Investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el ahora ministro de Justicia Juan José Santiváñez habría encabezado una organización criminal mientras ejerció el cargo de ministro del Interior, por lo cual, en la operación “Ícaro”, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó diez propiedades.
Uno de los inmuebles allanados pertenece a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. Además se intervino cinco oficinas en Lima y Ayacucho.
El Eficcop identifica cuatro posibles delitos vinculados a esta red: manipulación de los términos de referencia en la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobro ilegal a cambio de garantizar la permanencia de al menos un general de la Policía, favorecimiento a la empresa Minas El Dorado y simulación de arraigo laboral para Nicanor Boluarte. Asimismo, se señala a Santiváñez como responsable principal del encubrimiento dentro de la trama.
Para la Fiscalía, Santiváñez promovió la inclusión del coronel retirado y abogado Percy Alberto Tenorio Gamonal como proveedor en cinco contratos de defensa legal para altos mandos policiales investigados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud durante las protestas sociales de 2022.
Santiváñez ejerció como abogado de Tenorio Gamonal en los casos relacionados con las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las manifestaciones de noviembre del 2020.
En diciembre de 2024, se habría realizado una reunión en las oficinas del estudio Tenorio Abogados & Asociados, ubicado en San Isidro, donde a través de una llamada telefónica, Santiváñez habría solicitado a Percy Tenorio que el oficial Gregorio Martín Villalón efectuara un pago de US$ 20,000 para mantener su puesto de general, según declaraciones del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, Dina Boluarte habría encargado a Santiváñez procurar arraigos laborales para su hermano Nicanor. Con ese fin se habría realizado una reunión entre Percy Tenorio y el empresario Franco Parodi en el Centro Empresarial San Isidro con el objetivo de recuperar Minas El Dorado. Posteriormente, se señaló que Nicanor Boluarte visitó en siete ocasiones el estudio jurídico de Tenorio. Uno de estos encuentros habría tenido lugar el 23 de enero del presente año, después de que se le revocara la prisión preventiva. Según la Fiscalía, dicho encuentro habría servido para coordinar actividades relacionadas con sus supuestos arraigos laborales y presentarlo como consultor en Minas El Dorado.
Al ministro además se le acusa de ordenar el traslado de fotocopiadoras, cajas y documentos al estudio Tenorio Abogados & Asociados para ocultar posibles pruebas que lo relacionen con actividades delictivas como líder de la organización y protector de Nicanor Boluarte.
Los allanamientos incluyen descerraje y registro personal, vehicular e incautación de bienes en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, donde Dina Boluarte protegío a Santiváñez tras ser censurado, hasta antes de premiarlo con el cargo de ministro de Justicia, pero esta solicitud fue denegada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
