El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, afirmó que las economías criminales ya no representan únicamente un fenómeno delictivo, sino que hoy se posicionan como un sistema de “gobernanza criminal” que opera e influye en diferentes mercados.
Sostuvo que actualmente las redes criminales vienen operando bajo lógicas empresariales, con capacidad de infiltrarse en cadenas logísticas, manipulan instrumentos financieros, compran voluntades y desafían abiertamente al Estado de derecho.
“Ante este complejo panorama se requiere una respuesta integral que articule al Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional”, enfatizó Roberto De La Tore durante la presentación del libro “Los nuevos desafíos de las economías criminales: estudios de casos latinoamericanos”, evento organizado por la CCL en alianza con la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
Esta publicación, escrita por Víctor Guerra, abogado internacional y especialista de asuntos legales y cumplimiento; analiza la creciente amenaza que representa la estructura del crimen organizado en América Latina y constituye una herramienta valiosa para funcionarios, operadores de justicia, académicos, investigadores, y ciudadanos comprometidos en enfrentar la criminalidad.
CIFRAS RELEVANTES
Así también, Roberto De La Tore citó cifras del Banco Mundial (BM) en el que menciona que, si bien América Latina representa solo el 9 % de la población mundial, concentra más de un tercio de los homicidios globales. De igual manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el crimen organizado genera un costo económico equivalente al 3,44 % del PBI regional.
En la misma línea, el estudio de Latinobarómetro muestra que el 45 % de los ciudadanos de la región opina que se está perdiendo la lucha contra el crimen organizado, mientras el 32% considera que es imposible ganarle a este flagelo.
Con dichos resultados, sostuvo que los países y la región se enfrentan a un escenario desafiante, pues el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la ciberdelincuencia no solo amenazan las economías nacionales, sino que también debilitan la democracia, el Estado de derecho y la seguridad de millones de ciudadanos.
Por tanto, ante este escenario, los países están obligados actuar con mayor eficacia y decisión, especialmente en la prevención de la captación de jóvenes por redes delictivas. “No podemos permitir que las economías criminales se conviertan en una alternativa de ingresos —o peor aún- como un nuevo oficio como ya ocurre en algunos países de la región”, remarcó.
En ese contexto, la CCL demandó acciones firmes y permanentes por parte del Estado, siendo entre ellas el fortalecimiento real de las instituciones de justicia, inversión en inteligencia estratégica y tecnología aplicada a la seguridad, así como un respaldo decidido a los jueces, fiscales y policías que enfrentan con valentía a las mafias.
PANEL DE DISCUSIÓN
La jornada también contó con un panel de discusión conformado por coautores de la publicación en su calidad de expertos, como el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia; Juan Carlos Sainz-Borgo, vicerrector de la Universidad para la Paz (UPEACE); y Lucía Nuñovero, abogada experta en política criminal, siendo moderador Víctor Guerra.
En este espacio se abordó el impacto de las economías criminales en la gobernabilidad, el Estado de derecho y la seguridad ciudadana en la región, así como el planteamiento de estrategias integrales a nivel regional y global, para enfrentar esta problemática que trasciende fronteras.
Se dio a conocer que la informalidad —superior al 70 % en Perú y al 60 % en la región— es el principal insumo para el avance de las economías criminales, cuya mayor incidencia se registra en zonas de fronteras y ciudades tripartitas.
Además, de acuerdo con indicadores recientes, 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina. Además, 37 de este grupo están ubicados en puertos marítimos y zonas de frontera debido a la disputa existente entre mafias organizadas dedicadas al narcotráfico, contrabando y minera ilegal, con el fin de controlar las cadenas de comercio exterior.
La clausura del evento estuvo a cargo de Robert Helbig, representante de la KAS en el Perú, quien resaltó la necesidad de comprender a fondo la operatividad de las organizaciones criminales en la región.
Ello considerando que estas redes emplean tácticas cada vez más sofisticadas, incluyendo el uso de tecnologías de punta para infiltrarse en el sistema financiero y expandir su influencia.
“Debemos entender que las economías criminales no solo representan una amenaza para el Estado y el sector privado, sino que también socavan la estructura social, especialmente la familia, generando un círculo vicioso que termina empujando a muchos a formar parte de estas redes ilícitas”, anotó.
