seguridad jurídica, la inversión privada y el bienestar de todos los peruanos, especialmente de aquellos sectores que serían los más perjudicados por medidas tributarias improvisadas y adoptadas al final de una gestión gubernamental.
