El Decreto Legislativo 1013, que aprueba la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, promulgado este 14 de mayo de 2008, ha causado reacciones a favor y en contra. Lo positivo es la materialización de la necesidad de un organismo único encargado de planificar, analizar, promover y vigilar las políticas ambientales, hecho que cobra mayor importancia en circunstancias que el mundo entero acepta el daño causado por el hombre a la Tierra y las temibles consecuencias en los futuros próximo, mediano y lejano.
Una de las más preocupantes deficiencias de la norma es el hecho de que este sea un ministerio y no un organismo independiente, con autonomía equivalente a la que tienen, por ejemplo, la Contraloría General de la República y la Sunat, sobre todo, para la función de fiscalización y sanción, pues con el DL1030 estas atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras no muy claras y, por ser parte del nuevo ministerio, dependen del Consejo de Ministros, es decir del poder Ejecutivo.
La anterior observación se basa sobre la experiencia de autorizaciones, cierres, fiscalización y sanciones en materia ambiental que tiene el poder ejecutivo, no es algo nuevo, como declaró García. Estas atribuciones la comparten el ministerio de Energía y Minas y Osinergmin. Las facultades de estas dos instituciones adolecen de una evidente falta de seriedad, responsabilidad y preocupación por la ley y el medio ambiente, pues realizan un trabajo que permite que tanto las explotaciones mineras formales. como las informales, sigan envenenando el ambiente sin que reciban una sanción ejemplar o cierre, cuando el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y Osinerming, tienen la potestad de hacerlo.
Si la omisión complaciente con las actividades mineras estuviese relacionada con círculos de poder de las más altas esferas allegadas al ejecutivo, ya sea por tráfico de influencias o por coimas —que sería una explicación para la actual permisividad ante las mineras contaminadoras—, entonces continuar con una institución subordinada no será garantía de fiscalización, sanción ni independencia. El confinar la acción fiscalizadora y sancionadora a una oficina dependiente del nuevo ministerio sólo sería continuar con la impunidad.
Otro aspecto pendiente es separar con claridad las atribuciones de este nuevo ministerio de las de otros ministerios y organismos existenes, por ejemplo, en materia de aguas, el ministerio de Agricultura. Ayer el ministro Ismael Benavides señaló que el agua está a cargo de su sector desde hace 40 años y que funciona bien. Si funciona bien, entonces:
- ¿Qué pasa en el Mantaro, que está contaminado con relaves? Hasta Alan García ha maldecido la semana pasada a las minas contaminadoras del río.
- ¿Qué sucede con el Rímac y otros ríos, que antes albergaban camarones que alimentaban a las poblaciones ribereñas y ahora han venido a ser insalubres y arrastran metales?
- ¿Qué sucede con la norma que se aprobó para desviar un río de las alturas puneñas hacia Tacna, lo cual dejaría en la miseria a campesinos aimaras que viven de la agricultura y una pequeña ganadería?
- ¿Qué acaece con los agricultores chilenos que han llegado a Ica a disputar el agua del subsuelo a los lugareños y la explotan sin freno, poniendo en riesgo el futuro agrícola de la zona, como han denunciado los pobladores?
- ¿Por qué no se ha previsto obras para la acumulación de agua estacional, en lugar de que se vaya al mar?
Como vemos, no sólo está descuidado el aspecto de los contaminantes, tampoco existe equidad y previsión en la distribución del agua, parece que Agricultura “no quiere ver” ciertas cosas.
Lo lógico sería que Agricultura administre la distribución y racionalización de los recursos hídricos de regadío y que Ambiente se encargue de prevenir y sancionar a los contaminadores y evaluar y corregir los impactos ambientales del manejo de aguas que disponga Agricultura, cuando éste, por favorecer a algunas zonas o actividades económicas, afecte a otras o ponga en riesgo la sostenibilidad.
Un aspecto del DL 1030, que llama la atención, es la desigualdad en la conformación del directorio del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), creado por Ley 26793 durante el gobierno de Fujimori, régimen que se caracterizó por una corrupción generalizada. El DL 1030 debería haber sido una oportunidad para replantear la composición de su Consejo Directivo, pues establece que esté conformado por representantes de diversos sectores del gobierno, como los ministerios del Ambiente, Agricultura y Economía, de organismos gubernamentales de desarrollo, además de un representante de la comunidad universitaria (que podría ser tanto de una universidad nacional como de una privada). Pero por el sector privado se reconoce a la CONFIEP como único representante.
¿Por qué no se ha considerado a un representante de las comunidades campesinas de la costa y sierra, otro de las comunidades indígenas de la selva, y otro de Conveagro? Los campesinos e indígenas representan a un sector mayoritario de los peruanos a quienes afecta más la cuestion ambiental; además, la mayor parte de ellos ocupa sus territorios desde épocas precolombinas, gracias a ellos se ha conservado la riqueza agrícola que ahora nos alimenta y que ha enriquecido la nutrición en el mundo, por ejemplo, con la papa y el maíz. ¿Por qué han sido ignorados? Que una dictadura los haya dejado de lado puede ser entendible, pero la democracia demanda su participación, no sólo por ser ciudadanos peruanos, sino por ser los primeros perjudicados con los excesos o con la corrupción en el manejo ambiental.
Por último, esperemos que Brack Egg recapacite y realice una gestión equilibrada, puesto que públicamente promovió la venta de terrenos en la selva, en lugar de la concesión, figura que permite el aprovechamiento económico y el mantenimiento de las áras verdes si es bien vigilada esta actividad.
El pensamiento terriblemente metalizado de Brack Egg no genera confianza: ayer, cuando el gobierno fue a presentar sus condolencias por el terremoto a la embajada China, al ser preguntado sobre el día de duelo nacional en el Perú, como homenaje a las víctimas de China, Brack respondió que es necesario quedar bien con la China, porque es un importante socio comercial. ¿Estamos ante la “comercialización de los sentimientos humanitarios”? ¿Todas nuestras acciones, hasta las más nobles, como la solidaridad, tienen que estar supeditadas a intereses económicos?
Sólo cuando veamos al ministerio dirigido por Brack Egg clausurar minas contaminadoras, expulsar mineros informales y llevar a cabo acciones realmente efectivas, podremos pensar que la creación del ministerio del Ambiente no es una farsa y un cuento de corruptos, como todo parece indicar que lo es.
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