El congresista Juan Burgos, del partido Podemos Perú, solicitó al presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana explicacar ante la Comisión de Fiscalización los “fundamentos y legalidad” del insólito comunicado oficial del Consejo de Ministros en respaldo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidente Dina Boluarte.
Como se sabe, el día 27 de agosto la Presidencia del Consejo de Ministros difundió un pronunciamiento bufo en defensa de Nicanor Boluarte cuestionando los allanamientos ejecutados por la Fiscalía.* No sólo eso, sino que varios ministros se dirigieron micro en mano a la prensa para actuar de defensores del hermano de la mandataria.
Los ministros alegaron que existe una intención de desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política. La declaración fue presentada por el premier Eduardo Arana, quien contó con el acompañamiento de 15 ministros de Estado.
Elvis Vergara de Acción Popula solicitó programar la citación del jefe del gabinete ministerial para una sesión cuya fecha está pendiente de definición, para responder por los referidos actos del gabinete.
El pedio de Burgos solicita “se disponga la convocatoria del Presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana Ysa, a fin de que informe a la representación parlamentaria sobre los fundamentos, alcances y legalidad del comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día 27 de agosto de 2025, referido al allanamiento realizado por el Ministerio Público al domicilio de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la actual Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por sus presuntos vínculos ilícitos con la presunta organización criminal que lideraría el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez”.
Burgos subrayó que el hermano de la mandataria está siendo investigado por la Fiscalía en relación con los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, relacionados con su supuesto enlace con la red denominada “los Waykis en la Sombra”.
El parlamentario invocó la Ley 29158, norma que regula el Poder Ejecutivo, la cual establece con claridad las atribuciones del gabinete ministerial, sin incluir entre estas la protección política de personas bajo investigación por parte del Ministerio Público.
Por ello, indica que corresponde que “el señor presidente del Consejo de Ministros explique a la representación nacional las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular, considerando el principio de separación de poderes y la neutralidad institucional que debe regir al Poder Ejecutivo”.
El 27 de agosto, la Fiscalía realizó un nuevo allanamiento en la vivienda del hermano de la presidente, en razón de una investigación adicional por supuestos actos de corrupción que lo comprometen. La operación comprendió otros inmuebles y se relaciona con uno de los cuatro episodios presuntamente ilícitos que habrían sido ejecutados por una supuesta organización criminal bajo el liderazgo del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Para la Fiscalía, Santiváñez representaría la figura “hombre clave” y, durante su gestión en el ministerioo del Interior, habría coordinado con un grupo de individuos, incluyendo diversos abogados, para respaldar presuntas acciones irregulares.
* El siguiente es el comunicado del 27 de agosto:
Presidencia del Consejo de Ministros
Pronunciamiento
27 de agosto de 2025
El día de hoy hemos tomado conocimiento de una decisión ejecutada por el Ministerio Público, agraviante del orden constitucional y que afecta la gobernabilidad y la democracia en nuestro país; por lo que los integrantes del Consejo de Ministros emitimos el siguiente pronunciamiento:
El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú y nuestro Código Penal, como en numerosos países, en tanto su vulneración afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas.
El allanamiento, como acto procesal que faculta el ingreso forzoso y legítimo a un inmueble, constituye una excepción a dicho derecho fundamental.
A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora presidenta de la república —y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos—, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución.
Es preciso señalar que, en la aplicación excesiva de estas medidas excepcionales, que restringen derechos y libertades de los ciudadanos, se muestran errores jurídicos inadmisibles, como la utilización de figuras inexistentes en nuestro ordenamiento, tal es el caso del denominado “tercero vinculado”.
Asimismo, luego de emitida la Resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se ejecutan este tipo de acciones, que solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias.
El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno, en contra de la constitución, la democracia, del Estado de Derecho y de la institucionalidad situación que, como peruanos, no debemos permitir.
Estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático.
