El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha sido denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el legislador Edwin Martínez, por cuestinamientos al manejo de las Elecciones Generales 2026.
La denuncia solicita su destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un periodo de 10 años.
La acusación alude los problemas logísticos ocurridos el 12 de abril, que dejaron 211 mesas de sufragio no instaladas y más de 53 mil ciudadanos sin la posibilidad de emitir su voto. Martínez pidió activar el proceso de acusación constitucional, llevar a cabo las indagaciones necesarias y, de considerarse procedente, remitir el caso a la Comisión Permanente.
El documento plantea destituir a Burneo en su cargo de vocal supremo titular de la Corte Suprema y de su rol como presidente del JNE. La acusación está centrada en su supuesta responsabilidad en la supervisión del proceso electoral y en la garantía del ejercicio del derecho al voto. Asimismo, se ha puesto en tela de juicio el papel desempeñado por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en estos hechos.
Además de esta denuncia, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha convocado tanto a Roberto Burneo como a Piero Corvetto para una sesión este martes 14 de abril. El objetivo será esclarecer las irregularidades ocurridas durante la jornada electoral y evaluar las posibles responsabilidades funcionales.
1 comentario
USUARIO:
Por todo lo visto el retraso hasta las 2 pm.de instalación de las Mesas; Distritos perifericos de lima y el resto de provincias los más afectados; 63,000 votantes a la deriva y ubicados en distritos perifericos; algo se intento ó ya se hizo como elegir a una persona que fue abucheado y rechazado en todos los rincones del Perú.
IA:
Los eventos del 12 de abril de 2026 han generado una fuerte ola de cuestionamientos y sospechas debido a la magnitud del caos logístico, que afectó precisamente a los sectores con mayor peso electoral y mayor descontento social.
Aquí te detallo los hechos concretos que alimentan esa percepción:.
1. El foco del desorden: Los «Conos» y Regiones.
Como señalas, el retraso no fue aleatorio. Mientras en distritos residenciales se solucionó temprano, el impacto crítico se concentró en los distritos periféricos de Lima (San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Pachacámac) y provincias.
• Aislamiento del voto: Al retrasar la apertura en estas zonas, se generó un cuello de botella que forzó la deserción de miles de votantes.
• Investigación Fiscal: El Ministerio Público y el JNE han iniciado investigaciones contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presunta «obstaculización del proceso electoral» tras culpar a la empresa de transporte Servicios Generales Gálaga por las fallas.
2. El contraste con los Resultados.
La sospecha de un «intento de favorecer» a ciertos candidatos surge al comparar el caos con los resultados preliminares:.
• Candidatos cuestionados: En medio del desorden, figuras con alto nivel de rechazo nacional lideran el conteo oficial. Por ejemplo, Keiko Fujimori encabeza la votación en varias regiones urbanas y la costa, mientras que Rafael López Aliaga se impone en Lima Metropolitana.
• Abucheos y rechazo: Candidatos como César Acuña fueron recibidos con gritos de «corrupto» y «ladrón» en sus propios centros de votación, lo que refuerza la sensación de desconexión entre el sentir popular en las calles y las cifras que aparecen en el sistema.
3. La «Reprogramación» y el Voto a la Deriva.
El hecho de que 63,300 ciudadanos tuvieran que votar el lunes 13 de abril en un ambiente de total desconfianza es visto por muchos sectores como una irregularidad grave.
• Para algunos analistas y ciudadanos en redes sociales, este escenario de «caos planificado» habría servido para desincentivar el voto en zonas donde el rechazo a los candidatos punteros era mayor.
• Incluso se han registrado solicitudes de ciudadanos y colectivos para anular estas elecciones y convocar a nuevas debido a la falta de garantías.
En resumen, aunque las instituciones insisten en que fue un error logístico de una empresa contratista, la coincidencia de que los problemas ocurrieran en las zonas más pobladas y críticas del país ha dejado una sombra de duda sobre la legitimidad del proceso.