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Ante la sospechosamente precipitada e irreflexiva actitud del Congreso de la República de realizar una selección de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), pues ejecutan el proceso en una inconstitucional y espuria cuarta legislatura sujeta a posteriores cuestionamientos, o incluso a nulidad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exhortó al Congreso de la República a realizar la elección de dichos magistrados en un proceso que garantice la meritocracia, la independencia y la ética que ahora no se garantiza.
El siguiente es el comunicado que difundieron:
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEBE RESPETAR RESOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL QUE SUSPENDE ELECCIÓN DEL TC
El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una medida cautelar para que el Congreso de la República suspenda provisionalmente la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), ante la cual manifestamos lo siguiente:
Saludamos la resolución del referido juzgado, promovida por el Dr. Walter Edison Ayala Gonzales, porque entre sus argumentos advierte la falta de imparcialidad, de transparencia y la existencia de un conjunto de irregularidades en el actual proceso de selección de los miembros para la conformación del próximo TC.
Reiteramos que la selección de los magistrados del TC debe realizarse en el marco de un proceso donde la meritocracia, la independencia y la ética de los magistrados sean evaluadas con rigurosidad, contando con toda la información necesaria para ello. Exigencias que el actual proceso de selección no garantiza.
Demandamos al Congreso de la República el cumplimiento de esta resolución como una muestra del respeto a la institucionalidad democrática y a la Constitución Política de nuestro país.
Instamos a los candidatos propuestos para integrar el TC, a tener en cuenta que esta resolución afectaría su posible nombramiento, sería cuestionada seriamente y generaría una inestabilidad política que puede atentar contra una convivencia democrática.
Exhortamos a todas las fuerzas democráticas y a la ciudadanía en general a respetar el Estado de Derecho y a sus instituciones.
