Gremio empresarial considera que, de lo contrario, se puede generar desconfianza en inversionistas
Los últimos hechos de violencia contra el proyecto minero Tía María y la anunciada anulación por parte de la Municipalidad de Lima del contrato de concesión de la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla que posee la empresa LAMSAC, constituyen una amenaza a la inversión privada y un retroceso a la estabilidad jurídica en nuestro país, advierte la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
La presidenta del gremio empresarial, Yolanda Torriani, manifestó que este tipo de actitudes provocan desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, con lo cual se pierde la oportunidad de generar empleo formal y de calidad, generar mayores ingresos tributarios, desarrollar tecnológicamente al Perú e impulsar mayor bienestar a los peruanos.
Recordó que, del total de la inversión que existe en el Perú en la actualidad, el 80% proviene del sector privado.
Sobre el proyecto Tía María manifestó que las exigencias del Gobierno Regional de Arequipa no pueden de ninguna manera estar por encima de las decisiones del gobierno central.
“Es necesario que prime el principio de autoridad, de quien hoy tiene a su cargo la administración de todo el país. Dentro del marco de las leyes vigentes, el proyecto Tía María y cualquier proyecto minero que cuente con los permisos correspondientes debe desarrollarse, sin que ello implique dejar de lado los reclamos de la población que bien pueden ser justos a la luz de malas experiencias anteriores. No obstante, de ningún modo se pueden obligar al Estado a retroceder en los permisos y autorizaciones que otorgó luego de comprobar el cumplimiento estricto de los requisitos”, precisó.
Con relación al anuncio de la Municipalidad de Lima de anular el contrato de concesión de LAMSAC, Torriani sostuvo que si bien hay cuestionamientos al proceso mediante el cual se otorgó esta obra, una de las razones por las que el Perú mantiene sus fortalezas macroeconómicas radica en su estabilidad jurídica, además de la política y social.
“Los países que buscan atraer a inversionistas extranjeros como es nuestro caso, deben contar con reglas claras y predecibles. Debemos honrar nuestros contratos con quienes no incurrieron en corrupción probada porque, de lo contrario, caemos en una inestabilidad jurídica que no es aceptable en un país donde rige la economía social de libre mercado”, expresó.
