La ley busca transparencia en el uso de fondos ante activismo político financiado por países extranjeros
El Canciller Javier González-Olaechea rechazó la injerencia de 16 países en los asuntos internos del Perú. Como se sabe, sus embajadas emitieron un pronunciamiento autodenominándose “la comunidad internacional”, cuestionando el dictamen que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar, regular y controlar las organizaciones no gubernamentales (ONG) y así las ONG trabajen con mayor transparencia, en especial si realizan actividades políticas financiadas por países extranjeros.. Si la base de la democracia es la transparencia, ¿por qué oponerse?
El Canciller Javier González-Olaechea
González-Olaechea subrayó el “tono injerencista” del pronunciamiento de las embajadas de 16 países en Perú. “No conociendo yo el anteproyecto, esta opinión que han adelantado algunas embajadas tiene un tono injerencista. Porque, cuando en otro país se produce un cambio legislativo, el Perú no se pronuncia oficialmente donde está acreditado allí. Nosotros somos muy respetuosos”, manifestó en RPP Noticias.
“Desde hace muchos años, muchas o algunas ONG han realizado y realizan activismo político. Por ejemplo, cuando se ha procurado esta figura cesionista para partir el territorio peruano con Bolivia, ese proyecto que llamaban Runasur. Ahí había dinero extranjero y ha habido acompañamiento de ONG o instituciones locales”, señaló.
“Lo que quiero es invocar a que los representantes extranjeros en el Perú sean mesurados y que recuerden que el diálogo diplomático siempre está abierto. Pero tienen que conocer, saber y respetar cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes de un país soberano como es el Perú”, manifestó.
Los 16 países, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y hasta la Unión Europea. Los cuales difundieron un pronunciamiento expresando preocupación sobre las modificaciones a la Ley 27692, Ley que regula la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Las embajadas de estos países, mediante sus cuentas oficiales de X, consideran que estos cambios podrían afectar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el país.
En el comunicado, alegan que las modificaciones planteadas pueden impactar negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en Perú. Sostienen que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”.
Pero esto no es más que burla al Perú, porque los Estados Unidos y otros de estos países tienen mecanismos para fiscalizar y supervisar las acciones y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sin embargo, no quieren que el Perú fiscalice, como si fuésemos su colonia. Esta actitud grotesca merece ser rechazada.
En los Estados Unidos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin, dijo: “Preocupado por los esfuerzos del Congreso de Perú por socavar las instituciones independientes, incluyendo el intento de replicar leyes al estilo ruso y nicaragüense que restringen la sociedad civil. Necesitamos asegurar una rendición de cuentas por tales acciones y priorizar los valores democráticos compartidos”, dijo con todo desparpajo.
Diversas ONG peruanas, haciendo coro a los países que las mantienen con millones de dólares, manifestaron lo mismo que ellos y hasta se burlaron comparando al Perú con Venezuela, Nicaragua o Rusia, que tienen leyes similares, pero ocultan que los Estados Unidos también tienen leyes de control de las ONG extranjeras.
Como se sabe, los Estados Unidos y sus países esclavos que buscan mantener la hegemonía de los Estados Unidos, aplauden que los EE. UU. sí tengan leyes restrictivas sobre las actividades de las ONG extranjeras para proteger su soberanía, pero quieren que otros países no tengan estas leyes para cuando quieran puedan mover su maquinaria desestabilizadora para controlar la política interna de otros países escondidos tras opinólogos que ocultan quién les paga para que hablen o escriban lo que esos países les mandan decir.
A través de las ONG no sólo se da injerencia de los EE. UU. y sus países esclavos, sino también injerencia de países izquierdistas, como el mismo Canciller lo señala, refiriéndose a las acciones bolivianas con el soterrado afán de dividir al Perú utilizando a los aimaras.
Así pues, estas ONG también al cuestionar esta ley actúan recibiendo órdenes extranjeras, porque de ellos reciben dinero. No les interesa la soberanía del Perú.
Recientemente, estos mismos países se inmiscuyeron en la política interna de Georgia, cuyo parlamento promulgó una ley de control de las ONG extranjeras. Allí movieron a sus peones a sueldo para realizar protestas contra esa ley, que finalmente aprobó la ley contra la influencia extranjera a través de las ONG.
