La Comisión Permanente del Congreso, bajo la conducción del tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López Ureña, aprobó el informe final recaído en la Denuncia Constitucional 509, donde se propone su archivo. La denuncia fue formulada por el ex fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por las muertes ocurridas durante las protestas sociales, entre diciembre del 2022 y enero 2023, en diversos puntos del país.
El documento fue aprobado con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.
Según la denuncia, la jefa de Estado habría incurrido en la comisión por omisión [omisión impropia], con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves (contenidos en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal, respectivamente), en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.
La denuncia incluía a Pedro Miguel Angulo Arana, ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda, ex titular de las carteras del Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros; los ex ministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, así como al ex titular de la cartera de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta.
El informe fue aprobado el pasado 18 de julio en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que presidió la congresista María Acuña Peralta.
Durante la sustentación del informe, a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), señaló que se ha determinado que no existen elementos probatorios que a la fecha permitan demostrar fehacientemente y con claridad objetiva la infracción del deber de protección que habían tenido los denunciados en cuanto a las muertes registradas durante las protestas sociales.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. Se ha determinado que en mérito a las pruebas aportadas y presentadas no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves (contemplados en) los artículos 181 y 122 del Código Penal, respectivamente”, enfatizó la legisladora.
La congresista Ruth Luque cuestionó el informe y mostró su preocupación por considerar que este fue elaborado de una manera ligera, “solo para impedir que haya una investigación del Ministerio Público”, señaló tras indicar que en estas protestas murieron 50 peruanos y más de mil heridos.
“Esa es una responsabilidad política que corresponde a la señora Dina Boluarte”, acotó.
Seguidamente, planteó una cuestión previa para que el informe retorne a la Subcomisión de Acusaciones para una mejor valoración del contenido. Votaron a favor 10 congresistas e igual número en contra, por lo que el congresista Ilich López, quien conducía la sesión, dirimió y votó en contra.
Los congresistas Flavio Cruz y Wilson Quispe Mamani, también criticaron el informe y exigieron que se investigue el caso.
“Estamos creando una memoria histórica nefasta”, subrayó el congresista Cruz.
Posteriormente, el congresista Edgard Reymundo, pidió la reconsideración de la votación, la cual fue desestimada.
