El Poder Judicial (PJ) declaró fundado en parte el pedido del Ministerio Público para declarar ilegal al partido político vinculada a Antauro Humala, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).
La Fiscalía argumentó que dicha organización estaría promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución por cualquier razón (comunidad LGTIBQ+ e inmigrantes) y que dicha organización política tiene actividades que son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales.
La solicitud fiscal incluye la cancelación de la inscripción de la agrupación política en el Registro de Organizaciones Políticas y de cualquier otro registro, el cierre de los locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción, además de la inhabilitación de los ciudadanos que integran la cadena de mando en la agrupación que resulten responsables por la conducta antidemocrática cometida.
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, había solicitado la actuación de la Fiscalía —que comenzó las diligencias en febrero de este año] señalando que el partido A.N.T.A.U.R.O. estaría realizando de manera sistemática y a nivel nacional “diversas declaraciones que calificarían como conducta antidemocrática” y que a través de “su líder e ideólogo” Antauro Humala, estaría “promocionando la muerte y violencia física contra funcionarios públicos, el cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una Asamblea Constituyente”.
El PJ informó en su cuenta de X, que su resolución fue adoptada en mayoría por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia y que, una vez que quede firme la decisión se cancelará dicha organización política, se cerrarán sus locales partidarios y se imposibilitará su reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y otro registro.
Asimismo, declararon improcedente el requerimiento para que se declare la inhabilitación (sanción jurisdiccional de carácter político) a los ciudadanos que integran la cadena de mando responsables, por conducta antidemocrática por la organización demandada.
