El congresista no agrupado Carlos Anderson confirma lo que los ciudadanos sabemos: en el Congreso de la República se negocian las obras públicas, los congresistas son sirvientes de empresarios corruptores que invirtieron en las campañas para que sean elegidos o bien pueden ser empresas que comienzan a probar suerte en las maquinaciones para captar legisladores cipayos.
Anderson catalogó al Congreso de “bazar” donde “se negocian todo tipo de obras públicas”, según declaró en Exitosa en el programa ‘”Informamos y Opinamos”’ conducido por Karina Novoa, y aseveró que no pondría “ni media uña” por ningún legislador.
“No pongo pero ni media uña por Bermejo, ni por ninguno de ellos. La verdad es que en el Congreso de la República ya nada sorprende, sabemos que es un bazar, sabemos que se negocian todo tipo de obras públicas”, lamentó.
Refiriéndose al parlamentario Guillermo Bermejo, manifestó que deberá responder por las acusaciones contra él y criticó el uso político del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
“El señor Bermejo tendría que responder directamente por las acusaciones que se le hacen. A mí lo que me parece interesante es el uso político que hace el señor Otárola, olvidando que la señora Boluarte fue vicepresidente durante todo el tiempo mientras Castillo era presidente”, indicó.
Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Por otro lado, comentó que no ve diferencia en cambiar de nombre a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). “Va a ser un verdadero cambio el día en que yo vea estén presos excongresistas, exministros, ex vicepresidentes pagando realmente por las responsabilidades que han tenido, ese día vamos a empezar a pensar realmente que Perú puede ser diferente”, dijo.
Afirmó que el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y los ministros aún no demuestran que la ANIN sea cualitativamente superior a su predecesora.
Corruptos y ladrones pelean por las obras amparados en la subsidiariedad del Estado
Este y anteriores congresos, mientras rechazaban una nueva Constitución, han modificado la corrupta Constitución fujimorista de 1993 en parte obedeciendo a lobbies, pero pudiendo hacerlo, se niegan a erradicar de ella la cuestión de la subsidiariedad del Estado, que si no impide, obstaculiza inversión del Estado en rubros importantes, que otros países de primer mundo, como los europeos, sí pueden realizar, condenando así al Perú al subdesarrollo y a ser presa de ladrones como Odebrecht.
Se oponen a dicho cambio lobbistas representados por el aprofujimorismo. Empresarios ladrones aportaron millones no declarados a las campañas de varios partidos políticos en su ascenso a la presidencia o al Congreso.
Esos millones entregados a los “políticos” (en realidad no son políticos, sino delincuentes) son precoimas para que los parlamentarios sean sus sirvientes a la hora en que estas empresas quieran impedir que se cambien leyes o cuando necesiten que se creen nuevas normas que favorezcan sus intereses o a la hora en que los parlamentarios negocien con el Ejecutivo de turno la ejecución de obras.
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