El D.L. 1097 y la descomposición moral del país

Por Juan Sheput

El fin de semana ha sido pródigo en la presencia mediática de congresistas y políticos, pero no manifestando su indignación por el paquete de decretos que tiene en el D.L 1097 una llave de salida para asesinos y corruptos, sino mostrando sus mejores sonrisas durante su visita al Cirque du Soleil. Sobre el paquete de decretos legislativos dado por el gobierno de Alan García, que permitirían la liberación del Grupo Colina y de Fujimori, entre otros condenados por delitos contra los derechos humanos, los congresistas no han dicho ni una palabra.

En las próximas horas los asesinos del Grupo Colina podrían salir en libertad. Esta simple posibilidad habría generado la repulsión en cualquier otra sociedad y un emplazamiento de los grupos políticos que entienden a la Política como un conjunto de acciones orientadas al bienestar de los ciudadanos. Pero nada de esto pasa en nuestro país. Más allá de unos cuantos comentarios y de una conferencia de prensa del Partido Nacionalista, los congresistas se dedican a cualquier otro menester pero no plantean ninguna de las acciones que la Constitución y el Reglamento del Congreso les permite. ¿El resultado? Las risas de hiena de aquellos que hoy ven el futuro lejos de las rejas y celdas que merecen, por haber asesinado a mujeres, niños y otros inocentes.

La Primera Sala Penal tendrá que enfrentar en los próximos días el pedido de libertad del Grupo Colina. Estos sujetos gozan del apoyo político de la mayoría de bancadas en el Congreso, pues de lo contrario no se entiende como no se reunen para derogar los Decretos Leyes que ha dado el Ejecutivo, situación que puede y debería hacerse si es que el Pleno, en un arranque de decencia así lo decidiera. Pero no es así. Los congresistas están abocados a frivolidades, a fiestas, a posar en revistas sociales, a ir al circo, pero no a demandar al Gobierno por estos Decretos Leyes que son una herramienta que favorece a la impunidad.

La juventud universitaria, los colegios profesionales, los organismos de derechos humanos, la CONFIEP y demás gremios, si desean un país viable deben pronunciarse en contra de estos decretos. El gobierno actúa con total impunidad. Vivimos en un ambiente de completo deterioro ético y moral, en donde el Ministro de Justicia, ex miembro de TC y decano de Derecho de una universidad, se presta a firmar estos decretos leyes que permitirían que Martin Rivas y Alberto Fujimori puedan volver a gozar de libertad a pesar de los crímenes cometidos. El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que tiene a un viejo profesor de derecho como su Decano, tampoco se pronuncia con la firmeza que exige el rechazo a estos decretos. La Iglesia tampoco dice su palabra, cuando la situación así lo amerita. Son tristes los momentos que atraviesa nuestro país.

La impunidad prospera en una sociedad que no defiende su Estado de Derecho, que permite sentencias a la medida aceitadas con dinero corrupto y la dación de decretos leyes que favorecen a sujetos que no dudaron en utilizar las armas que le diera el país para asesinar a niños indefensos.