El Congreso de la República aprobó la eliminación del régimen especial de contratación administrativa (CAS) de servicios, de contratos sujetos el Decreto Legislativo N.° 1057, por lo cual dichos trabajadores serán incorporados a los regímenes 728 y 276.
La votación, realizada hoy, contó con 113 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, tras la presentación del texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo, a cargo del legislador Daniel Oseda Yucra (Frepap).
Una nueva consulta a los legisladores, a pedido del titular de la comisión, para exonerar la iniciativa de una segunda votación, registró 113 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, con lo cual quedó lista para la elaboración de la autógrafa respectiva y derivarla al Poder Ejecutivo, para su eventual promulgación.
Se trata de la propuesta que plantea el establecimiento de disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.
El titular de la comisión aclaró que el nuevo texto no cambia el fondo del tema, sino precisiones, como el que la nueva ley se aplicará para quienes realizan labores permanentes al momento de la entrada en vigencia de la ley.
Tener contrato por dos años continuos o tres discontinuos, computados a partir de la fecha de publicación de la ley.
Asimismo haber ingresado a la institución pública mediante concurso público o haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios (CAS).
También se señala que la incorporación del régimen CAS al DL 728 y al DL 276, se realizará en forma progresiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley, respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas.
Para ese efecto, se tomará en cuenta el grupo ocupacional y nivel del DL 276, así como la clasificación laboral funcional de la Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, según corresponda el régimen laboral ordinario de la entidad pública, de acuerdo a la labor desarrollada.
Este proceso se concreta en un periodo no mayor de cinco (5) años. El orden de prelación para la incorporación que se señala en la presente ley está en función de la antigüedad de contrato, edad, cuota de discapacitados e igualdad de género.
Durante el debate, los parlamentarios, sin distingos de bancada, y con la expresión de “CAS nunca más”, coincidieron en saludar la iniciativa legislativa que implicará la desaparición de los contratos CAS en el sector público y hacer justicia a trabajadores del sector estatal.
La congresista Matilde Fernández Florez (SP) se refirió a los bajos sueldos que perciben los trabajadores CAS ni el reconocimiento a sus derechos laborales y pidió reconocer el sacrificado trabajo de los servidores de salud contratados bajo ese régimen.
El congresista Enrique Fernández Chacón (FA) consideró que con la aprobación de la ley se empieza a hacer justicia a más de 200 mil servidores en el Perú.
Alberto de Belaunde de Cárdenas (PM) dijo que es posible aprovechar que los trabajadores se incorporen al régimen de SERVIR para que tengan oportunidad de ascender, recategorizarse, tener estabilidad laboral, crecimiento personal y profesional, por un lado, y por el otro el fortalecimiento en el sector público.
De similar parecer fueron los congresistas Luis Roel Alva (AP) y Jorge Pérez Flores (SP).
César Combina Salvatierra (APP) manifestó saber qué es ser trabajador CAS, porque él mismo lo ha sido y compartido momentos de angustia, inseguridad e injusticia.
El legislador Diethell Columbus Murata (FP) pidió precisar que los trabajadores CAS de los gobiernos subnacionales o municipales sean considerados.
Entre otros, el congresista Rolando Campos Villalobos (AP) dijo que nada es perfecto, y que en el tiempo se podrá corregir, pero que por ahora es necesario, lo más rápido posible, aprobar la norma que mandará, en forma progresiva, su implementación.
Antes, un pedido de reconsideración de la votación, realizada en la víspera, del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 4475, y otros, que proponen la eliminación de la inmunidad parlamentaria, presentado por la congresista Martha Chávez Cossío (NA), no trascendió. Fue rechazado por 87 votos, respaldado por 21 votos y hubo siete abstenciones.
