El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en favor de una demanda de habeas corpus interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y determinó que la Policía Nacional del Perú (PNP) empleó la fuerza de manera “desmedida e injustificada” al intervenir en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el año 2023.
Como se recuerda en el país se realizaron protestas de diciembre 2022 a febrero de 2023 en rechazo la presidencia de Dina Boluarte, exigiendo el cierre del Congreso y nuevas elecciones. No fue ajena a ello la UNMSM, donde los alumnos participaron de dichas jornadas.
El TC indica que tal acción vulneró el procedimiento regular de detención y afectó derechos fundamentales.
Enuncia diversas irregularidades, entre ellas el ingreso al campus universitario utilizando bombas lacrimógenas y una tanqueta, detenciones masivas realizadas sin la presencia del Ministerio Público ni autoridades universitarias, restricciones impuestas a la Defensoría del Pueblo y abogados defensores, además de la falta de un trato diferenciado hacia personas vulnerables, entre las que se encontraban mujeres embarazadas, una menor de edad y ciudadanos indígenas y campesinos.
La violente incursión de la PNP en la universidad fue perpetrada el 21 de enero de 2023 y comenzó con la destrucción de la puerta número 3 con una tanqueta. Despueñes detuvieron a 194 personas que se encontraban en el lugar, sin contar con la presencia de representantes del Ministerio Público.
Con dichos argumentos, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, beneficiando a las 194 personas que padecieron la detención irregular durante las manifestaciones señaladas.
