Continúa persecución contra defensores ambientales

Insisten en reabrir el caso por el inexistente delito de terrorismo contra 35 autoridades, dirigentes, comuneros y defensores de derechos humanos y ambientales de Piura y Cajamarca, por decisión del Fiscal Superior Luis Alfredo Dorador Carrión, titular de la Tercera Fiscalía Superior Mixta de Piura.

• Recabar un informe detallado sobre los antecedentes policiales, penales o judiciales por delito de terrorismo de los 35 investigados.
• Solicitar a las fiscalías de Huancabamba, Huarmaca y Ayabaca copias de pericias o constataciones de los daños causados a los vehículos, propiedades públicas y privadas, y otros bienes con motivos de los hechos denunciados.
• Se notifique nuevamente a algunos testigos aportados por los denunciantes.
• Ampliar las declaraciones de los denunciantes, a efectos de obtener información de cómo obtuvieron los documentos que presentaron como supuestas pruebas de la comisión del delito.

Para Rosa Quedena, abogada del departamento jurídico de FEDEPAZ, estas diligencias ordenadas por el Fiscal Superior de Piura, no tendrían razón de ser, pues la investigación inicial realizada por la 5ta Fiscalía fue completa. "Nos sorprende que el Fiscal Superior dé este plazo ampliatorio y que sea ahora la policía la encargada de realizar estas diligencias, pues el expediente final ya las contenía", indica la abogada.

David Velazco, abogado de los acusados y miembro de FEDEPAZ, señaló que la información sobre los antecedentes penales ya obran en el expediente y que las fiscalías de Huancabamba, Ayabaca y Huarmaca ya remitieron la información pertinente, los testigos fueron notificados hasta en cuatro oportunidades y no han asistido por propia decisión personal y los documentos que presentan como pruebas de cargo no acreditan la comisión de delito alguno por parte de los denunciados, por lo que no es relevante para el caso.

Cabe recordar que el pasado 17 de octubre la 5ta Fiscalía Provincial Penal de Piura archivó la denuncia por terrorismo contra las 35 autoridades, dirigentes, comuneros y defensores de derechos humanos y ambientales de Piura y Cajamarca, dos meses después, el 24 de diciembre, se le notifica a la 5ta Fiscalía esta ampliación y ese mismo día es derivada a la DIVCOTE – PIURA para que sea efectiva dentro del plazo correspondiente.

Para Javier Jahncke, coordinador del Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el caso Majaz "reabrir nuevamente el caso demuestra la persecución de la que son objeto los que no están de acuerdo con las imposiciones del gobierno, que en este caso impone la decisión de apoyar a una empresa minera china (Zijin, dueña de la minera Río Blanco Copper, Ex Majaz, cuya presencia es ilegal en Piura según la Defensoría y el Congreso) pese al total rechazo de las poblaciones de Piura y Cajamarca, sin tener en cuenta las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas que ésta traería para Piura".