Mientras crece el número de policías y militares delincuentes que se involucran en acciones criminales, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley para proteger a estos sujetos sustrayéndolos de la justicia ordinaria, es decir en el Poder Judicial, para que reciban trato especial en los fueros policiales y militares cuando delincan en el ejercicio de sus funciones.
A diario vemos como policías protegen a la delincuencia al rechazar denuncias, al no investigar y en el peor de los casos al integrar bandas criminales, todo esto ante la incapacidad de los altos mandos policiales, sin embargo, se les blindará para que solo sea su institución la que los procese, lo cual es un grave precedente. Esta aberración es como si todos los rateros del Estado, ya se en el Congreso o ministerios puedan solo ser procesados por sus superiores y no condenados en el Poder Judicial.
La norma fue aprobada en primera votación con 60 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones en el pleno de este 12 de junio.
El proyecto fue promovido por Karol Paredes de Avanza País y contó con el respaldo del fujimorismo y Reonvación Popular, con la oposición de las bancadas de izquierda.
La propuesta prohíbe procesos paralelos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial estableciendo que un militar o policía no podrá ser investigado simultáneamente por los mismos hechos en ambos fueros. Es decir, si existe un proceso en la jurisdicción militar-policial, no podrá desarrollarse otro procedimiento paralelo en la justicia ordinaria. El proyecto requiere de una segunda votación durante una nueva sesión legislativa.
En el debate, Alejandro Muñante de Renovación Popular alabó la iniciativa alegandola naturaleza de la jurisdicción encargada de juzgar a los policías o militares involucrados en presuntos delitos.
Susel Paredes (Cambio Democrático) señaló que la moción vulnera el principio de igualdad ante la ley entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional y agregó que no existen razones para que quienes cometen delitos comunes sean juzgados fuera de los fueros ordinarios.
“Delincuente es delincuente, tenga uniforme o no. Aquí se está faltando el respeto a los jueces y fiscales. ¿Un militar que forma parte de una organización criminal debe ser juzgado por el fuero militar? Ha cometido un delito común. Esto es darle un paraguas y un estatus especial que no corresponde. Porque delincuente es delincuente, tenga corbata y terno o tenga uniforme. Como abogada y ciudadana, al pan, pan; y al vino, vino. Delincuente es delincuente y debe ir al fuero común”, afirmó.
De aprobarse en segunda votación, se convertiría en una ley más procrimen profundizando la impunidad y es una amenaza para los derechos humanos, pues las víctimas de abusos policiales o militares probablemente nunca encuentren justicia incluso en casos graves como la matanza de cinco jóvenes perpetrada en Colcabamba por parte de militares. Lo peor de todo sería que esta norma se aplique no solo en casos por venir si no en los que ya son objeto de proceso.
El proyecto también establece que la Corte Suprema deberá privilegiar la jurisdicción militar-policial cuando un caso sea conocido en ambas instancias, lo cual atenta contra la independencia del Poder Judicial.
