En su afán torcer el brazo de la justicia, puesto que muchos de ellos y sus copartidarios deberían ser procesados, el Congreso ahora busca destruir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reemplazarla con una escuela nacional de la magistratura, que por supuesto sería a la medida del hampa congresal.
Dicha escuela estaría también encargada de las funciones de la Academia de la Magistratura, que también está en la mira y sería desactivada.
La iniciativa legislativa data del mes de enero y fue promovida por la parlamentaria Gladys Echaíz, de Renovación Popular, lo que evidencia que a los partidos podridos les cayó muy mal que la JNJ haya investigado y ahora destituido a Patricia Benavides, del cargo de fiscal de la Nación y sería la cabecilla de una organización criminal con vínculos en el Congreso, cuyo propósito sería manipular a la Fiscalía y favorecer a personajes y mafias investigadas.
Mucho hablan el fujimorismo y sus aliados de no tocar la Constitución, pero cuando se trata de sus intereses, la cambian a su antojo, como pretenden hacer esta vez, buscando modificar 13 artículos de la Constitución e insertar dos nuevos.
La mano sucia y maloliente del Congreso en el dictamen además intenta modificar los procedimientos de designación, la edad y permanencia de los jueces y fiscales y otros, no para bien, sino para proteger a la corrupción.
Citado por La República, el magistrado Aldo Vásquez, apartado de la JNJ, advirtió que con las modificaciones legales ya no habrá un control disciplinario externo de los magistrados.
Impresentables como la fujimorista Martha Moyano, siendo esta materia de tanta importancia para la justicia en el Perú, desdeñó la posibilidad de mayor debate, que era necesario y presionó para realizar la votación, que contó con 12 votos, cinco de ellos con reservas.
