DL 1060 favorece a Monsanto y transgénicos

Entre la catarata de decretos legislativos —originados en las facultades otorgadas con Ley 29157— promulgados este mes por el poder ejecutivo para adecuar las normas nacionales al TLC con Estados Unidos, se encuentra el DL 1060, publicado ayer, el cual sin duda evitará una verdadera fiscalización de los transgénicos.

Para el gobierno, modernización y competitividad incluyen el empleo de la biotecnología, disciplina relacionada directamente con los transgénicos. Si fuese cierto que el empleo y consumo de transgénicos es tan bueno, ¿por qué hay rechazo generalizado en Europa, donde tienen avanzados laboratorios que alertan sobre la peligrosidad de estos productos?

La norma incluye como parte de este sistema a los ministerios de Agricultura, Educación, Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), gobiernos regionales, locales y universidades públicas y privadas que desarrollen investigación, capacitación y transferencia de tecnología, organizaciones de productores agrarios, empresas privadas del rubro agropecuario, agroindustrial, de producción de semillas, desarrollo de genética animal y biotecnología, empresas de procesamiento y comercialización de insumos agropecuarios, organizaciones de productores agrarios, personas jurídicas relacionadas con la capacitación e investigación agraria e Indecopi.

Los marginados

La biotecnología no puede circunscribirse exclusivamente al agro y la ganadería, eso sólo cabe en una mente comercial inhumana y vendida a los intereses de las transnacionales de transgénicos, porque en realidad el empleo de estos elementos genéticamente alterados en la agricultura, la ganadería y farmacéutica implican que EL SER HUMANO será el consumidor de los productos finales, directa o indirectamente. Directamente, el público consumirá frutas, verduras, cereales, carnes, et., pero indirectamente adquirirá productos procesados, como pan, galletas, golosinas, fármacos, leche, comidas preparadas, bebidas, etc., es decir, todo aquello que la persona necesita ingerir para
alimentarse.

Sospechosamente, se ha excluido de la creación de este sistema al ministerio del Ambiente, de Salud y a organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, como Aspec.